La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) puso en vigencia desde el 23 de diciembre un nuevo registro digital obligatorio para consumidores directos de diésel, mediante una declaración jurada en línea, con el objetivo de ordenar la distribución del carburante y asignar estaciones de servicio cercanas a la actividad productiva, a nivel nacional.

Declaración jurada digital obligatoria

La nueva modalidad fue establecida mediante la Resolución Administrativa 0025/2025 y contempla el llenado de una declaración jurada en línea. Los usuarios deberán registrar su carnet de identidad, detallar la actividad productiva que desarrollan, el volumen mensual requerido, la estacionalidad del consumo y la ubicación donde realizan sus labores.

Asignación de estaciones de servicio

Una vez registrada y validada la información, la ANH asignará hasta tres estaciones de servicio cercanas al lugar donde se desarrolla la actividad productiva. Esta medida busca optimizar el abastecimiento de diésel y evitar desvíos en la comercialización del carburante.

Advertencia por información falsa

La directora general de Regulación de Comercialización y Redes de Gas Natural, Norka Corrales, advirtió que la declaración jurada tiene carácter fidedigno. En caso de detectarse datos falsos, los usuarios podrían enfrentar sanciones administrativas e incluso acciones penales, conforme a la normativa vigente.

Plazo para validar el registro

La ANH informó que, tras completar el registro digital, el usuario deberá presentar una copia impresa y firmada de la declaración jurada en la oficina más cercana de la entidad, en un plazo máximo de cinco días hábiles. El incumplimiento de este requisito derivará en la eliminación del registro del sistema.

Canales de información habilitados

El trámite se realiza a través del sitio web oficial de la ANH. Para consultas adicionales, la institución habilitó las líneas gratuitas 800 10 6006 y 720 72300, con el fin de orientar a los usuarios sobre el nuevo procedimiento.

Cinco empresas públicas creadas durante 20 años de gobierno del Movimiento al Socialismo generaron un daño económico de 1.294 millones de dólares al Estado boliviano, según un informe del nuevo Gobierno, que evaluó su desempeño, endeudamiento y nivel de producción, a un mes y medio de asumir la administración del país.

Empresas creadas para industrializar, pero con pérdidas

Empresa Azucarera San Buenaventura (EASBA), Quipus, Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH) y Yacana fueron concebidas como pilares del proceso de industrialización y generación de excedentes. Sin embargo, el diagnóstico oficial señala que todas operan con baja rentabilidad, alto endeudamiento y un impacto productivo mínimo, razón por la cual fueron calificadas como “empresas zombis”, al encontrarse en quiebra técnica.

EASBA: deuda elevada y baja inversión productiva

Creada en 2010, la azucarera San Buenaventura mantiene su operación, pero con una estructura financiera frágil. En 2025, más del 35% de su presupuesto se destina al pago de deudas, frente a una inversión en activos reales que no alcanza ni el 1%. Además, la empresa apenas devolvió el 9% de los más de Bs 1.800 millones que recibió en créditos del Banco Central de Bolivia para la construcción del ingenio, según datos oficiales.

Quipus y YLB: dependencia estatal y fallas técnicas

Quipus, fundada en 2013 bajo el discurso de soberanía tecnológica, concentra más del 80% de sus ventas en entidades públicas, con una escasa presencia en el mercado abierto y una baja ejecución presupuestaria. En tanto, Yacimientos de Litio Bolivianos acumula un déficit de Bs 196 millones y un daño económico estimado en Bs 425 millones, atribuido a deficiencias estructurales y al uso de tecnología considerada obsoleta, pese a inversiones que superaron los 960 millones de dólares.

EBIH y Yacana: industrialización inconclusa

La Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos registra pérdidas acumuladas y no logró consolidar proyectos petroquímicos sostenibles. De forma similar, Yacana, creada para industrializar la fibra de camélidos y generar valor agregado, presenta ventas mínimas frente a elevados gastos operativos, acumulando pérdidas por Bs 203 millones, según informes oficiales.

Un modelo cuestionado y auditorías en camino

El Gobierno identificó que el financiamiento masivo a estas empresas provino, principalmente, del Banco Central de Bolivia, del cual solo se devolvió el 18% en casi dos décadas. La Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública anunció auditorías técnicas y financieras a las 67 empresas estatales creadas en ese periodo, con el objetivo de establecer responsabilidades y definir alternativas, ante un modelo de industrialización que no logró los resultados prometidos.

El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, informó este sábado que el Decreto Supremo 5503 implementará ajustes salariales y reducción de cargos en el Estado, además de congelar incrementos para 2026, como parte de las medidas de austeridad frente al complejo escenario económico del país.

Ajustes salariales en el Estado

Espinoza explicó que el artículo 108 del decreto establece nuevas escalas salariales según los límites financieros definidos por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. La medida incluye reducción de salarios y cargos en distintas entidades públicas, buscando ordenar la administración estatal sin proteger privilegios.

Medidas de austeridad

El ministro detalló que, además de los ajustes salariales, se implementará la suspensión de nuevas contrataciones, racionalización de personal y reducción de gastos estatales al mínimo necesario para el funcionamiento institucional, reforzando la política de austeridad del Gobierno.

Congelamiento de aumentos para 2026

El decreto también establece el congelamiento de incrementos salariales en todo el sector público para la gestión 2026. Sin embargo, se respetarán los ascensos y el crecimiento vegetativo en sectores estratégicos como salud, educación, Policía y el Ministerio de Defensa.

Compromiso del Estado y funcionarios

Espinoza aseguró que los funcionarios públicos también están haciendo el esfuerzo, y que “el ajuste empieza por el Estado”. Afirmó que estas medidas buscan salvar la economía, cuidar los recursos públicos y consolidar un Estado responsable y austero al servicio de la población.

Contexto económico y medidas complementarias

El Decreto Supremo 5503 contempla, además, un incremento del 20% en el Salario Mínimo Nacional y el fin de la subvención a los carburantes, política que representaba un gasto de aproximadamente 10 millones de dólares diarios para el Estado. A pesar de protestas y movilizaciones recientes, el Gobierno ratificó la norma como una acción necesaria para estabilizar la economía.