El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, advirtió este sábado 17 de octubre que más del 80% de las instituciones públicas y privadas incumple las disposiciones de inserción laboral para personas con discapacidad. La declaración se realizó durante la Marcha Blanca por la inclusión, desarrollada en la ciudad de La Paz, donde también anunció que se trabaja en una propuesta normativa para establecer sanciones ante estos incumplimientos.
Advierten incumplimiento de la normativa laboral
Callisaya señaló que la falta de oportunidades laborales limita el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, incluso de aquellas que cuentan con formación y capacidades profesionales. Durante la movilización, recordó que la Ley N.º 977 establece porcentajes obligatorios de inserción laboral del 4% en el sector público y del 2% en el privado. Sin embargo, según los datos expuestos por el defensor, estas disposiciones no se cumplen en más del 80% de las instituciones.
Proponen sanciones para las instituciones infractoras
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo trabaja en una propuesta normativa que permita establecer multas para las instituciones que incumplan las obligaciones de inclusión laboral. Callisaya también exhortó a las autoridades del nivel central, a los gobiernos autónomos departamentales y municipales, así como a las entidades que prestan servicios públicos, a implementar medidas que garanticen la accesibilidad y los ajustes razonables necesarios para una inclusión efectiva.
La Marcha Blanca reivindica los derechos de las personas con discapacidad
La movilización, denominada “Pasos por la inclusión, juntos hacemos de La Paz una ciudad inclusiva”, recorrió las principales vías de la sede de Gobierno y concluyó con un acto central en la plaza Camacho. La actividad fue organizada por el Consejo Ciudadano de Personas con Discapacidad y el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en el marco del Día Nacional de las Personas con Discapacidad, conmemorado el 15 de octubre. Participaron autoridades municipales, representantes de organizaciones y personas vinculadas a la defensa de estos derechos.