El presidente Rodrigo Paz presentó este lunes a los integrantes de la Comisión de la Verdad de los Hidrocarburos, una instancia interinstitucional que investigará presuntos hechos de corrupción, desfalco y robo en el sector hidrocarburífero, anunciada desde la Casa Grande del Pueblo, en la ciudad de La Paz.
Objetivo de la comisión
La Comisión de la Verdad de los Hidrocarburos tiene como finalidad documentar hechos, explicar causas y señalar presuntas responsabilidades vinculadas al desabastecimiento de combustibles y a irregularidades en la gestión del sector energético. El Gobierno busca, con este mecanismo, fortalecer la memoria institucional y sentar bases para una administración transparente de los recursos hidrocarburíferos.
Trabajo sin plazo definido
El presidente Rodrigo Paz informó que la comisión no tendrá un plazo límite para presentar resultados e incluso planteó que funcione de manera permanente. Señaló que la magnitud de los presuntos hechos de corrupción amerita un trabajo sostenido y profundo, considerando que podrían derivarse múltiples denuncias ante las instancias correspondientes.
Auditoría forense y apoyo legal
El procurador general del Estado, Hugo León La Faye, explicó que el trabajo se organizará en unidades de auditoría forense y jurídica. Estas instancias tendrán la tarea de “desmenuzar la verdad” y generar insumos para las investigaciones que el Ministerio Público ya inició o que pueda activar en el futuro.
Composición interinstitucional
La comisión está integrada por autoridades del Ejecutivo, representantes de YPFB, la ANH y legisladores de distintas fuerzas políticas. Entre sus miembros se encuentran el presidente Rodrigo Paz; el procurador Hugo León La Faye; ministros, viceministros y diputados del PDC, Unidad, Libre y APB-Súmate, además de los máximos representantes de YPFB y la ANH.
Compromiso del Estado
El Gobierno afirmó que este trabajo compromete el esfuerzo conjunto de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Paz remarcó que el objetivo central es esclarecer responsabilidades y garantizar que los recursos energéticos del país sean administrados con transparencia, en beneficio del Estado y de la población boliviana.
