El subteniente investigado por el presunto homicidio ocurrido en el botadero de Cotapachi participará este jueves en su audiencia cautelar de manera virtual, debido a que permanece internado y a la espera de una nueva cirugía. Su familia confía en que el proceso se lleve a cabo con imparcialidad.
Audiencia desde el hospital
Debido a su estado de salud, el oficial asistirá a la sesión desde el hospital, donde continúa recibiendo atención médica. Las autoridades confirmaron que la audiencia se realizará de forma virtual para garantizar su participación sin poner en riesgo su recuperación.
Relato del subteniente
El subteniente informó que él y tres policías quedaron “acorralados” por cerca de un centenar de comunarios durante un operativo. Aseguró que, pese a los intentos de diálogo y al uso previo de agentes químicos —que ya estaban agotados—, fueron arrastrados colina abajo mientras recibían golpes, pedradas, dinamitas y amenazas.
También denunció que una funcionaria policial fue agredida, incluso después de pedir que se respetara su condición de mujer, lo que incrementó la violencia del enfrentamiento.
Amenaza de linchamiento
El oficial relató que la situación se volvió crítica cuando un comunario apareció con una botella de gasolina y otro gritó: “Échenles gasolina, los quemaremos aquí”. Ante lo que describió como una amenaza real e inminente y sin medios menos letales disponibles, efectuó disparos al suelo y luego a una zona permitida del cuerpo de un manifestante para detener el linchamiento.
Uso legítimo de la fuerza
El subteniente asegura que sus acciones fueron legales, necesarias y proporcionales, en cumplimiento de los manuales institucionales y del principio de uso progresivo de la fuerza. Señaló que, de no haber intervenido, él y sus compañeros habrían sido asesinados o quemados vivos. Así informó: Correo del Sur
El Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios, conocido como Fondo Indígena, nació como una conquista histórica para las comunidades indígenas de Bolivia, pero años después se convirtió en uno de los mayores escándalos de corrupción estatal, con un desfalco que supera los Bs 1.000 millones según auditorías oficiales.
El origen: una demanda histórica
El 22 de diciembre de 2005, el entonces presidente Eduardo Rodríguez Veltzé promulgó el Decreto Supremo 28571, en respuesta a la demanda de los pueblos indígenas de acceder a los beneficios del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). La presión fue liderada por el pueblo guaraní, que reclamaba compensaciones por la explotación de gas en su territorio.
“Tras un enfrentamiento con militares en Santa Cruz, logran que Rodríguez Veltzé les otorgue el 5% del IDH, ampliado luego a todas las regiones campesinas”, explicó el investigador Manuel Morales a Urgente.bo.
El Fondo se estructuró con un directorio multisectorial presidido por el Ministerio de Asuntos Indígenas, seis ministerios y 12 representantes de organizaciones indígenas y campesinas.
El desfalco millonario
En 2015, la Contraloría General del Estado reveló un daño económico acumulado por años de mala administración, proyectos inconclusos y recursos entregados sin control. La exministra Nemesia Achacollo informó ante el Senado que, entre 2006 y 2014, el Fondo recibió Bs 3.197 millones, de los cuales Bs 1.855 millones seguían en cuentas bancarias.
Entre 2010 y 2011 se aprobaron 153 proyectos que no se concluyeron, no presentaron informes de avance y, en muchos casos, no contaban con carpetas técnicas ni evidencia física de las obras. El dinero se desembolsó sin supervisión.
A más de diez años del inicio del caso, la justicia aún no ha cerrado el expediente. Héctor Castellón, abogado de Marco Aramayo —exdirector del Fondo fallecido tras años de detención— señaló que muchos expedientes siguen abiertos: “Hasta hace unas semanas seguían notificando… incluso pidieron la extinción del proceso por fallecimiento”, indicó.
Reestructuración del Fondo
Tras el escándalo, el gobierno de Evo Morales cerró la institución original. El 26 de agosto de 2015, mediante el Decreto Supremo 2493, se creó el actual Fondo de Desarrollo Indígena (FDI), una entidad pública descentralizada bajo el Ministerio de Desarrollo Rural.
A diferencia del Fondo original, el FDI no transfiere recursos a organizaciones sociales, sino a municipios, autonomías indígenas y entidades estatales. Además, administra parte de los recursos del IDH destinados a la Renta Dignidad, la educación cívica y el funcionamiento de las Unibol.
El problema vuelve a resurgir
El 4 de diciembre de 2025, la Fiscalía emitió una orden de aprehensión contra la exdiputada del MAS Lidia Patty, acusada de conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado, con un daño investigado de al menos Bs 1 millón. “Son ocho proyectos con un avance físico del 50%, pero el presupuesto alcanzó el 80%. La beneficiada fue Patty”, explicó el fiscal Miguel Ángel Cardozo.
El 10 de diciembre, el exmandatario y exministro de Economía Luis Arce fue aprehendido. Rafael Quispe, denunciante del caso, lo responsabilizó por permitir transferencias irregulares de recursos del Fondo cuando estaba en el Ministerio de Economía. “A Lidia Patty le han depositado… eso incluye delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho y resoluciones contrarias”, afirmó Quispe.
Dos auditorías sitúan el desfalco total por encima de Bs 1.000 millones, con daños de Bs 200 millones y Bs 150 millones en distintos periodos. Quispe cuestionó la demora judicial: “El caso es de 2010. Lo denunciamos en 2014. En 2015 ya estaba aprehendida Nemesia Achacollo, pero tardaron diez años en retomar la investigación”. Así informó: Correo del Sur.
Román Loayza, fundador del Movimiento Al Socialismo, pidió este martes ampliar las investigaciones del caso Fondo Indígena e incluir al expresidente Evo Morales, tras la aprehensión de Luis Arce y nuevas denuncias de corrupción que involucran a dirigentes y exautoridades.
Loayza exige profundizar las investigaciones
En contacto con Correo del Sur Radio, Román Loayza lamentó que dirigentes y políticos “se hayan enriquecido a costilla del pobre” y solicitó que las autoridades indaguen el rol de Morales en el manejo del Fondo Indígena. Afirmó que las declaraciones dentro del proceso podrían apuntar directamente al exmandatario como “cómplice de la corrupción”.
Señalamientos al entorno de Morales
El exdirigente también consideró que la investigación debe ampliarse a todo el gabinete del expresidente. Aprovechó para felicitar al actual Gobierno por avanzar en el caso y aseguró que nunca recibió beneficios del Fondioc ni de la administración de Morales.
Críticas y pedido de debate
Loayza desafió públicamente a Evo Morales a debatir sobre el escándalo, reiterando que conocía las irregularidades del Fondo Indígena, pero que jamás solicitó recursos. También sostuvo que Morales habría impulsado la distribución de fondos a organizaciones afines bajo el pretexto de realizar obras.
Organizaciones sociales bajo la lupa
El fundador del MAS insistió en que las organizaciones sociales también deben ser investigadas, pues —según su criterio— participaron de manera directa en actos de corrupción vinculados al Fondioc.
Pedido de intervención en el Trópico
Morales mantiene una orden de aprehensión pendiente de ejecución, mientras permanece en el Trópico de Cochabamba. Loayza pidió intervenir la zona para dar con el exmandatario y desarticular grupos que, aseguró, estarían comandados por Juan Ramón Quintana y ciudadanos extranjeros. Así informó: Correo del Sur.
El Ministerio de Hidrocarburos informó que entre 30 y 40 cisternas por cada 100 no llegan al mercado interno, generando un grave impacto en el abastecimiento de gasolina y diésel en el país.
Desvíos que afectan el suministro
El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, reveló que una parte significativa de las cisternas destinadas al abastecimiento nacional es desviada antes de arribar a su punto final. Esta situación estaría profundizando la crisis de suministro de combustibles en distintas regiones.
Irregularidades y falta de control
Medinaceli calificó como “indolentes” a los responsables del desvío, a quienes apuntó como parte de redes de contrabando que operan con apoyo institucional. Reconoció también que mantener el control en rutas y zonas fronterizas continúa siendo un desafío permanente.
Factores económicos y logísticos
La autoridad explicó que el problema responde a una combinación de elementos económicos y técnicos, como la demora en la llegada de buques cargados con carburantes y las dificultades para reforzar los controles. Añadió que estas fallas han puesto presión adicional sobre las finanzas estatales.
Correcciones en marcha
Finalmente, Medinaceli señaló que la planificación previa fue “ineficiente” y estuvo marcada por actos de corrupción, aunque afirmó que el Gobierno trabaja en la corrección del sistema para garantizar un suministro más seguro y transparente.
Umopar destruyó diez fábricas móviles de pasta base en Villa Tunari, donde siete personas fueron aprehendidas y varios comunarios intentaron frenar el operativo exigiendo su liberación.
Operativo y hallazgos
Efectivos de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural localizaron y destruyeron diez laboratorios móviles dedicados a la producción de pasta base de cocaína en Villa Tunari. En el lugar se secuestraron insumos químicos, tres vehículos y dos motocicletas, además de aprehender a siete personas.
Ataque a los efectivos
Durante la intervención, grupos de comunarios rodearon y agredieron a los policías para intentar impedir los arrestos. La presión aumentó al punto de exigir la liberación de los detenidos, según informó el Ministerio de Gobierno.
Uso de agentes químicos
El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, señaló que se emplearon agentes químicos conforme a los protocolos de control de disturbios para resguardar la vida de los uniformados y evitar una escalada de violencia.
Pago por movilizaciones
Justiniano denunció que organizaciones criminales estarían ofreciendo dinero a comunarios para que intervengan en defensa de las fábricas de droga, incluso exhibió un audio donde se promete una “recompensa” por movilizar gente contra la Policía.
Crimen organizado y advertencia
La autoridad remarcó que no se debe confundir comunidad con crimen y advirtió que el Gobierno actuará sin impunidad contra quienes utilicen a familias campesinas como escudos humanos para proteger actividades ilícitas.
Un grupo de élite de la Policía iniciará operaciones en el Cerro Rico de Potosí para enfrentar a los jucus armados, tras una reunión interinstitucional realizada este 10 de diciembre entre cooperativistas mineros, la Policía y el Ministerio Público.
Instalan comando especial en Pailaviri
Las autoridades acordaron la creación de un comando de élite que coordinará acciones directas contra las bandas delictivas que operan en áreas mineras. Esta unidad se instalará en Pailaviri, en un ambiente que será solicitado a Comibol para su adecuación como base operativa.
Refuerzan control para proteger la producción minera
Los cooperativistas señalaron que los jucus continúan afectando la seguridad de trabajadores y la extracción de mineral. Por ello, la Federación de Cooperativas Mineras (Fedecomin) instruyó a sus afiliados denunciar de inmediato cualquier incursión delictiva para permitir una respuesta rápida.
Reactivan la llamada “Policía Minera”
Como medida complementaria, las instituciones anunciaron la reactivación de la denominada “Policía Minera”, destinada a fortalecer la vigilancia en los sectores más vulnerables del Cerro Rico y otras zonas productivas del departamento.
El presidente Rodrigo Paz cuestionó a los intermediarios que atribuyen la subida del precio de la carne al acuerdo de exportación con Egipto, recordando que dicho convenio es a futuro y que el abastecimiento interno está garantizado.
Paz rechaza el uso de la exportación como pretexto
Durante un encuentro con exportadores, el presidente Rodrigo Paz señaló que algunos intermediarios justifican el incremento del precio de la carne afirmando que el producto se estaría enviando a Egipto. Aclaró que el acuerdo de exportación es para entregas futuras y que esa versión no corresponde a la realidad del mercado nacional.
Gobierno garantiza abastecimiento interno
La autoridad afirmó que en Bolivia existe suficiente carne para abastecer el mercado interno y lamentó que ciertos actores utilicen la situación para obtener ganancias aprovechando la coyuntura. Advirtió que el Gobierno no tolerará estas prácticas y pidió a la población actuar con solidaridad.
Exportar como política estratégica del país
Paz resaltó que la exportación es clave para la economía nacional, no solo por las divisas que genera, sino porque refleja la imagen y capacidad del país ante el mundo. Destacó que el acuerdo con Egipto abre un mercado potencial de más de 118 millones de consumidores, con posibilidad de expansión hacia otras naciones árabes y africanas.
Cinco premisas para fortalecer el sector exportador
El Presidente presentó una propuesta basada en diversificación productiva, fortalecimiento empresarial, trabajo conjunto entre Estado y sector privado, liberación responsable de exportaciones y protección del mercado interno. Afirmó que exportar “no es solo mover mercancía, sino proyectar reputación y futuro”.
El Viceministerio de Defensa Civil, liderado por Alfredo Troche, inaugurará este jueves 11 de diciembre en Santa Rosita de Paquío (Warnes, Santa Cruz) la nueva Unidad Militar de Emergencia y Ecología, destinada a fortalecer la prevención y respuesta ante desastres en Bolivia.
Una nueva etapa en gestión del riesgo
El Gobierno boliviano impulsa una transformación orientada a la protección de la vida, el medio ambiente y las comunidades vulnerables, en línea con las políticas del presidente Rodrigo Paz. El Ministerio de Defensa, bajo la dirección de Raúl Salinas Gamarra, asume un rol central en esta modernización.
Creación de la UMEE
La Unidad Militar de Emergencia y Ecología (UMEE) sustituye a la antigua Escuela Antiimperialista, dejando atrás un enfoque ideológico para convertirse en una fuerza especializada en la atención de emergencias como inundaciones, incendios forestales, sequías, deslizamientos y eventos climáticos extremos. Su misión integra preparación técnica, acción rápida y visión territorial.
Coordinación estratégica en Santa Cruz
Este jueves, el viceministro Alfredo Troche Machicao encabezará un espacio de coordinación interinstitucional en la sede de la UMEE. La actividad reunirá a instituciones del Estado, organismos internacionales y autoridades locales, con el objetivo de articular esfuerzos para fortalecer la respuesta ante desastres.
Hacia una cultura nacional de prevención
El encuentro busca consolidar una hoja de ruta común, basada en cooperación y formación técnica, que permita mejorar la prevención y resiliencia del país frente a emergencias provocadas por efectos climáticos y ecológicos.
Un pilar para los desafíos del futuro
Con la puesta en marcha de la UMEE, Bolivia ingresa a una nueva etapa en gestión del riesgo, posicionando a esta unidad como un pilar estratégico para proteger la vida, preservar el medio ambiente y prepararse ante los desafíos climáticos actuales y futuros, informa el Ministerio de Defensa.
El Senasag activó un plan de control para frenar el desvío, acopio irregular y contrabando de arroz, con inspecciones, auditorías y operativos coordinados en zonas productoras y fronterizas.
Plan reforzado ante denuncias de irregularidades
El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) anunció un plan de control intensivo tras reportes sobre el desvío de arroz boliviano hacia países vecinos y el ingreso de productos importados con fallas de calidad o documentación observada.
Investigación prioritaria por presunto contrabando inverso
El director ejecutivo del Senasag, Erick Bruckner, informó que se activó una investigación para identificar rutas de contrabando, intermediarios y centros de acopio involucrados. Los operativos abarcarán zonas productoras, vías de transporte y pasos fronterizos donde se presume actividad ilegal.
Controles sanitarios y documentación obligatoria
La entidad exigirá que todo lote de arroz cuente con la Guía de Movimiento de Arroz y certificaciones sanitarias. Los productos que no cumplan con este requisito serán decomisados. Asimismo, se realizarán auditorías y análisis de laboratorio para verificar la inocuidad y calidad del arroz importado.
Coordinación interinstitucional para fortalecer el control
Los operativos se desarrollarán junto a la Aduana Nacional, el Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando y otras instancias del Estado. El Senasag anticipó sanciones administrativas y penales para quienes comercialicen arroz sin respaldo legal.
El viceministro de Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, Yamil García, señaló que la investigación por el manejo irregular de recursos del Fondo Indígena podría ampliarse a otras autoridades, incluido el expresidente Evo Morales, dependiendo de la información que surja durante la etapa preliminar del caso.
La declaración surge después de la aprehensión del exmandatario Luis Arce, quien fue trasladado por la Policía debido a indicios de que, cuando ejercía el cargo de ministro de Economía y Finanzas, habría autorizado la transferencia de fondos públicos hacia cuentas particulares destinadas a proyectos productivos.
García explicó que la investigación no descarta a ninguna persona que pudiera tener relación con las decisiones administrativas que permitieron el desvío de recursos. Afirmó que una resolución ministerial atribuida a Arce es uno de los elementos en revisión, pero que si el exmandatario señalara que las autorizaciones contaban con respaldo presidencial, la pesquisa tendría que alcanzar también a Morales.
El viceministro mencionó que parte de esta línea de investigación surge de la declaración de descargo de la exdiputada Lidia Patty, quien sostuvo que no actuó por cuenta propia y que las decisiones financieras se tomaban bajo instrucción del Ministerio de Economía.
Durante la audiencia de medidas cautelares, García consideró que existen elementos suficientes para solicitar la detención preventiva de Arce, aunque aclaró que la definición sobre su situación jurídica corresponde al juzgado a cargo del proceso. Así informó Erbol.
El vicepresidente Edmand Lara aseguró este miércoles que la aprehensión del expresidente Luis Arce, realizada en La Paz por la FELCC, cumple con el compromiso de procesar a quienes hayan robado al país.
Declaraciones tras la aprehensión
El vicepresidente Edmand Lara destacó la actuación policial luego de la aprehensión del expresidente Luis Arce, realizada la tarde de este miércoles en la ciudad de La Paz. La autoridad sostuvo que se está cumpliendo el compromiso gubernamental de llevar ante la justicia a quienes cometieron irregularidades.
Compromiso de rendición de cuentas
Lara recordó que ya había anticipado que Arce sería el primero en enfrentar procesos judiciales. Además, afirmó que todas las personas que hayan “robado a la patria” deberán devolver cada centavo y responder ante instancias judiciales correspondientes.
Operativo policial
Arce fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) tras ejecutarse una resolución de una autoridad fiscal. Paralelamente, la exministra María Nela Prada se presentó en el lugar para solicitar información sobre la situación del exmandatario.
Reconocimiento a la FELCC
El vicepresidente también felicitó al personal de la FELCC y de la División Anticorrupción por el cumplimiento estricto de la orden fiscal y por actuar con firmeza en la lucha contra la corrupción.
Llamado a la responsabilidad
Lara reafirmó que el Gobierno continuará con las investigaciones y que los procesos se sostendrán bajo criterios de transparencia y justicia, enfatizando que todos los implicados deberán asumir las consecuencias legales correspondientes.
La Cámara de Diputados sesionará este jueves para analizar el Presupuesto General del Estado (PGE) 2026 y tres créditos internacionales por un total de $us 680 millones. La presidenta en ejercicio, Daniela Cabrera, indicó que los proyectos ya cuentan con informes favorables de las comisiones legislativas.
Crédito gestionado por Rodrigo Paz
El préstamo 067/2025-2026, por $us 550 millones, fue suscrito con la CAF para “Liquidez en Apoyo a la Gestión Económica”. Este crédito fue gestionado por Rodrigo Paz durante su viaje a Panamá y forma parte de un paquete financiero de $us 3.100 millones destinado a reactivar la economía boliviana.
Crédito japonés rechazado en la gestión de Arce
El préstamo BV-C3 con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) asciende a ¥15.000 millones (unos $us 100 millones) y estaba destinado al programa de “Apoyo de Emergencia para respuesta a Covid-19”. Durante la gestión de Luis Arce, este crédito fue rechazado por la oposición, pese a su baja tasa de interés y libre disponibilidad.
Préstamo para el Parque Lineal La Paz–El Alto
El proyecto de ley 069/2025-2026 aprueba un préstamo del BID por $us 30 millones para el Parque Lineal, un corredor urbano que conectará La Paz y El Alto. Este proyecto también había sido bloqueado en la gestión anterior y su estreno estaba previsto para el Bicentenario.
Debate del PGE 2026
El cuarto punto del orden del día es el PGE 2026 (proyecto de ley 049/2025-2026). Legisladores opositores cuestionan que fue elaborado por la administración de Arce. Según el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, se pidió ajustar la norma hasta febrero de 2026 para reducir el déficit fiscal en un 30%. Técnicos del Ministerio asistirán al hemiciclo para explicar los créditos y el presupuesto.
En solo 48 horas, la zona norte de Santa Cruz de la Sierra volvió a registrar un atraco a un surtidor. Un delincuente armado exigió dinero a uno de los encargados y logró escapar con el botín, apenas dos días después de un hecho similar en la misma área.
Segundo atraco en la misma zona
Otro atraco a un surtidor se registró en la avenida Cristo Redentor, entre segundo y tercer anillo, repitiéndose apenas dos días después de un hecho delictivo en la misma área.
Método del delincuente
Según los reportes, un sujeto ingresó caminando a la estación de servicio, se acercó a uno de los encargados de una bomba del surtidor, apuntó con un arma de fuego y exigió que le entregue el dinero disponible en ese momento.
Huida y acción policial
El hombre escapó del lugar llevándose una cantidad de dinero producto de la venta de combustible. Posteriormente, llegaron efectivos de la Policía, quienes tomaron la declaración del encargado y comenzaron con las investigaciones del caso.
Contexto: Plan de Navidad Segura
Este atraco se da apenas dos días después de otro hecho similar, en el marco del Plan de Navidad Segura que presentó la Policía para garantizar la seguridad durante las fiestas de fin de año. Así informó: EJU!
El Presidente, Rodrigo Paz expresó nuevamente su respaldo institucional a la Policía Boliviana y pidió a la Justicia acelerar las investigaciones sobre los hechos ocurridos en Cotapachi, Cochabamba, donde dos personas perdieron la vida durante un operativo destinado a despejar el ingreso al botadero de la zona.
El mandatario señaló que espera una pesquisa transparente y sin interferencias políticas para conocer con precisión lo ocurrido. Afirmó que, aunque se solidariza con las familias de las víctimas, mantiene su confianza en los procesos de transformación dentro de la institución del orden.
Paz recordó que existe un efectivo policial bajo investigación por el uso de un arma de fuego durante el operativo y remarcó que este caso debe seguir su curso legal. Sin embargo, insistió en que también corresponde procesar a grupos que —según afirmó— se dedican a generar confrontaciones y promover actos violentos en diferentes regiones del país.
La Policía y el Ministerio Público confirmaron que el uniformado investigado admitió haber accionado su arma durante los enfrentamientos, pese a que en ese tipo de intervenciones está prohibido portar armamento letal. El caso fue remitido al Ministerio Público para el inicio de las acciones correspondientes.
Autoridades policiales informaron además que durante el operativo varios funcionarios resultaron heridos y aseguraron que los efectivos fueron atacados con explosivos, petardos y otros objetos contundentes. Ocho civiles también fueron aprehendidos, acusados de participar de manera directa en los hechos de violencia.
El conflicto en Cotapachi se mantiene desde hace aproximadamente dos semanas debido a las protestas de pobladores que exigen la delimitación del área del relleno sanitario. Los enfrentamientos del 4 de diciembre ya habían dejado una veintena de heridos, y la tensión continúa mientras avanzan las investigaciones sobre la responsabilidad de ambos lados. Así informó Los Tiempos.
El expresidente Luis Arce fue detenido este miércoles en la ciudad de La Paz y conducido a instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). La intervención ocurrió en la zona de Sopocachi, donde, según allegados, fue interceptado y trasladado por efectivos policiales.
De acuerdo con información preliminar, la aprehensión estaría vinculada a indagaciones relacionadas con el caso Fondo Indígena, aunque hasta ahora las autoridades no han ofrecido una versión oficial sobre el procedimiento.
La exministra María Nela Prada denunció en sus redes sociales que el hecho habría sido irregular y pidió la atención de instancias nacionales e internacionales. Se espera que en las próximas horas el Ministerio Público o la Policía brinden una explicación formal sobre la situación del exmandatario.
La información continúa en desarrollo.
🔵 #GrupoFides | #ANF#Urgente La exministra Maria Nela Prada informa que el expresidente Luis Arce Catacora fue trasladado a dependencias de la FELCC. “Denuncio ante el pueblo boliviano y la comunidad internacional que hace un momento acaban de secuestrar al expresidente Arce”. pic.twitter.com/oXByKr0fdw
El general Augusto Russo, excomandante de la Policía Boliviana, se presentó este miércoles ante la Fiscalía para declarar en el proceso iniciado por el coronel Pavel Vázquez Pastor. Durante su comparecencia, rechazó de manera enfática cualquier acto de discriminación y sostuvo que las decisiones sobre traslados dentro de la institución responden únicamente a criterios operativos y a necesidades del servicio.
Russo señaló que la acusación carece de sustento, al recordar que la discriminación se configura por factores como género, raza, creencias o identidad, elementos que —según afirmó— no se ajustan a la denuncia. Añadió que, durante su gestión, Vázquez fue designado subcomandante departamental a solicitud suya y que posteriormente pidió volver a La Paz debido a motivos familiares y de salud, antes de iniciar el proceso en su contra.
🔵 #GrupoFides | #ANF El excomandante de la Policía, Augusto Russo, se defenderá en libertad. Se declara inocente en el caso por supuesta discriminación y afirma que no cometió ningún delito contra el coronel denunciante. pic.twitter.com/ZKjVEP6Jen
El abogado del excomandante, Frank Campero, informó que se entregaron documentos de respaldo al Ministerio Público y que ahora esperan el avance de la investigación. La defensa sostiene que los movimientos realizados en 2021 fueron solicitados por el propio coronel Vázquez y no constituyen un acto irregular.
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) decomisó más de 2.000 paquetes de marihuana en el camino a Misicuni, en Cochabamba, varios de ellos decorados con mensajes navideños y dibujos, durante un operativo que dejó una afectación de casi dos millones de dólares al narcotráfico.
Hallazgo del cargamento
Felcn decomisó 2.125 paquetes de marihuana —equivalentes en 2.361 kilos— durante un operativo realizado en el camino a Misicuni, en Cochabamba. Según el reporte oficial, el cargamento representa una afectación económica de más de 1,9 millones de dólares al narcotráfico.
Paquetes con mensajes navideños
Lo llamativo del hallazgo fue que varios paquetes llevaban mensajes navideños, como “Feliz Navidad les desea Puerto Coco. Próspero Año Nuevo 2026”, además de dibujos de Bart Simpson, un leopardo y otros envueltos con cintas amarillas con la palabra “oferta”.
Cómo se desarrolló el operativo
El operativo, ejecutado el 3 de diciembre, comenzó cuando los efectivos interceptaron un vehículo blanco que transportaba bolsas de yute celestes repletas de marihuana. Poco después, en una choza cercana, se encontraron más bultos escondidos.
Sin aprehendidos y sospechas en la zona
No hubo personas aprehendidas, pero los agentes observaron a motociclistas merodeando a distancia y detonando petardos, aparentemente como señal de alerta. La Felcn secuestró la droga y el vehículo involucrado mientras continúan las investigaciones para identificar a los responsables. Así informó: Correo del Sur.
Tres policías resultaron heridos durante un operativo contra el narcotráfico en Villa Tunari, donde dos patrullas fueron atacadas en una emboscada que, según el Gobierno, fue organizada y financiada para proteger fábricas de droga.
Tres policías heridos en Villa Tunari
La madrugada de este miércoles, tres policías resultaron heridos durante una emboscada en el municipio de Villa Tunari, en el trópico de Cochabamba. El ataque ocurrió mientras realizaban un operativo para destruir instalaciones de producción de droga, informó el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano.
Ataque a dos patrullas policiales
Según la autoridad, dos patrullas fueron interceptadas y retenidas durante aproximadamente dos horas. En el operativo, los efectivos policiales destruyeron 10 fábricas de cocaína y al menos 10 factorías móviles utilizadas para la elaboración de droga.
Una emboscada planificada, según el Gobierno
Justiniano afirmó que la emboscada “no fue espontánea ni social, sino organizada y financiada”. Añadió que el ataque habría sido coordinado para impedir la destrucción de laboratorios clandestinos y frenar el avance del operativo antinarcóticos.
Presentan audios como evidencia
En conferencia de prensa, el viceministro presentó audios que habrían sido enviados por WhatsApp. En estos mensajes se menciona que se ofreció dinero a comunarios para bloquear los accesos al área y atacar a las patrullas policiales mientras se desarrollaba el operativo.
Persona identificada como responsable
Justiniano aseguró que la persona que habría coordinado estas acciones ya se encuentra identificada. Asimismo, señaló que las investigaciones continuarán para determinar el grado de participación de los involucrados y establecer responsabilidades en torno al ataque
Tras finalizar la gestión escolar 2025, la Defensoría de la Niñez reportó un incremento de adolescentes que llegan a Potosí con la intención de trabajar en las minas del Cerro Rico. Un operativo reciente detectó a 15 menores rumbo a las cooperativas mineras.
Incremento de menores en vacaciones
Con el cierre del año escolar, varios adolescentes buscan un ingreso para apoyar a sus familias. Esta situación genera un aumento de jóvenes que viajan a Potosí para trabajar en las minas del Cerro Rico y en zonas mineras cercanas.
Operativo detecta a 15 adolescentes
El coordinador de la Defensoría de la Niñez, Mario Leandro, informó que el martes se realizó un control en el punto de salida hacia el Cerro Rico. En el lugar se identificó a 15 menores que pretendían ingresar a las galerías para ser contratados por cooperativas mineras.
Riesgos del trabajo infantil en minas
Leandro recordó que el trabajo infantil minero es una de las peores formas de labor infantil por sus altos riesgos. Señaló que los menores están expuestos a accidentes, enfermedades y condiciones insalubres. También mencionó que muchos son atraídos por un jornal de hasta 300 bolivianos al día.
Llegan menores de otras regiones
El aumento no solo corresponde a menores de la ciudad de Potosí. Según la Defensoría, también arriban adolescentes de provincias y de otros departamentos, motivados por un ingreso mayor al que encontrarían en trabajos de cocina, mecánica o construcción.
Defensoría retiene a los menores y llama a los padres
Después del operativo, los menores fueron trasladados a las oficinas de la Defensoría, donde se convocó a sus padres. Las autoridades recordaron que el trabajo infantil en minas es ilegal y advirtieron que cualquier menor encontrado será retenido para su protección.
En Santa Cruz, distintos productos tecnológicos registran reducciones de hasta un 50%, impulsadas por la caída del dólar paralelo, mientras que los precios de los alimentos continúan elevados en mercados del país.
Precios tecnológicos a la baja
Un recorrido por centros comerciales de Santa Cruz evidenció que el costo de computadoras, celulares, televisores y línea blanca disminuyó en algunos casos hasta un 50%. En el Centro Comercial Chiriguano, laptops básicas bajaron de Bs 3.800 a Bs 2.700, mientras que modelos avanzados pasaron de Bs 6.000 a Bs 4.800. Los vendedores atribuyen esta tendencia a la reducción del dólar paralelo, que actualmente se cotiza por debajo de los Bs 10.
Factores que impulsan la reducción
Comerciantes señalaron que la baja de precios no responde al anuncio de arancel cero para la importación de tecnología, sino al comportamiento del mercado cambiario. Para los importadores, la variación diaria del dólar es determinante, y la percepción de que la divisa estadounidense ya no seguirá en alza está empujando nuevos precios en tecnología y línea blanca.
Alimentos mantienen precios elevados
Contrario al comportamiento de los electrodomésticos, los alimentos mantienen valores altos. En mercados de Santa Cruz, la carne de res oscila entre Bs 68 y 80 por kilo, mientras que el pollo se vende entre Bs 17 y 20. En La Paz y El Alto, el precio de la carne llega incluso a Bs 90 por kilo, según la calidad. Los comerciantes aseguran que los mayoristas entregan la carne a costos elevados, situación que se traslada al consumidor final.
Tendencias en La Paz y El Alto
En los mercados paceños, los precios muestran incrementos de hasta 125% en comparación con 2024. La pulpa se vende entre Bs 80 y 95 dependiendo de la zona, mientras que los vendedores reportan menor movimiento debido al alto costo. Paralelamente, productos tecnológicos como celulares de gama de entrada registran caídas entre 30% y 40%, igualmente impulsadas por la baja del dólar paralelo.
Importación y contrabando en el mercado tecnológico
Vendedores afirman que la reducción no está vinculada al arancel cero anunciado por el Gobierno, señalando que la mayoría de los celulares ingresa por contrabando desde Chile y Perú. En este contexto, consideran que la medida podría incentivar mayor informalidad, ya que muchos consumidores priorizan el precio sobre la garantía del producto.
