Un documento de imputación formal señala que una presunta estructura vinculada al Ministerio Público habría brindado protección al narcotraficante Sebastián Marset a cambio de pagos de hasta $us 500.000 mensuales. Cuatro funcionarios fueron imputados por organización criminal y tráfico de sustancias controladas.
Documento señala pagos por protección
Según la imputación, la comisión de fiscales sostiene que la presunta estructura habría ofrecido protección a Marset para facilitar su evasión de operativos policiales.
El documento señala que los pagos habrían alcanzado hasta $us 500.000 mensuales, aunque estas acusaciones forman parte de la investigación y deberán ser establecidas por la justicia.
Aprehenden a cuatro personas
Entre los principales investigados se encuentran el exfiscal general Róger Mariaca, los fiscales Martín Irusta y Alberto Zeballos, además del mayor de la Policía Rubén Aparicio.
Mariaca y Zeballos fueron aprehendidos durante un operativo realizado en el aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz. Irusta fue detenido en instalaciones de la Fiscalía General en Sucre, mientras que Aparicio fue aprehendido en La Paz.
Investigación incluye documentos y bienes
Durante los operativos, las autoridades reportaron el secuestro de dinero, dispositivos electrónicos, joyas y documentación perteneciente a los investigados.
En el caso de Irusta, la imputación señala que fue encontrado cuando presuntamente intentaba retirar expedientes y documentación relacionada con la investigación.
Fiscalía identifica presuntos roles
De acuerdo con el documento de imputación, Mariaca habría tenido un papel central dentro de la estructura investigada. También señala a Irusta como un presunto operador dentro del Ministerio Público y a Aparicio como supuesto encargado de brindar protección policial.
La investigación también menciona que Mariaca designó a Irusta como Fiscal Superior en Recursos Humanos en febrero de 2026.
Investigación continúa
Mariaca, Irusta, Zeballos y Aparicio fueron imputados por los delitos de organización criminal y tráfico de sustancias controladas.
Las acusaciones deberán ser sometidas al debido proceso y será la justicia la que determine la responsabilidad de los investigados.
Dato: La investigación menciona pagos de hasta $us 500.000 mensuales por presunta protección a Marset.