La presidenta de la Red Nacional de Promotoras Comunitarias, María Quisbert, informó este miércoles que de los 28 feminicidios registrados en Bolivia, al menos entre seis y diez víctimas contaban con medidas de protección, lo que evidencia fallas en su aplicación por parte de las autoridades.

Medidas de protección sin efecto

Quisbert señaló que cerca del 40% de las víctimas ya había denunciado previamente hechos de violencia y contaba con medidas de resguardo, lo que refleja deficiencias en su implementación y seguimiento.

Bajo índice de condenas

Según los datos expuestos, solo entre el 20% y 30% de los casos de feminicidio concluyen con una condena, mientras que menos del 50% llega a una sentencia, procesos que además pueden tardar entre tres y cinco años.

Costos y abandono de procesos

Uno de los factores que incide en la impunidad es el abandono de los procesos por parte de las familias, debido al alto costo económico que implica continuar con los casos, además de la responsabilidad de cuidar a los hijos en situación de orfandad.

Críticas al sistema judicial

La representante cuestionó que el sistema judicial no estaría garantizando la protección de las víctimas, señalando que en muchos casos no se actúa de manera oportuna pese a las denuncias previas y el riesgo evidente.

Falta de prevención de la violencia

Finalmente, advirtió que existe una débil aplicación de políticas preventivas establecidas en la Ley 348, además de una normalización de la violencia psicológica que puede escalar hasta hechos extremos como el feminicidio.