El Ministerio Público imputó a dos hombres por presuntos delitos sexuales cometidos contra adolescentes en la ciudad de Oruro. Tras las investigaciones iniciales, una autoridad jurisdiccional dispuso la detención preventiva de ambos imputados, informó el fiscal departamental, Aldo Morales Alconini.

Investigación inmediata y protección a las víctimas

El Fiscal Departamental de Oruro señaló que, al conocerse los hechos, la Fiscalía activó de manera inmediata las directrices investigativas, incluyendo valoraciones psicosociales, entrevistas en Cámara Gesell, registros de los lugares de los hechos y la recolección de elementos probatorios.

Entre las pruebas recabadas se encuentran informes psicológicos, entrevistas policiales y actas de denuncia, que sustentaron la solicitud de medidas cautelares y reafirman el compromiso institucional de proteger a la niñez y adolescencia.

Primer caso: presunto estupro agravado

En el primer proceso, la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales investiga un presunto delito de estupro con agravante ocurrido en enero de 2025. El imputado es un joven de 24 años, identificado como Michael J. A. P., presunto funcionario policial, quien habría mantenido una relación sentimental y sexual con una adolescente de 16 años.
El Juzgado de Instrucción, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer N° 1 dispuso su detención preventiva por 30 días en el penal de La Merced.

Segundo caso: violación contra una adolescente

En un segundo hecho, se investiga el presunto delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, cometido contra una víctima de 14 años. El acusado es un hombre de 39 años, identificado como Ricardo R. F., para quien la autoridad judicial ordenó detención preventiva por 45 días en el penal de San Pedro.

Denuncias presentadas por las madres

Ambos casos se conocieron a partir de denuncias presentadas por las madres de las víctimas, quienes detectaron comportamientos inusuales en sus hijas. Según los reportes, se identificaron indicios de control emocional y ofrecimientos económicos a cambio de contacto físico, lo que motivó la intervención inmediata de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV).