La Justicia determinó la detención preventiva por cinco meses del exgerente de Boliviana de Aviación, Ronald Casso, investigado por un supuesto daño económico de Bs 18,4 millones por la operación de la ruta Viru Viru–La Habana. La medida se cumplirá en el penal de San Antonio, en Cochabamba, tras una audiencia cautelar realizada este viernes.
Investigación por la ruta a Cuba
Ronald Casso fue aprehendido el miércoles en el marco de una investigación impulsada por el Viceministerio de Transparencia, que lo acusa de los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. El proceso está relacionado con la apertura de la ruta internacional entre Santa Cruz y La Habana, Cuba.
Detención preventiva por cinco meses
La audiencia cautelar se extendió por más de cinco horas, al término de las cuales un juez dispuso la detención preventiva del exejecutivo en el penal de San Antonio. La Fiscalía sostiene que la operación de esta ruta habría generado pérdidas millonarias debido a la baja demanda de pasajeros entre 2023 y 2024.
La defensa rechaza el supuesto daño
El abogado Javier García afirmó que durante la gestión de Casso no existieron pérdidas, sino utilidades para la empresa estatal. “Han determinado que entre 2023 y 2024 no ha existido ningún daño económico y, por el contrario, hubo utilidad para la empresa”, aseguró tras conocer la resolución judicial.
La investigación alcanza a otras exautoridades
El Ministerio Público amplió las pesquisas hacia exmiembros del directorio de BoA que aprobaron la apertura de la ruta, así como al exministro de Obras Públicas, Édgar Montaño. La Fiscalía busca establecer responsabilidades administrativas y penales en las decisiones que permitieron la operación del vuelo a Cuba.
Vuelos con baja ocupación
Según la denuncia, BoA destinó un avión Boeing 737-800 de 168 plazas para esta ruta sin contar con un informe técnico que justificara la operación. En algunos vuelos la demanda fue mínima: el 30 de noviembre de 2023 la aeronave transportó solo 17 pasajeros y el 22 de febrero de 2024, apenas 22, lo que sustenta el presunto daño económico de Bs 18,4 millones.
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