La representante de la Asociación de Víctimas de la Justicia, Paola Ceballos, denunció que trámites administrativos, suspensión de audiencias y dificultades para acceder a documentos pueden prolongar la incertidumbre de personas sometidas a procesos penales.
Cuestionan aplicación de garantías
Ceballos sostuvo que existe una diferencia entre las garantías reconocidas por la legislación y su aplicación en los procesos penales. Según afirmó, algunas personas imputadas serían requeridas para presentar pruebas de descargo, pese a que la responsabilidad de demostrar la acusación corresponde a la parte acusadora.
La representante señaló que esta situación puede generar dificultades para quienes enfrentan un proceso judicial y, según su denuncia, afectar la aplicación práctica de la presunción de inocencia.
Observan dificultades para acceder a medidas sustitutivas
La activista también cuestionó las condiciones para acceder a medidas sustitutivas a la detención preventiva. Mencionó casos en los que, según su testimonio, se habrían establecido fianzas de hasta Bs 20.000 para personas de bajos ingresos.
Ceballos cuestionó la posibilidad de que trabajadores con recursos económicos limitados puedan reunir esos montos para acceder a dichas medidas.
Señalan problemas para acreditar arraigo
Otro de los aspectos observados está relacionado con la acreditación del arraigo. Según Ceballos, las dificultades afectan principalmente a personas que viven en alquiler, bajo anticrético o que únicamente cuentan con documentos privados de compraventa.
La representante sostuvo que estas situaciones pueden dificultar la presentación de documentación requerida durante los procesos judiciales.
Advierten sobre demoras administrativas
Ceballos también señaló que existen demoras para obtener registros domiciliarios, documentos que pueden ser utilizados para acreditar arraigo y desvirtuar riesgos procesales.
Según su denuncia, la acumulación de trámites, las dificultades documentales y la suspensión de audiencias pueden prolongar la incertidumbre de las personas involucradas en procesos penales.
Dato: Ceballos mencionó casos en los que las fianzas para acceder a medidas sustitutivas habrían alcanzado hasta Bs 20.000.