La Policía evitó que la exministra de Culturas abandone Bolivia rumbo a Argentina, debido a la obligación legal que tienen las autoridades salientes de permanecer tres meses en territorio nacional.
Intento de salida frustrado en frontera con Argentina
La exministra de Culturas, Sabina Orellana Cruz, intentó abandonar el país el domingo 25 de enero con destino a la República Argentina; sin embargo, su salida fue impedida por efectivos policiales en el puesto fronterizo de Villazón, en el departamento de Potosí. El hecho se produjo en cumplimiento de la normativa vigente que restringe temporalmente la salida del país a exautoridades del nivel central del Estado.
La información fue confirmada este lunes por el director de Interpol Bolivia, Pompeo Sánchez, quien precisó que el control migratorio detectó que Orellana aún se encontraba dentro del plazo establecido por ley para permanecer en territorio nacional tras dejar el cargo.
No hubo aprehensión ni arresto
El jefe policial aclaró que la exautoridad no fue aprehendida ni arrestada, debido a que la Ley 1352 no contempla sanciones penales inmediatas como la detención. En ese marco, la Policía únicamente procedió a comunicarle que no podía abandonar el país y le recomendó cumplir con la disposición legal vigente.
Sánchez explicó que el rol de la Policía en estos casos se limita a hacer cumplir la norma administrativa, sin ejecutar acciones coercitivas adicionales, siempre que no exista una orden judicial expresa o una investigación penal abierta en curso.
Alcances de la Ley 1352
La Ley N° 1352 establece la obligación de permanecer en Bolivia por tres meses para las autoridades nacionales, departamentales y municipales que hayan concluido su mandato. Esta disposición alcanza a ministros, viceministros, gobernadores, alcaldes y otras altas autoridades del Estado.
Según la normativa, esta permanencia obligatoria tiene como finalidad garantizar que las autoridades salientes puedan rendir informes, aclarar observaciones administrativas y responder a eventuales requerimientos de las instancias de control del Estado.
Transparencia y control posterior a la gestión
El espíritu de la ley apunta a fortalecer la transparencia y evitar la impunidad, especialmente ante posibles hechos de corrupción cometidos durante la gestión pública. La norma señala que este periodo permite precautelar los intereses del Estado y asegurar la continuidad administrativa de las instituciones públicas.
Asimismo, la permanencia obligatoria busca facilitar auditorías, procesos de transición ordenados y la entrega de documentación que respalde la ejecución de políticas públicas, programas y uso de recursos estatales durante la gestión concluida.
El caso de la exministra Sabina Orellana reavivó el debate público sobre el cumplimiento de esta normativa y el rol de los controles fronterizos, en un contexto donde la ciudadanía exige mayor fiscalización y responsabilidad de las exautoridades tras dejar funciones en el Estado.
