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    Tarija declara emergencia departamental por el avance de los incendios forestales

    La Gobernación busca agilizar la movilización de recursos económicos, técnicos y humanos para reforzar el combate al fuego y apoyar a los municipios afectados por la emergencia.

    Gobernación activa la emergencia departamental

    La Gobernación de Tarija declaró la emergencia departamental ante la magnitud de los incendios forestales que afectan a distintas regiones del departamento. La medida permitirá disponer con mayor rapidez de recursos económicos, técnicos y humanos para fortalecer las tareas de combate al fuego y respaldar a los municipios afectados.

    La gobernadora María René Soruco señaló que la decisión se asumió pese a la difícil situación económica del departamento y afirmó que la prioridad es proteger a la población y evitar una mayor expansión de los incendios.

    Focos continúan activos en varias zonas

    En el municipio de Cercado permanecen cuatro focos de incendio que serán atendidos mediante un operativo conjunto de brigadas terrestres y equipos aéreos. Las autoridades esperan extinguirlos durante la jornada.

    Los incendios se expandieron en los últimos días por la provincia Méndez. El fuego se inició en Quirusillas, en el municipio de San Lorenzo, y posteriormente se propagó hacia Tucumillas, Erquis, San Pedro y el sector de Obrajes.

    Fiscalía investiga el origen de los incendios

    La Fiscalía informó que abrió cuatro procesos de oficio por los incendios forestales y prevé iniciar nuevas investigaciones. Además, realiza el seguimiento de cámaras de vigilancia para identificar a una persona que presuntamente habría provocado algunos focos en la ciudad de Tarija.

    El Ministerio Público indicó que, una vez identificada, será procesada por los daños ocasionados al medio ambiente y por poner en riesgo la salud de la población.

    Dato: La declaratoria de emergencia permite realizar modificaciones presupuestarias y gestionar apoyo de otros niveles del Estado cuando un evento supera la capacidad de respuesta de las entidades territoriales, según la Ley 602 de Gestión de Riesgos.