Etiqueta: Defensoría del Pueblo

  • Defensoría reporta jornada electoral regular pese a 152 incidencias

    Defensoría reporta jornada electoral regular pese a 152 incidencias

    El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, informó que la jornada de la segunda vuelta electoral en Bolivia se desarrolló con normalidad este 19 de abril de 2026 desde La Paz, pese al registro de 152 incidencias administrativas a nivel nacional.

    Balance general de la jornada

    Desde el Centro de Monitoreo de Derechos Humanos, la autoridad destacó que el proceso electoral se llevó a cabo con regularidad, señalando que los incidentes reportados no afectaron el desarrollo del acto democrático.

    El informe se basó en la observación de 128 recintos electorales en 16 municipios de los departamentos donde se realiza la segunda vuelta subnacional.

    Incidencias fueron subsanadas en su mayoría

    De los 152 casos registrados, 81 (53%) fueron solucionados de manera inmediata. Entre los hechos más frecuentes se encuentran solicitudes de certificados de impedimento, instalación tardía de mesas, voto preferente y voto asistido.

    Además, se identificaron demoras en la apertura de mesas debido a la ausencia de jurados, situaciones que fueron resueltas mediante intervención oportuna.

    Observaciones sobre accesibilidad y equidad

    El reporte también evidenció limitaciones en infraestructura electoral, ya que el 23% de los recintos no contaba con condiciones adecuadas para personas con dificultades de movilidad.

    Asimismo, se observó una brecha en la distribución de roles, con un 64% de presidencias de mesa ocupadas por hombres, pese a que la mayoría de jurados son mujeres.

    Hechos puntuales y controlados

    Entre los casos específicos, se reportó el cobro irregular de dos bolivianos a votantes en un recinto de Santa Cruz, presuntamente para cubrir la ausencia de jurados titulares.

    En cuanto a conflictos, se registró un incidente en el municipio de Exaltación, en el departamento del Beni, donde inicialmente se impidió la instalación de mesas; sin embargo, la situación fue controlada y la votación se restableció.

  • Defensoría reporta 158 incidentes en jornada electoral

    Defensoría reporta 158 incidentes en jornada electoral

    La Defensoría del Pueblo informó este 22 de marzo que se registraron 158 denuncias e incidentes en recintos electorales del país, según el defensor Pedro Callisaya, quien aseguró que la votación se desarrolló con normalidad en Bolivia.

    Casos concentrados en tres departamentos

    De acuerdo con el reporte, la mayor cantidad de denuncias se registró en La Paz con 44 casos, seguido de Oruro con 30 y Santa Cruz de la Sierra con 24 incidentes reportados durante la media jornada electoral.

    Principales denuncias registradas

    Entre los hechos más frecuentes se encuentran la apertura tardía de mesas (46 casos), denuncias por voto preferente (40) y falta de información (13), entre otros inconvenientes reportados por los votantes.

    Monitoreo en todo el país

    La Defensoría desplegó personal en 34 municipios de los nueve departamentos, supervisando cerca de 275 recintos electorales con el apoyo de aproximadamente 700 funcionarios y voluntarios.

    Conflictos puntuales en recintos

    Se reportaron algunos hechos de tensión, como una protesta en la cárcel de San Pedro en La Paz por la demora en la apertura de mesas, una agresión a un adulto mayor en la zona de Miraflores y enfrentamientos en Santa Cruz de la Sierra entre periodistas y personal de seguridad de un candidato.

    Observaciones al proceso electoral

    La institución también identificó limitaciones estructurales, señalando que el 24% de los recintos no eran accesibles para personas con movilidad reducida y que en el 26% no se habilitaron espacios adecuados para el voto asistido, aunque reiteró que la jornada se desarrolló en general con normalidad.

  • Defensor del Pueblo llama al diálogo, activa monitoreo nacional y exige protestas pacíficas

    Defensor del Pueblo llama al diálogo, activa monitoreo nacional y exige protestas pacíficas

    El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, exhortó a los sectores movilizados y a las autoridades del Estado a priorizar el diálogo como mecanismo central para enfrentar el actual escenario de conflictividad social que atraviesa el país, tras la promulgación del Decreto Supremo 5503. La autoridad advirtió que la falta de consensos podría derivar en una escalada de tensiones con consecuencias sociales y económicas mayores.

    Callisaya señaló que, si bien el derecho a la protesta está garantizado por la Constitución Política del Estado y los tratados internacionales, su ejercicio debe desarrollarse dentro de los márgenes de la legalidad, la no violencia y el respeto irrestricto a los derechos de terceros. En ese marco, recalcó que cualquier forma de manifestación que derive en hechos de violencia, daños a bienes públicos o privados, o vulneración de derechos fundamentales, deslegitima la demanda social.

    El Defensor valoró la apertura de algunos espacios de diálogo entre el Gobierno y organizaciones sociales en los últimos días; sin embargo, alertó que persiste un clima de tensión alimentado por el rechazo al decreto, principalmente por su impacto en el costo de vida, el incremento de los pasajes urbanos y el encarecimiento de productos de la canasta familiar. Según indicó, estos factores golpean con mayor fuerza a los sectores en situación de vulnerabilidad económica.

    Ante este contexto, la Defensoría del Pueblo activó un operativo de monitoreo permanente de las protestas a nivel nacional, desplegando a su personal en sus 21 oficinas regionales. Equipos defensoriales acompañan movilizaciones como la marcha de la Federación Nacional de Cooperativistas Mineros de Bolivia, que se desplaza por la ciudad de La Paz, con el objetivo de prevenir excesos, documentar posibles vulneraciones de derechos humanos y promover una convivencia pacífica.

    Callisaya también instó al Órgano Ejecutivo, así como a los gobiernos departamentales y municipales, a reforzar los canales de diálogo institucional y social para brindar certidumbre a la población. En esa línea, anunció que la Defensoría impulsará la creación de un fondo solidario destinado a mitigar el impacto económico del alza de precios y el aumento de las tarifas de transporte en las familias más afectadas.

    Finalmente, el Defensor advirtió que los próximos días serán determinantes para evitar una profundización de la conflictividad social y reiteró que el diálogo, la escucha activa y la búsqueda de soluciones consensuadas siguen siendo la única vía democrática para atender las demandas ciudadanas.

  • Defensoría alerta a la CIDH sobre riesgo de impunidad en el caso Senkata

    Defensoría alerta a la CIDH sobre riesgo de impunidad en el caso Senkata

    La Defensoría del Pueblo presentó un informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), este 27 de agosto, manifestando su preocupación por las recientes decisiones judiciales en el caso Senkata.

    Informe a la CIDH

    La institución defensorial advirtió que la anulación del juicio ordinario contra la expresidenta Jeanine Áñez, quien ahora será procesada mediante un juicio de responsabilidades, podría abrir espacios de impunidad en uno de los casos más sensibles relacionados con la crisis de 2019.

    Riesgo para las víctimas

    Según la Defensoría, las resoluciones judiciales pueden afectar directamente los derechos de las víctimas de Senkata, al retrasar el acceso a la justicia pronta y efectiva. En su comunicado, la entidad reiteró que la prioridad debe ser garantizar un proceso transparente y sin dilaciones.

    Recomendaciones internacionales

    La Defensoría recordó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) recomendó llevar adelante una investigación seria, imparcial y exhaustiva sobre los hechos de 2019, en respeto al debido proceso y a los derechos de las víctimas.

    Protección a testigos

    Finalmente, la institución informó que ha solicitado a diversas entidades estatales un reporte sobre las medidas de protección vigentes para las víctimas y testigos, con el fin de evitar su revictimización y garantizar su seguridad durante el desarrollo del proceso.

  • Defensoría del Pueblo exige protección para periodista agredida en set de televisión en Oruro

    Defensoría del Pueblo exige protección para periodista agredida en set de televisión en Oruro

    La Defensoría del Pueblo pidió medidas urgentes de protección para la periodista Marcela Cruz y su familia, tras sufrir una agresión física mientras presentaba noticias, el pasado miércoles.

    Pedido de protección inmediata

    La institución defensorial instó a las autoridades policiales y judiciales a disponer resguardo preventivo para la comunicadora y su entorno familiar, a fin de evitar posibles amenazas o represalias. También demandó una investigación rigurosa y sanciones contra el agresor.

    La agresión en pleno programa

    Un video de seguridad muestra el momento en que un hombre ingresó al set, golpeó a la periodista y la hizo caer de su silla. El sujeto fue reducido por un funcionario del canal, aunque antes habría proferido amenazas de muerte contra Cruz Tola.

    Testimonio de la víctima

    La periodista declaró que no conocía al agresor y que, durante el ataque, este la amenazó de muerte si no accedía a salir con él. El hecho generó preocupación en el gremio periodístico y entre organizaciones defensoras de derechos humanos.

    Exhorto a los medios de comunicación

    La Defensoría condenó las agresiones físicas y verbales y pidió a los medios de comunicación implementar protocolos de seguridad, especialmente para el personal femenino, más expuesto a situaciones de acoso y violencia.

    Avances en la investigación

    El presunto agresor, identificado como Omar V. F., fue aprehendido por la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) y es investigado por el delito de acoso sexual.

  • Justicia suspende contratos de litio hasta contar con estudios ambientales

    Una jueza agroambiental ordenó frenar el tratamiento legislativo de los contratos de explotación de litio, tras una acción de la Defensoría del Pueblo que busca proteger a las comunidades del Salar de Uyuni y el medioambiente.

    Orden judicial

    La Asamblea Legislativa deberá suspender el análisis de los contratos con las empresas CBC de China y Uranium de Rusia, mientras no se cumplan requisitos ambientales y de consulta. La decisión fue asumida por una jueza agroambiental de La Paz, a raíz de un proceso legal iniciado por la Defensoría del Pueblo.

    Condiciones para retomar el debate

    La resolución establece que antes de tratar los contratos se debe contar con un estudio de impacto ambiental estratégico, en especial sobre los recursos hídricos. También se instruyó un estudio específico sobre las aguas fósiles de la región.

    Consulta a comunidades

    Otro de los puntos clave es la realización de una consulta previa, libre e informada con los habitantes del sector que podría ser afectado por los proyectos de explotación de litio en el Salar de Uyuni.

    Posición de la Defensoría

    El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, remarcó que no se oponen al desarrollo económico, pero advirtió que las iniciativas estatales deben respetar los derechos humanos y ambientales.

    Argumento del Gobierno

    Desde el Ejecutivo se sostuvo previamente que aún no es posible realizar una evaluación ambiental porque no se tiene definido el lugar exacto donde se implementarán los proyectos de explotación.

  • Defensoría del Pueblo pide frenar debate legislativo sobre contrato de litio con empresa rusa

    Defensoría del Pueblo pide frenar debate legislativo sobre contrato de litio con empresa rusa

    La institución exige estudios técnicos, consulta previa a comunidades y mayor transparencia antes de aprobar el acuerdo con Uranium One Group.

    Solicitud de medidas cautelares

    La Defensoría del Pueblo presentó ante el Juzgado Agroambiental de La Paz una solicitud de medidas cautelares para suspender temporalmente el tratamiento legislativo del contrato de explotación de litio firmado entre el Estado boliviano y la empresa rusa Uranium One Group.

    Exigen estudios y consulta previa

    La entidad plantea detener los proyectos de ley relacionados hasta contar con estudios hidrogeológicos sobre la disponibilidad de agua en las zonas de explotación, cumplir con la consulta previa a comunidades afectadas y establecer normas que obliguen a evaluaciones ambientales estratégicas antes de aprobar acuerdos de este tipo.

    Llamado a la transparencia

    “La industrialización del litio debe adoptarse con la máxima transparencia, observando la normativa nacional e internacional y considerando seriamente los impactos sobre recursos hídricos y ecosistemas”, afirmó la institución, instando a la Asamblea Legislativa a actuar con responsabilidad y priorizar el interés nacional.

    El contrato contempla una inversión cercana a los 970 millones de dólares para una planta con capacidad de producir 14.000 toneladas anuales de carbonato de litio. Su reciente aprobación en comisión legislativa ha generado críticas por la falta de documentación técnica y financiera, así como protestas de sectores cívicos y sociales de Potosí.

  • Defensoría del Pueblo alerta sobre 12 hechos de intolerancia y discursos polarizantes en contexto electoral

    Defensoría del Pueblo alerta sobre 12 hechos de intolerancia y discursos polarizantes en contexto electoral

    El monitoreo señala discursos de odio, racismo, discriminación y violencia entre el 23 de mayo y el 31 de julio. También se identificaron agresiones simbólicas y ataques en redes sociales.

    La Defensoría del Pueblo, a través de su Observatorio Defensorial sobre Racismo y Discriminación, identificó al menos 12 hechos preocupantes de intolerancia, incitación a la violencia y discursos polarizantes en el actual contexto electoral boliviano.

    El informe fue emitido en el segundo boletín titulado “El Radar: Miradas que Transforman”, donde se detallan episodios registrados entre el 23 de mayo y el 31 de julio de 2025. Entre los más graves, se encuentran la quema de banderas en actos políticos, agresiones a candidatos, violencia contra casas de campaña y declaraciones discriminatorias.

    Discursos que alimentan la polarización

    Uno de los casos mencionados es el uso del término despectivo “K’ara” para referirse al presidente Luis Arce, expresado por un candidato presidencial. Otro hecho grave fue una amenaza emitida por una autoridad del Beni, quien dijo que si ganaba cierto partido, ningún “colla de mierda” se adueñaría de las instituciones locales.

    También se registraron llamados a boicotear el proceso electoral durante un acto político en el Trópico de Cochabamba, lo cual el Observatorio señala como incitación directa a la violencia.

    Violencia simbólica y ataques a mujeres candidatas

    El informe también alerta sobre comentarios racistas y sexistas en redes sociales hacia mujeres candidatas. Se menciona el caso de una historiadora que dijo en radio: “El partido de Eva Copa se llama Morena, pero ella se blanquea”.

    Fuera del contexto electoral, también se reportaron agresiones simbólicas a la wiphala, como en Llallagua y San Ignacio de Velasco, donde se negó portar este símbolo en un desfile cívico, lo que refleja la persistencia de actos discriminatorios.

    Llamado al respeto y a la paz electoral

    La Defensoría del Pueblo advierte que estos hechos alimentan la polarización en el país y afectan el desarrollo de un proceso democrático en paz. En ese marco, llamó a los actores políticos y a la ciudadanía a participar del proceso electoral con respeto, sin violencia y garantizando los derechos humanos.

  • Defensoría del Pueblo confirma ocho muertos durante bloqueos

    Defensoría del Pueblo confirma ocho muertos durante bloqueos

    Un informe preliminar presentado este lunes establece que ocho personas fallecieron durante los conflictos registrados entre el 2 y el 16 de junio en los bloqueos impulsados por afines a Evo Morales.

    Muertes en Llallagua y Cochabamba

    La Defensoría del Pueblo informó que el conflicto dejó un saldo de ocho fallecidos: dos civiles ajenos a las protestas, dos manifestantes y cuatro efectivos policiales que participaban en operativos de desbloqueo. Los hechos más violentos se concentraron en Llallagua (Potosí) y el trópico de Cochabamba.

    Cifras superan reporte oficial

    Hasta ahora, el Gobierno había confirmado solo seis muertes, por lo que el informe defensorial actualiza y amplía la información oficial. Además, se contabilizaron 173 personas heridas, incluyendo manifestantes, civiles no involucrados y efectivos policiales.

    Más de 200 aprehendidos y procesos penales

    La Defensoría detalló que 201 personas fueron aprehendidas durante el conflicto. De ellas, 36 están con detención preventiva y 32 enfrentan procesos judiciales por delitos como uso de explosivos, asesinato y tentativa de homicidio.

    Afectaciones colaterales y derechos vulnerados

    El reporte también documenta agresiones a periodistas, obstrucción a ambulancias, ataques al personal médico, y situaciones críticas de transportistas sin acceso a alimentos ni atención médica. A esto se suma el impacto económico en sectores productivos y la interrupción del derecho a la educación en municipios como Betanzos y Llallagua.

    Balance general de los bloqueos

    Los bloqueos, promovidos por sectores afines a Evo Morales, afectaron varias rutas principales del país. Durante más de dos semanas, Cochabamba y Potosí fueron los focos de mayor tensión y violencia, con repercusiones en la economía, la salud, la seguridad y los derechos fundamentales de la población.