El vicepresidente Edmand Lara anunció que este viernes se prevé la interpelación al ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, para que explique la compra y control del combustible distribuido en el país y las denuncias por daños en motores; sin embargo, el presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, advirtió que el acto podría carecer de efectos jurídicos sin una nueva ley que regule este mecanismo de fiscalización.

Exigencia de explicaciones por combustible

El vicepresidente Edmand Lara informó que la interpelación al ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, está prevista para este viernes, en medio de cuestionamientos por la adquisición del carburante y su presunta relación con fallas mecánicas en vehículos. Según señaló, la población demanda respuestas claras sobre los precios de compra del combustible, los controles realizados y las acciones que se asumirán ante eventuales daños a motores.

Observaciones desde el Senado

No obstante, el presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, indicó que no tiene conocimiento oficial de la convocatoria y recordó que un pronunciamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional estableció que la actual normativa sobre interpelaciones no genera efectos legales. En ese marco, advirtió que el procedimiento podría quedar sin consecuencias jurídicas si no se adecúa previamente el marco normativo.

Pedido de una nueva ley de interpelación

Ávila explicó que envió una nota formal al vicepresidente solicitando priorizar la aprobación de una nueva ley que regule este mecanismo de fiscalización parlamentaria. Según el legislador, la finalidad es garantizar que las interpelaciones produzcan resultados concretos y no se conviertan en actos sin efectos vinculantes, lo que —a su criterio— debilitaría la función de control político del Legislativo.

Tensión institucional y vacío normativo

El escenario plantea un nuevo foco de tensión institucional, donde la exigencia de rendición de cuentas sobre el suministro de combustible se enfrenta a un vacío normativo que podría limitar el alcance de la fiscalización. Mientras desde la Vicepresidencia se insiste en avanzar con la interpelación, desde el Senado se advierte que sin una ley actualizada el acto podría carecer de validez jurídica efectiva.