El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) cuestionó el anteproyecto del Código Minero de Bolivia. Según su análisis, la propuesta permitiría contratos de hasta 60 años y podría afectar los derechos de las comunidades y la protección ambiental.
CEDLA cuestiona duración de contratos y participación privada
El investigador del CEDLA, Alfredo Zaconeta, presentó un análisis sobre el anteproyecto del nuevo Código Minero y sus diferencias con la Ley 535, vigente desde 2014. Según el estudio, la propuesta contempla contratos de derechos mineros por 30 años, prorrogables por otros 30. Además, permitiría asociaciones entre cooperativas y empresas privadas nacionales o extranjeras. Zaconeta considera que estas disposiciones podrían favorecer el control prolongado de áreas mineras y generar conflictos con principios constitucionales.
Anteproyecto genera observaciones sobre derechos indígenas y medioambiente
Por otra parte, el investigador advirtió que la propuesta establece limitaciones a la consulta previa de las comunidades indígenas. Según su interpretación, el procedimiento no permitiría vetar proyectos mineros y tendría un plazo máximo de tres meses. Asimismo, cuestionó las disposiciones que permitirían actividades extractivas en áreas protegidas, humedales y zonas cercanas a ríos, sujetas a determinadas autorizaciones. El análisis también observa que el anteproyecto plantea reducir progresivamente el uso de mercurio, sin establecer plazos ni metas obligatorias.
Investigador pide mayor atención a la minería ilegal y los derechos laborales
El estudio también cuestiona la creación de la Agencia Nacional de Seguridad y Protección Minera (AGEPROMIN), al considerar insuficientes sus mecanismos para enfrentar la minería ilegal. Además, señala que la propuesta no contempla un reconocimiento específico para distintos trabajadores de la minería artesanal y de pequeña escala, como palliris, barranquilleros y asalariados de cooperativas. Finalmente, Zaconeta advirtió que el nuevo Código Minero debería considerar la protección de los derechos laborales, los territorios indígenas y los recursos naturales, además del desarrollo de la actividad extractiva.

