El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, presentó ante la Asamblea Legislativa Plurinacional el proyecto de Presupuesto General del Estado (PGE) 2026 Reformulado. La propuesta destaca por un recorte significativo en el gasto corriente y una reorientación de recursos hacia sectores sociales estratégicos, marcando un giro en la política fiscal del país.
Recorte en el gasto y reasignación de recursos
El reformulado contempla una reducción de 4.100 millones de bolivianos en el gasto público global. De este ajuste, el Gobierno ha dispuesto que 1.000 millones de bolivianos se redirijan de manera directa para fortalecer los sistemas de salud y educación. Según la autoridad, este movimiento busca optimizar la administración estatal eliminando gastos superfluos y priorizando las necesidades básicas de la población.
Sinceramiento macroeconómico y metas 2026
El nuevo presupuesto ajusta las proyecciones económicas del país para el cierre del año, reflejando un escenario de estabilización:
- Déficit Fiscal: Se proyecta una reducción importante, bajando de estimaciones iniciales del 16% al 9% del PIB.
- Inflación: El Gobierno prevé cerrar el año con una inflación del 14,94%, una caída significativa respecto a los niveles registrados en 2025.
- Crecimiento: Se estima un decrecimiento económico moderado del 1,28%, cifra que el Ejecutivo considera manejable dentro del proceso de ordenamiento financiero.
Evaluación de empresas públicas
Uno de los puntos más relevantes del reformulado es la instrucción a la Oficina de Fortalecimiento de Empresas Públicas (OFEP) para evaluar la viabilidad de las estatales. Se ha otorgado un plazo de 90 días para analizar su desempeño; aquellas empresas que generen déficit crónico y no cumplan con criterios técnicos podrían ser cerradas o reestructuradas para frenar la pérdida de recursos públicos.
Digitalización y transparencia («Caja de Cristal»)
El ministro Espinoza enfatizó que este presupuesto nace bajo una nueva plataforma digital que permitirá rastrear cada boliviano invertido. Denunció que, tras digitalizar la historia fiscal del país, se detectó que el 20% de la información financiera de los últimos 20 años no existe o fue extraviada, calificando la situación de «dramática». Con el nuevo sistema, el Ejecutivo asegura que la gestión pasará de ser una «cajita negra» a una «caja de cristal».
Mayor autonomía para regiones
El proyecto también incluye modificaciones para agilizar la gestión de recursos en gobiernos subnacionales. Los tiempos para modificaciones presupuestarias internas en alcaldías y gobernaciones, que antes demoraban hasta 45 días, se reducirán a un rango de 0 a 15 días, otorgando mayor dinamismo a la inversión pública local.
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