Ante la escasez de combustibles y el riesgo de un mayor desabastecimiento, el Gobierno declaró emergencia energética y social en todo el país, habilitó la importación de combustibles por parte de privados y retiró temporalmente al diésel de la lista de sustancias controladas. Expertos coinciden en que la medida solo será efectiva para este carburante.

Emergencia por falta de combustibles

El Ejecutivo de Rodrigo Paz decretó la emergencia energética y social mediante el Decreto Supremo 5517, emitido el 13 de enero, en respuesta a las extensas filas en estaciones de servicio, la escasez de dólares y el impacto inflacionario en la economía.

Importación abierta al sector privado

Entre las medidas centrales, el decreto autoriza a personas naturales y jurídicas privadas a importar, vender y comercializar combustibles a precio de importación o preterminal, siempre que cuenten con capacidad de almacenamiento propia o alquilada.

Diésel, el único viable para importar

Especialistas en hidrocarburos advierten que la apertura del mercado solo resulta atractiva para el diésel, cuyo precio interno se aproxima al internacional. En contraste, la gasolina continúa parcialmente subvencionada, lo que desincentiva su importación privada.

Posición del Gobierno

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, defendió la declaratoria y afirmó que las medidas buscan evitar que la crisis energética se profundice. En tanto, el ministro de Planificación, Fernando Romero, atribuyó la situación a la dependencia del gas natural y a la falta de exploración sostenida, y anunció proyectos de exploración acelerada.

Respaldo del sector empresarial

El presidente de Cainco, Jean Pierre Antelo, respaldó el decreto y sostuvo que el país atraviesa una situación crítica que exige decisiones urgentes para estabilizar la economía y garantizar el abastecimiento de combustibles.

Diésel deja de ser sustancia controlada

El decreto también retira de forma temporal al diésel de la lista de sustancias controladas, lo que, según analistas, reducirá la burocracia y agilizará la importación privada. Para expertos, esta medida elimina trabas administrativas que antes dificultaban el ingreso legal del carburante al país.