El Gobierno, a través del Ministerio de Hidrocarburos, reveló que el desvío ilegal de combustibles generaba hasta tres millones de dólares diarios, práctica que se redujo tras la eliminación de la subvención mediante el Decreto Supremo 5503, anunciada este martes en conferencia de prensa en La Paz.

Negocio millonario detrás del desvío de carburantes

El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, informó que el desvío de combustibles representaba un negocio ilegal estimado entre dos y tres millones de dólares diarios en todo el país.
Según la autoridad, esa magnitud económica era suficiente para corromper controles institucionales, funcionarios y mecanismos de fiscalización, debilitando cualquier intento operativo destinado a frenar el contrabando.

Medinaceli explicó que los contrabandistas adquirían diésel y gasolina a precios subvencionados en Bolivia, para luego trasladarlos a zonas fronterizas y venderlos a precios mayores.
Este esquema ilícito, sostuvo, se mantuvo durante años debido a la diferencia de precios con países vecinos, generando una fuerte distorsión en el consumo interno real.

Impacto del Decreto Supremo 5503

Con la promulgación del Decreto Supremo 5503, que elimina la subvención a los carburantes, el negocio dejó de ser rentable de manera inmediata, afirmó el ministro.
El encarecimiento del diésel y la gasolina redujo el incentivo económico para el contrabando, provocando una caída abrupta en la demanda artificial que existía anteriormente.

De acuerdo con Medinaceli, la medida no solo impactó en Bolivia, sino también en estaciones de servicio del Perú, donde se reportó desabastecimiento en algunas regiones.
Según explicó, varias de estas estaciones presuntamente se abastecían de combustible boliviano desviado de manera ilegal mediante cisternas que cruzaban la frontera.

Control versus solución económica

El ministro sostuvo que la solución al problema no era reforzar controles policiales o militares, sino eliminar el incentivo económico que sostenía el contrabando.
Incluso, reveló que se evaluó el uso de nanotecnología para rastrear el diésel, aunque consideró que la corrupción habría persistido pese a esas medidas.

“Había que quitarles el negocio”, afirmó Medinaceli, quien relató su experiencia personal al observar el traslado ilegal de combustible durante su estadía fuera del país.

Reducción del consumo y proyecciones

Según datos oficiales, el consumo de diésel cayó aproximadamente un 50% tras la vigencia del Decreto Supremo 5503, evidenciando el volumen destinado al contrabando.
El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Yussef Akly, estimó que el consumo se estabilizará entre un 30 y 40% acorde a la demanda real.

Ambas autoridades coincidieron en que el decreto busca garantizar el abastecimiento interno de carburantes y contribuir a la reactivación del sector hidrocarburífero nacional.