Una delegación oficial del Estado Plurinacional de Bolivia, encabezada por el Viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Paz Ide, sostuvo una reunión clave con directivos y especialistas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington para denunciar las graves consecuencias sociales, económicas y humanitarias que provocan las movilizaciones y el cierre de carreteras en el país.
Evaluación multisectorial de la crisis
El encuentro de alto nivel contó con la participación activa de tres dependencias estratégicas del organismo internacional, permitiendo un abordaje integral de la coyuntura boliviana:
- Secretaría Ejecutiva de la CIDH: Recibió el informe oficial sobre la situación política y los focos de conflictividad que afectan la estabilidad del país.
- Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE): Evaluó el escenario de seguridad para el trabajo periodístico, en un contexto marcado por recientes agresiones a trabajadores de la prensa durante la cobertura de los disturbios.
- Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA): Analizó el impacto crítico de los bloqueos sobre los derechos fundamentales de la población, tales como el desabastecimiento de oxígeno medicinal en hospitales, la suspensión de servicios básicos de gas y la crisis alimentaria derivada de la interrupción del transporte de productos esenciales.
Compromiso con el orden democrático
Durante la sesión, la representación diplomática boliviana reafirmó la postura del Gobierno nacional de resolver la crisis mediante mecanismos pacíficos. Las autoridades enfatizaron el compromiso del Estado con la plena vigencia de los derechos humanos, el impulso a las mesas de diálogo con los sectores en conflicto y la defensa estricta de la institucionalidad y el orden constitucional vigente.
Dato: La reunión ante el órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se produce en una semana crucial, coincidiendo con los pronunciamientos de otros organismos internacionales como la Unión Europea, que han condenado de forma unánime el uso de la violencia en las protestas.
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