El Gobierno respondió al pliego de demandas de la Central Obrera Boliviana (COB) y rechazó la posibilidad de otorgar una amnistía general a las personas detenidas durante las movilizaciones que ya superan los 48 días de conflicto en el país.
Revisarán medidas cautelares
El Ejecutivo informó que solicitará al Ministerio Público la revisión individual de las medidas cautelares de los detenidos, garantizando el debido proceso, la presunción de inocencia y el respeto a los derechos fundamentales.
Sin embargo, aclaró que esta medida no implica una liberación automática ni un perdón generalizado, ya que cualquier amnistía debe seguir los procedimientos establecidos por la Constitución y contar con la aprobación de la Asamblea Legislativa.
Compromisos asumidos con la COB
Además de responder al tema judicial, el Gobierno ratificó que no impulsará la privatización de empresas públicas estratégicas ni la entrega de recursos naturales a intereses privados.
También aseguró que no respaldará normas que criminalicen las manifestaciones pacíficas y se comprometió a transparentar las negociaciones, créditos y acuerdos de financiamiento externo con organismos internacionales.
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