La explotación ilegal de oro se extiende en el norte de Potosí, Tupiza y Villazón, donde la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) identificó actividades sin autorización que generan daños ambientales y pérdidas económicas para las instituciones públicas.
AJAM detecta explotación sin autorización
El director departamental de la AJAM en Potosí, Óscar Antonio Santos Orellana, informó que se realizan controles y operativos para frenar la extracción de oro en áreas donde no se cuenta con el contrato administrativo minero correspondiente.
Según la autoridad, el incremento de las cotizaciones internacionales de los metales favorece la expansión de estas actividades irregulares.
Advierten sobre daños ambientales
La extracción ilegal afecta las cuencas hídricas y puede dejar terrenos degradados y desérticos. Además, existe preocupación por el posible uso de mercurio en algunos trabajos de explotación, sustancia que representa un riesgo para el medioambiente y la salud.
La AJAM mantiene el monitoreo de las zonas identificadas para detectar y frenar las operaciones que no cuentan con autorización.
Municipios y Gobernación pierden ingresos
La minería ilegal también perjudica la recaudación pública debido a la evasión de tributos y regalías establecidos en la normativa minera.
Municipios como Pocoata, Tupiza y Villazón dejan de percibir la regalía minera correspondiente al 2,5% del valor bruto de venta. La Gobernación también pierde recursos que podrían destinarse a obras y proyectos en beneficio de la población.
El Estado deja de recaudar impuestos
A nivel nacional, la explotación ilegal reduce la recaudación del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), cuya alícuota general es del 25% sobre las utilidades netas. También puede afectar el cobro de la alícuota adicional del 12,5% cuando corresponde, además del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a las Transacciones (IT).
Dato: La regalía minera señalada para los municipios afectados corresponde al 2,5% del valor bruto de venta.