Un total de 17 personas murieron de forma violenta en centros penitenciarios de Bolivia en lo que va de 2026, cifra que supera los 15 decesos registrados durante todo 2025, informó el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, quien alertó sobre el incremento de la violencia en las cárceles del país.
Defensoría alerta sobre incremento de la violencia
Callisaya señaló que las 17 muertes violentas registradas hasta septiembre representan una cifra que no se había observado anteriormente y advirtió sobre una grave crisis de justicia en el ámbito penitenciario.
El Defensor del Pueblo exhortó a las instituciones a priorizar medidas de prevención de la tortura y la violencia en los centros de privación de libertad.
Más de 33.000 personas están privadas de libertad
Actualmente, más de 33.000 personas se encuentran privadas de libertad en 46 recintos penitenciarios del país. El hacinamiento alcanza niveles críticos en cárceles como San Pedro, en La Paz, y Palmasola, en Santa Cruz.
Además, el 53,9% de las personas privadas de libertad se encuentra con detención preventiva, situación que evidencia, según Callisaya, problemas estructurales en el sistema de justicia y penitenciario.
Plantean transformar las condiciones de las cárceles
Ante este panorama, Callisaya planteó que el Estado debe superar las respuestas únicamente reactivas y trabajar en la transformación de las condiciones que favorecen la violencia y los malos tratos en los centros penitenciarios.
“La verdadera medida del éxito no será cuántas denuncias de tortura se reciben, sino cuántas condiciones que hacen posible la tortura han sido eliminadas”, afirmó.
Seminario aborda la prevención de la tortura
El Seminario Internacional “Sistemas Penitenciarios y Prevención de la Tortura en América” se desarrolla este miércoles y jueves en Santa Cruz de la Sierra, organizado por la Defensoría del Pueblo en su calidad de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
Durante el encuentro participan representantes de Naciones Unidas, organismos internacionales, cooperación internacional y mecanismos de prevención de la tortura de distintos países de la región, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer la prevención, el monitoreo y la investigación para garantizar los derechos de las personas privadas de libertad.
Dato: El 53,9% de las personas privadas de libertad en Bolivia se encuentra con detención preventiva.