El Tribunal Supremo Electoral (TSE) alertó sobre una ola de amenazas, hostigamientos y actos violentos dirigidos contra sus vocales, y solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Amenazas y atentados contra vocales
El vocal Tahuichi Tahuichi denunció que desde la convocatoria a las elecciones del 17 de agosto, las autoridades electorales han sido blanco de “ataques sistemáticos” con mensajes y acciones diseñadas para desestabilizar el proceso. Entre los hechos más graves figura un atentado con explosivos en la puerta del domicilio de un vocal del TSE en Cochabamba, además de la difusión pública de direcciones y datos familiares, lo cual viola sus derechos a la vida y la integridad personal.
Judicialización y presión política
El TSE también advirtió sobre una creciente ola de judicialización del proceso electoral. Se han presentado amparos, acciones de cumplimiento y solicitudes de destitución que buscan paralizar o desacreditar al Órgano Electoral. Tahuichi afirmó que con esta estrategia se busca silenciar a las autoridades electorales, aunque él aseguró que las elecciones están garantizadas.
Resguardo institucional y solicitud a la CIDH
Ante la situación, el TSE pidió formalmente medidas cautelares a la CIDH para garantizar la protección de sus vocales y sus familias. También solicitó al Estado boliviano, a través del Ministerio de Gobierno y la Policía, reforzar la seguridad en los nueve departamentos.
Impacto sobre el proceso electoral
A pesar del ambiente de conflicto y campaña por parte de seguidores de Evo Morales, quienes han movilizado bloqueos, amenazas y presión política tras su inhabilitación, el TSE reafirma su compromiso con el calendario electoral y la realización de elecciones transparentes el próximo 17 de agosto. La entidad enfatiza que su labor debe continuar sin presiones ni coacción política.
Llamado a autoridades y actores políticos
El Tribunal instó a las autoridades judiciales, el Ministerio Público y los actores políticos a actuar con responsabilidad y respeto al principio de preclusión, evitando medidas de hecho o recursos que vulneren la institucionalidad democrática. Asimismo, solicitó apoyo internacional para fortalecer su labor y prevenir un eventual bloqueo al proceso.
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