Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) activó un plan de contingencia de emergencia mediante el despacho masivo de 40,000 garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP). La medida busca normalizar el suministro y frenar la escasez generada por las dificultades de transporte derivadas de los bloqueos de carreteras.
Abastecimiento estratégico ante los bloqueos
El desabastecimiento de carburantes y servicios básicos se ha convertido en uno de los puntos más críticos de la actual situación social del país. Ante las largas filas registradas en los surtidores y centros de distribución de las ciudades de La Paz y El Alto, la estatal petrolera coordinó la salida de camiones repartidores resguardados para garantizar que el recurso llegue directamente a las familias afectadas.
Los detalles del operativo contemplan:
- Incremento de volúmenes: El despacho de las 40,000 garrafas representa un esfuerzo logístico duplicado para cubrir la sobredemanda y la especulación de precios surgida en los últimos días.
- Priorización de zonas críticas: La distribución se está realizando de manera prioritaria en las zonas periféricas y mercados populares, donde el impacto de la interrupción del transporte interdepartamental ha sido más severo.
Coordinación con el puente aéreo y rutas alternas
Este despliegue logístico terrestre complementa otras acciones de emergencia que se ejecutan en el Aeropuerto Internacional de El Alto, terminal que se ha consolidado como el epicentro para el ingreso de ayuda humanitaria y suministros de emergencia. YPFB ratificó que sus plantas de engarrafado cuentan con los saldos suficientes de carburante, por lo que la continuidad del servicio dependerá de la viabilidad de tránsito en los accesos urbanos.
Las autoridades de hidrocarburos exhortaron a la población a evitar las compras por pánico y la reventa del producto, asegurando que los despachos se mantendrán de forma diaria hasta que se restablezca el libre tránsito en las redes viales fundamentales.
Dato: La escasez de GLP e insumos médicos ha sido uno de los argumentos centrales expuestos por el Gobierno boliviano ante organismos internacionales como la CIDH para alertar sobre la vulneración de los derechos económicos y sociales de la ciudadanía a causa de las medidas de presión.
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