El Decreto Supremo 5503, promulgado por el Gobierno de Rodrigo Paz Pereira, introduce un nuevo marco para la inversión productiva en el país que prioriza a sectores extractivos como la minería, los hidrocarburos y la agroindustria, al mismo tiempo que establece mecanismos de aprobación acelerada que han generado fuertes cuestionamientos desde ámbitos sociales y ambientales.
La norma, que acompaña el retiro de la subvención a los combustibles y la aplicación de nuevas tarifas, define como “inversiones estratégicas prioritarias” a proyectos vinculados con minería y metalurgia formal, hidrocarburos y energía, generación eléctrica, agroindustria, infraestructura logística y manufactura orientada a la exportación. Esta clasificación les otorga beneficios especiales y un tratamiento preferente dentro de la planificación económica del Estado.
Uno de los aspectos más controvertidos del decreto es la adopción del “silencio administrativo positivo” como regla general para la aprobación de proyectos de inversión estratégica. Esto implica que, si la administración pública no emite una respuesta dentro del plazo establecido, la autorización se considera concedida de manera automática. El procedimiento denominado “fast track” fija un máximo de 30 días calendario para la evaluación técnica, con plazos perentorios y una ventanilla única que concentra todo el trámite.
Desde colectivos ambientales y sectores críticos, se advierte que esta disposición podría vulnerar normas nacionales e internacionales relacionadas con el acceso a la información pública y ambiental. Activistas señalan que la reducción de plazos y la aprobación tácita limitan el control social, la fiscalización ciudadana y el derecho de periodistas y comunidades a conocer el impacto real de los proyectos extractivos.
A estas críticas se suma el régimen de estabilidad jurídica y tributaria reforzada que contempla el decreto, el cual garantiza hasta 15 años de inalterabilidad en materia de impuestos, aranceles, comercio exterior y acceso a divisas para las inversiones acogidas a este esquema. Las modificaciones normativas futuras no se aplicarían a estos proyectos, salvo aceptación expresa del inversionista, lo que —según analistas— blinda a las actividades extractivas frente a eventuales cambios regulatorios.
Especialistas consultados consideran que el decreto configura un giro económico que favorece a grandes capitales vinculados a la explotación de recursos naturales, sin establecer mecanismos claros de protección social o ambiental para las poblaciones afectadas. También cuestionan que, en un contexto de crisis económica y ajuste, el peso de las medidas recaiga sobre la ciudadanía, mientras sectores estratégicos reciben garantías ampliadas.
Las observaciones apuntan además a posibles contradicciones con compromisos internacionales asumidos por el Estado boliviano, como el Acuerdo de Escazú, que garantiza el acceso a la información ambiental y la participación pública en decisiones que afectan al medio ambiente.
El Decreto Supremo 5503 continúa generando debate, mientras distintos sectores anuncian que seguirán evaluando sus alcances legales, económicos y ambientales.
Así informó El Deber.
