El gobierno de Estados Unidos solicitó a autoridades de Venezuela colaboración en investigaciones judiciales contra nueve figuras vinculadas al chavismo, incluido el hijo de Nicolás Maduro, en un proceso impulsado por la administración del presidente Donald Trump que busca esclarecer presuntos casos de corrupción, lavado de dinero y narcotráfico.

Solicitud de cooperación judicial

Según fuentes citadas por medios internacionales, Washington pidió acceso a interrogatorios, documentación financiera y registros administrativos relacionados con los investigados. La petición contempla incluso mecanismos de traslado o entrega de implicados, aunque evita mencionar formalmente la extradición.
El principal obstáculo radica en la Constitución venezolana, que prohíbe la extradición de ciudadanos nacionales, lo que obliga a ambas partes a analizar alternativas legales para avanzar en las pesquisas.

Investigaciones y posibles mecanismos

La propuesta estadounidense plantea un esquema de cooperación en tres niveles: facilitar entrevistas e interrogatorios, permitir la verificación de información por equipos estadounidenses y, en casos específicos, evaluar traslados bajo figuras distintas a la extradición.
Entre las opciones consideradas figuran expulsiones administrativas, salidas pactadas o detenciones temporales que permitan recabar información sin vulnerar la normativa venezolana.

Figuras clave en la lista

Entre los nombres señalados figura Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo del mandatario venezolano, además de otros altos funcionarios y empresarios investigados por presuntas redes de corrupción y financiamiento ilícito.
También aparecen personas vinculadas a investigaciones previas relacionadas con el manejo de contratos públicos, operaciones financieras y esquemas de lavado de activos que, según autoridades estadounidenses, habrían operado durante años.

El papel de Alex Saab y otras investigaciones

Uno de los puntos centrales del proceso es el empresario Alex Saab, considerado por Washington como una pieza clave para reconstruir rutas financieras y contratos investigados. Las autoridades estadounidenses buscan información sobre movimientos de dinero y estructuras empresariales asociadas al caso.
Las negociaciones, según las fuentes, forman parte de un proceso más amplio que podría incluir avances diplomáticos y acuerdos graduales, condicionados a resultados verificables dentro de las investigaciones judiciales en curso.