La representante en Bolivia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Mónica Mendoza, advirtió que el país se ha convertido en un centro de operaciones para organizaciones criminales transnacionales. Según la funcionaria, estos grupos operan con apoyo de redes locales y están vinculados a disputas territoriales, mientras el organismo alerta sobre el aumento de los cultivos de coca y la infiltración del crimen organizado en instituciones.
Organizaciones extranjeras operan con redes locales
Mendoza identificó la presencia de organizaciones criminales como el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de México, y las brasileñas Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV), además de grupos procedentes de Perú y Colombia. La representante aclaró que no se refiere a carteles originarios de Bolivia, sino a estructuras extranjeras que operarían con la anuencia de organizaciones locales. También señaló que el incremento de casos de sicariato refleja posibles disputas entre estos grupos por el control de territorios y rutas delictivas.
Aumentan los cultivos de coca y las actividades criminales
De acuerdo con el último informe de la UNODC citado por Mendoza, los cultivos de coca en Bolivia aumentaron un 7 %, al pasar de 34.000 hectáreas en 2024 a 36.400 en 2025. La funcionaria sostuvo que el problema va más allá de la producción y el tránsito de drogas, pues converge con delitos como el contrabando, la trata de personas, la corrupción y la minería ilegal. Bolivia ocupa el tercer lugar mundial en superficie de cultivos de coca, después de Colombia y Perú, según los datos mencionados en el informe.
ONU plantea una respuesta integral contra el narcotráfico
La representante también alertó sobre la posible infiltración del crimen organizado en instituciones judiciales y la formación de redes de corrupción que dificultan la persecución penal. En ese contexto, consideró necesario fortalecer la cooperación internacional, investigar las finanzas de las organizaciones criminales y mejorar las capacidades operativas del Estado. Entre los desafíos mencionó la aprobación de normas contra el lavado de dinero y mecanismos de extinción de dominio, además de la obtención de sentencias judiciales en casos de narcotráfico. El Gobierno de Rodrigo Paz, por su parte, ha retomado la cooperación con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) como parte de su estrategia antinarcóticos.