Diputados de la alianza Libre anunciaron acciones para promover un juicio de responsabilidades contra el expresidente Luis Arce por la designación de Brenda Lafuente como directora de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) en 2021. Los legisladores buscan establecer si la exautoridad cumplía los requisitos exigidos por la normativa para asumir el cargo.
Buscan reunir pruebas para una acusación
Los diputados Rafael López y Glenda Aguilera informaron que preparan una proposición acusatoria y que actualmente impulsan una investigación contra el exministro de Minería, Ramiro Villavicencio, con el objetivo de obtener documentación, declaraciones e indicios relacionados con el nombramiento.
Según los legisladores, la investigación pretende esclarecer las circunstancias en las que se produjo la designación de Brenda Lafuente mediante la Resolución Suprema N.º 27407, firmada en enero de 2021.
La experiencia profesional es el punto central del caso
La denuncia se enfoca en el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 535 de Minería y Metalurgia. De acuerdo con los denunciantes, el cargo de director ejecutivo nacional de la AJAM exige al menos seis años de experiencia profesional.
Los legisladores sostienen que Lafuente habría obtenido su título de abogada cuatro años antes de asumir la dirección de la entidad, por lo que consideran que no cumpliría con el tiempo de experiencia requerido por la norma. Este aspecto será evaluado durante la investigación.
La Fiscalía continúa con las indagaciones
En el marco del proceso, el exministro Ramiro Villavicencio fue convocado a declarar, aunque, según la denuncia, no se presentó a la citación. Posteriormente se emitió una orden de aprehensión que aún no habría sido ejecutada.
La investigación deberá determinar si existieron irregularidades en la designación y si corresponde atribuir responsabilidades a las autoridades que participaron en la emisión de la resolución que oficializó el nombramiento.
Dato: La AJAM es la entidad encargada de administrar y regular los derechos mineros en Bolivia, además de supervisar el cumplimiento de la normativa relacionada con la actividad minera.
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