El Decano del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure, fue asesinado el 30 de abril en Santa Cruz por sujetos armados que lo interceptaron en motocicleta; autoridades investigan el hecho y manejan como hipótesis un conflicto por tierras, mientras organismos nacionales e internacionales exigen una investigación rápida y exhaustiva.
Hipótesis inicial en investigación
La investigación por el asesinato de Víctor Hugo Claure comenzó con un despliegue conjunto del Ministerio Público y la Policía. Según el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, y el comandante policial David Gómez, una de las principales líneas apunta a un presunto conflicto por tierras, aunque no se descartan otros móviles.
Ataque armado en Santa Cruz
El crimen ocurrió la noche del jueves 30 de abril, cuando Claure fue interceptado por dos sujetos en motocicleta en la avenida Busch, cerca del cuarto anillo. Uno de los atacantes le disparó en repetidas ocasiones antes de darse a la fuga. La autopsia confirmó que recibió cuatro impactos de bala que le provocaron un shock hipovolémico y la muerte.
Refuerzan seguridad para autoridades judiciales
Tras el hecho, la Policía activó un plan de resguardo para magistrados. Al menos 13 autoridades cuentan con seguridad reforzada en sus desplazamientos y lugares de residencia. Además, se intensificaron operativos en Santa Cruz y zonas fronterizas con el objetivo de desarticular posibles organizaciones criminales.
Velorio y pedido de justicia
El velorio del magistrado se realizó en Cochabamba, donde familiares y allegados exigieron justicia y garantías ante posibles represalias. En Sucre también se instalaron actos de homenaje institucional, mientras el Órgano Judicial declaró nueve días de duelo y dispuso medidas simbólicas en todo el país.
Condena nacional e internacional
La ONU y diversas organizaciones internacionales condenaron el asesinato y pidieron una investigación “pronta y exhaustiva” para identificar a los responsables. Instituciones del Estado, asociaciones de magistrados y organismos judiciales de la región también expresaron su repudio, advirtiendo que este crimen representa una grave amenaza a la independencia judicial y a la seguridad en Bolivia.
