La Comisión Integrada del Senado decidió posponer el tratamiento del proyecto de Ley antibloqueos, con el objetivo de socializar su contenido con distintos sectores sociales del país, mediante audiencias públicas programadas para las primeras semanas de febrero, en la Asamblea Legislativa Plurinacional, este miércoles en la ciudad de La Paz.

Decisión de la Comisión Integrada del Senado

La Comisión Integrada del Senado determinó suspender el tratamiento del proyecto de ley que busca sancionar los bloqueos, argumentando la necesidad de abrir un proceso de socialización amplia y participativa con diversos sectores sociales del país. La decisión fue asumida este miércoles y establece que el análisis legislativo se retomará durante las primeras semanas del mes de febrero, luego de concluir las consultas previstas con organizaciones y actores sociales.

Audiencias públicas para recoger propuestas

Durante el periodo de suspensión, la comisión anunció la realización de audiencias públicas con el propósito de escuchar los requerimientos, observaciones y posiciones de distintos sectores sociales. Según el informe oficial, este proceso permitirá construir un proyecto de ley que sea “realmente recogido desde las bases sociales del pueblo boliviano”, fortaleciendo el contenido normativo desde una visión plural y representativa de la realidad nacional.

Búsqueda de legitimidad social y legal

La comisión legislativa explicó que el objetivo principal de esta pausa es garantizar que la futura norma no solo cumpla con los criterios de legalidad, sino que también cuente con una sólida legitimidad social. En ese marco, se instruyó al secretario de la comisión enviar una carta abierta dirigida a todos los sectores sociales del país, con el fin de coordinar una agenda de audiencias públicas en los distintos departamentos del interior.

Recopilación de información desde las regiones

Los legisladores señalaron que se recabará toda la información necesaria y suficiente para consolidar un proyecto de ley que no pueda ser observado por ningún sector social. Desde la comisión se enfatizó que el proceso busca responder a las demandas expresadas por la población, asegurando que la normativa tenga fuerza de ley y respaldo ciudadano, producto de un diálogo amplio y descentralizado.

Postura sobre el derecho a la protesta

Por su parte, la senadora Claudia Mallón (APB-Súmate), proyectista de una de las iniciativas, aclaró que el proyecto no pretende criminalizar ni cercenar el derecho a la protesta, sino sancionar los bloqueos que afectan a diversos actores de la economía boliviana. La legisladora sostuvo que la norma busca evitar perjuicios al país, afirmando que la propuesta defiende el derecho a manifestarse, pero rechaza prácticas que paralizan el desarrollo nacional.