El Gobierno dispone congelar el precio y el peso del pan de batalla

El Ministerio de Desarrollo Productivo confirmó que el pan de batalla mantendrá su precio de 50 centavos y un peso mínimo de 60 gramos, pese al anuncio de incremento realizado por la Confederación de Panificadores.

Ratificación del Ministerio de Desarrollo Productivo

El viceministro de Comercio y Logística Interna, Gustavo Serrano, informó que el Gobierno no permitirá ninguna variación en el precio ni en el peso del pan de batalla. La autoridad sostuvo que este alimento continuará costando 50 centavos y pesando desde 60 gramos, tal como está establecido.
Serrano afirmó que el apoyo del Gobierno, mediante la subvención, se mantiene firme para los panificadores y la población.

Cuestionamientos a dirigentes del sector

La autoridad señaló que no se permitirá la continuidad de “mafias y clanes” que habrían operado aprovechando la subvención estatal. Añadió que los panificadores convocados a dialogar esta jornada en el Ministerio de Desarrollo Productivo serán “los verdaderos panificadores”, con quienes se evaluará la continuidad del apoyo gubernamental.

Pan a 80 centavos en algunos puntos del país

Pese a la instrucción gubernamental, distintos reportes dan cuenta de que el pan de batalla ya se comercializa a 80 centavos en varios puntos del occidente del país. Dirigentes del sector justificaron el incremento asegurando que ya no reciben harina subvencionada, mientras que panaderos independientes anunciaron que mantendrán el costo establecido.

Posición de las alcaldías de El Alto y La Paz

La Alcaldía de El Alto pidió a los panificadores no dejarse influenciar por dirigentes que promueven el incremento del precio. También anunció el refuerzo de controles para verificar el cumplimiento del precio y el peso del pan.
Por su parte, el alcalde de La Paz, Iván Arias, sostuvo que el precio “no se puede mover” y exhortó al Gobierno a negociar con los panificadores que sí producen el pan de batalla. Asimismo, pidió evitar la fuga del país de dirigentes investigados por presuntos hechos de corrupción.

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