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    COED refuerza prevención e investiga presuntas quemas ilegales en Santa Cruz

    El Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) de Santa Cruz activó un plan preventivo para enfrentar la temporada de incendios forestales e inició investigaciones contra presuntos responsables de quemas ilegales en varios municipios del departamento. Las acciones fueron anunciadas este 21 de julio por autoridades de la Gobernación.

    COED prioriza la prevención de incendios

    El secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación de Santa Cruz, Jorge Santistevan, informó que el COED adoptó una nueva estrategia que prioriza la prevención y la mitigación antes de la declaratoria de emergencia. Según explicó, el comité coordina de manera anticipada con distintas instituciones para responder oportunamente ante los focos de incendio y reducir el riesgo de propagación.

    Investigan a presuntos responsables en varios municipios

    Las investigaciones alcanzan a personas identificadas como sospechosas de iniciar quemas ilegales en diferentes regiones del departamento. De acuerdo con el reporte oficial, existen tres investigados en Guarayos, cerca de diez en Puerto Suárez y otros tres en Samaipata, además de procesos abiertos en Pailón y Cotoca, donde el fuego se habría originado en predios privados antes de extenderse a otras zonas. En relación con el incendio del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Otuquis, Santistevan indicó que gran parte del fuego ingresó desde Brasil, aunque también se registraron focos provocados en territorio boliviano.

    Advierten sanciones y fortalecen trabajos de contención

    La autoridad informó que, con apoyo de municipios, efectivos militares y la Empresa Siderúrgica del Mutún, se construyó una franja de contención de aproximadamente 13 kilómetros de longitud para evitar el avance de las llamas. Asimismo, recordó que la legislación boliviana contempla penas de entre dos y cuatro años de prisión para quienes provoquen incendios, sanciones que pueden incrementarse de tres a ocho años cuando los hechos afectan bosques o áreas protegidas.