Postulantes inhabilitados para las elecciones subnacionales cuestionaron las resoluciones del Tribunal Supremo Electoral y anunciaron la presentación de recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, con el objetivo de revertir las decisiones y restituir sus candidaturas, mientras la autoridad electoral sostiene que los fallos son definitivos en la vía electoral.
Observaciones a las inhabilitaciones
El secretario de Cámara del TSE, Fernando Arteaga, explicó que las inhabilitaciones fueron determinadas tras la evaluación de distintos recursos presentados ante el órgano electoral. Entre los afectados figuran Yerko Núñez y Moisés Shiriqui en Beni; Mario Cossio y Víctor Hugo Zamora en Tarija; además de Edgar Bazán en Oruro.
Arteaga remarcó que las resoluciones emitidas ya no admiten nuevos recursos dentro del ámbito electoral.
Anuncian acciones constitucionales
Tras conocer la decisión, varios candidatos anunciaron que acudirán a instancias judiciales. Mario Cossio señaló que insistirá en revertir la medida mediante acciones legales, afirmando que el TSE deberá responder ante las instancias correspondientes.
De igual forma, la agrupación Unidos para Renovar (UNIR), que respalda a Zamora, expresó su rechazo a la inhabilitación y aseguró que continuará con actividades políticas mientras se resuelve el proceso.
Apoyo político y cuestionamientos
En Beni, el candidato Hugo Vargas, del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), calificó como injusta la decisión que afecta a Núñez y Shiriqui, y anunció la presentación de un recurso constitucional con la expectativa de revertir el fallo.
Los postulantes sostienen que existieron irregularidades en el proceso de evaluación realizado por el órgano electoral.
Protestas en Oruro
En la ciudad de Oruro, militantes del Movimiento Ciudadano San Felipe de Austria realizaron protestas tras la inhabilitación de Edgar Bazán como candidato a la Alcaldía. Sus seguidores anunciaron la presentación de un amparo constitucional con el objetivo de que el caso sea revisado por el TCP.
El proceso ahora se traslada al ámbito constitucional, donde se definirá si las decisiones electorales pueden ser reconsideradas.
