El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, aseguró que algunas declaraciones realizadas por autoridades del Gobierno generaron tensión y dificultaron los avances en las gestiones de diálogo que buscan resolver el conflicto social y político que atraviesa el país.

Declaraciones provocaron malestar en sectores movilizados

Callisaya explicó que expresiones emitidas desde el Ejecutivo, relacionadas con no negociar con “presuntos vándalos”, tuvieron un impacto negativo en los sectores movilizados y provocaron susceptibilidad durante las conversaciones preliminares.

La autoridad defensorial sostuvo que estas afirmaciones generaron molestia y desconfianza en organizaciones que mantienen protestas y bloqueos en distintas carreteras del país, situación que frenó algunos acercamientos impulsados por instituciones mediadoras.

Las declaraciones surgieron luego de que el presidente Rodrigo Paz afirmara que no dialogaría con “vándalos” en medio de las movilizaciones que exigen su renuncia. Posteriormente, la autoridad aclaró que se refería únicamente a personas involucradas en hechos de violencia y daños a bienes públicos y privados.

Persisten posiciones rígidas entre las partes

El defensor del Pueblo manifestó que tanto el Gobierno como los sectores movilizados mantienen posiciones que dificultan encontrar una salida negociada al conflicto.

Según explicó, dentro del Ejecutivo existe la percepción de que abrir un diálogo podría interpretarse como una señal de debilidad o una “rendición” frente a las protestas, mientras que algunos sectores movilizados consideran que aceptar conversaciones implicaría abandonar o traicionar sus demandas.

En ese contexto, la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto continúan desarrollando gestiones y contactos permanentes para acercar posiciones y generar condiciones que permitan instalar una mesa de diálogo.

Piden frenar la violencia y priorizar acuerdos

Callisaya también exhortó a ambas partes a detener los hechos de violencia y asumir responsabilidad frente a la crisis que enfrenta el país, marcada por el desabastecimiento de productos, la falta de combustible y el incremento de precios en distintos mercados.

La autoridad advirtió que el conflicto ya comienza a afectar a miles de familias bolivianas y señaló que es urgente priorizar acuerdos que permitan recuperar la estabilidad social y económica.

Asimismo, reiteró el pedido de instalar un diálogo “sin condiciones”, con el objetivo de evitar una mayor fractura social y garantizar una salida pacífica a las movilizaciones y bloqueos.