El exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, alertó que la siguiente administración estatal no solo deberá enfrentar el desabastecimiento de combustibles, sino también una crisis jurídica a raíz de la disputa millonaria iniciada por la petrolera Shell contra el Estado boliviano.
Dos frentes de crisis
“Le están dejando una bomba al próximo gobierno de desabastecimiento y otra bomba en el tema jurídico del país, de seguridad jurídica”, señaló Ríos, en referencia al proceso internacional que activó Shell.
La petrolera sostiene que Bolivia vulneró el tratado bilateral de protección de inversiones con el Reino Unido y apunta a seis acciones concretas que habrían afectado su negocio en el país.
Monto en disputa y percepción internacional
De acuerdo con el exministro, el monto inicialmente discutido rondaba entre 10 y 12 millones de dólares, pero la cifra se habría incrementado tras nuevas observaciones, lo que a su juicio envía una “mala señal” a los inversores externos sobre la seguridad jurídica en Bolivia.
Reclamos de Shell
La empresa denuncia que el Estado intervino de manera indebida en tres contratos con YPFB, reduciendo la rentabilidad de su inversión. También acusa a tribunales bolivianos de anular un laudo arbitral emitido a su favor, lo que considera una denegación de justicia.
Además, Shell señala incumplimientos de pago, negativa de acceso a documentación necesaria para concluir relaciones contractuales y la venta no autorizada de crudo de su propiedad.
Investigación en curso
El caso sigue en proceso y la próxima administración gubernamental deberá encarar tanto la crisis energética como esta disputa legal internacional, que podría derivar en un millonario costo para el Estado boliviano.
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