La Cámara de Diputados informó este sábado 4 de octubre de 2025 sobre el fallecimiento de Celia Nancy Rivera Mamani, legisladora titular por Potosí y miembro del Movimiento Al Socialismo (MAS). Aún se desconocen las causas de su muerte.
Trayectoria y legado
Nancy Rivera Mamani nació el 20 de octubre de 1961 y dedicó gran parte de su vida a la política y al servicio público. Durante su gestión, se destacó por su compromiso con la ciudadanía y su labor en el Legislativo.
Mensaje oficial
La Cámara de Diputados expresó: “Su compromiso, vocación de servicio y entrega por Bolivia quedarán siempre en la memoria del Legislativo y del pueblo boliviano”, enviando condolencias a la familia de la exautoridad.
Impacto en la política local
Su fallecimiento representa una pérdida para el departamento de Potosí y el ámbito legislativo, donde su trabajo y dedicación habían dejado una huella reconocida por colegas y ciudadanos.
Un turista de nacionalidad estadounidense perdió la vida mientras intentaba escalar la cumbre del Huayna Potosí, en La Paz. El incidente ocurrió el 4 de octubre de 2025 y la Policía inició una investigación para esclarecer las circunstancias del deceso.
Rescate y trabajo del equipo de bomberos
El equipo de socorro andino recibió la alerta sobre el excursionista que comenzó a sentirse mal durante el ascenso, alcanzando a decir “mi corazón”. Fueron necesarias aproximadamente ocho horas de trabajo para localizar y descender el cuerpo desde la cumbre.
Detalles del operativo
El rescatista Sergio Condori informó que el recorrido hasta la zona de la cumbre fue complicado y contó con la asistencia de guías de campo. El equipo regresó a La Paz cerca de las 10 de la noche tras completar el operativo.
Investigación en curso
Las autoridades están entrevistando a testigos para determinar si el turista contaba con acompañamiento profesional y si cumplía con las medidas de seguridad necesarias para el ascenso, con el fin de esclarecer las causas exactas del accidente.
El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, calificó de “irresponsable” la presencia del gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, en el predio Patujú durante un operativo policial de retoma el 3 de octubre de 2025, señalando que puso en riesgo su vida y la de su comitiva.
Operativo y contexto
El predio Patujú había sido avasallado hace una semana y fue liberado mediante un operativo con más de 500 efectivos policiales. Durante el intento de recuperación del terreno, los invasores ofrecieron resistencia violenta, y siete personas fueron aprehendidas junto con el secuestro de dos motocicletas.
Actuación de Camacho
Horas antes de la intervención policial, Camacho y dirigentes cívicos ingresaron al predio, superando cercas y alambres, y grabaron un video anunciando que no se retirarían hasta la llegada de la Policía, responsabilizando al MAS por la toma del terreno. El operativo permitió que Camacho y su comitiva abandonaran el lugar sin mayores inconvenientes.
Reproche del Gobierno
Ríos advirtió que la acción de Camacho fue temeraria y pudo derivar en una escalada de violencia. Criticó la politización del hecho y el señalamiento hacia el MAS, destacando que la responsabilidad era del Ministerio Público y la Policía en la conducción del operativo.
Investigación en curso
El ministro informó que se remitirá al Ministerio Público la investigación sobre la participación de Camacho y su comitiva, para determinar si fueron retenidos o secuestrados, y evaluar posibles responsabilidades por su intervención en el predio avasallado.
Según datos del Ministerio Público, entre enero y septiembre de 2025 se registraron 22 casos de infanticidio en Bolivia. La mitad de las víctimas tenían entre 0 y 2 años y, en muchos casos, fueron asesinadas por personas de su entorno familiar.
Perfil de las víctimas
El 50% de los infantes eran menores de 3 años, el 22% tenían entre 3 y 5 años y el resto entre 6 y 12 años. La mayoría no podían valerse por sí mismos y dependían totalmente de quienes deberían protegerlos, lo que hace que estos casos generen un profundo impacto social.
Regiones más afectadas
Cochabamba lidera las cifras con 6 casos, seguida de La Paz y Santa Cruz con 5 cada una. El fiscal Superior de Vida y Personas, Sergio Fajardo, indicó que la mayoría de los responsables ya fueron identificados y enfrentan procesos judiciales, muchos de ellos con detención preventiva.
Formas de agresión y responsables
Los métodos de violencia incluyen golpes o traumas (45%), asfixia (27%) e intoxicación con químicos (18%). En cuanto a los autores, en el 22% de los casos fue la madre, en el 18% el padrastro y en el 13% el padre biológico, revelando que el hogar, que debería ser un lugar seguro, se convirtió en escenario de los crímenes.
Casos destacados
En Puerto Villarroel, Cochabamba, Adriana Z.A., de 6 años, desapareció mientras jugaba y fue hallada días después con signos de violencia; un adolescente de 16 años está detenido.
En Warnes, Santa Cruz, una bebé de dos años falleció por lesiones, y su madre y padrastro fueron aprehendidos.
En la Pampa de la Isla, Santa Cruz, una bebé de un año y dos meses murió por fracturas en el cráneo; sus padres fueron acusados tras informes forenses.
Reflexión final
Estos hechos evidencian la vulnerabilidad de la infancia y subrayan la importancia de reforzar mecanismos de protección, prevención y sanción frente a la violencia dentro del hogar, para garantizar la seguridad de los niños y niñas bolivianos.
Un estremecedor video difundido en redes sociales muestra la brutal tortura sufrida por Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20), asesinadas en Florencio Varela, Buenos Aires. La difusión se da tras la detención de varios implicados vinculados al narcotráfico, entre Argentina, Bolivia y Perú.
Detalles del crimen
Las jóvenes fueron engañadas con la promesa de asistir a una fiesta y subieron a una camioneta Chevrolet Tracker blanca. Cinco días después, sus cuerpos fueron hallados enterrados en un pozo cubierto con mantas, piedras y cemento. Las autopsias revelaron fracturas de cráneo, puñaladas, cortes profundos, luxación cervical e intentos de incineración parcial.
Detención de los principales acusados
El principal acusado es Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, narcotraficante peruano detenido en Lima, extraditado a Argentina. Junto a él fue arrestado Matías Ozorio, argentino implicado en la ejecución del crimen. Hasta ahora, al menos nueve personas han sido detenidas, incluyendo involucrados en el traslado de las víctimas desde Bolivia y colaboradores en la vivienda donde se hallaron los cuerpos.
Difusión del video y repercusión social
El video habría sido transmitido en vivo en un grupo cerrado de redes sociales, mostrando la tortura que sufrieron las jóvenes. La difusión ha generado conmoción, repudio generalizado y protestas masivas en plazas de Florencio Varela y otras ciudades, con consignas de justicia: “Justicia para Lara, Brenda y Morena”.
Investigación en curso
La fiscalía investiga el hecho como un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico, considerando operaciones transnacionales en Argentina, Perú y Bolivia. Algunas defensas han planteado versiones de represalia por presuntos robos de droga, aún no comprobadas. Las autoridades continúan recopilando pruebas y rastreando a los implicados prófugos.
Una niña de 13 años y un niño de 11 fueron hospitalizados el 30 de septiembre de 2025 en Estados Unidos luego de un grave accidente de tránsito. La menor conducía una camioneta robada y bajo la influencia del alcohol cuando se produjo el choque.
Detalles del accidente
El vehículo circulaba a más de 160 kilómetros por hora cuando cruzó una carretera y se subió a un camellón, provocando que la camioneta volcara varias veces hasta impactar contra un árbol. El impacto fue tan fuerte que el volante se desprendió a unos 15 metros del lugar del choque.
Estado de los menores
A pesar de la gravedad del accidente, ambos niños sufrieron lesiones que no pusieron en riesgo su vida. Fueron trasladados a un hospital cercano para recibir atención médica de emergencia.
Resultados de los análisis
Los exámenes revelaron que la niña tenía una concentración de alcohol en sangre de 0.183, más del doble del límite legal de 0.08 para conductores mayores de 21 años. Además, presentaba los seis signos de intoxicación antes de ser hospitalizada.
Sanciones y advertencias
En Arizona, conducir bajo influencia del alcohol implica sanciones de 24 horas hasta 10 días de prisión para la primera infracción, además de multas de 250 a 750 dólares según reincidencias. Autoridades del Departamento de Seguridad Pública llamaron a los padres a hablar con sus hijos sobre los peligros de beber alcohol y conducir sin licencia.
Investigación en curso
Las autoridades continúan investigando los motivos que llevaron a esta situación, mientras subrayan la importancia de la prevención y la supervisión parental para evitar accidentes graves.
El gobierno de Nicolás Maduro inauguró la Navidad el 1 de octubre en Caracas, con un acto en la plaza Bolívar, en medio de un clima marcado por tensiones diplomáticas y militares con Estados Unidos.
Inicio de la celebración
La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, encabezó el encendido de luces en la plaza Bolívar junto a autoridades y músicos, en un evento que reunió a cientos de personas con trajes y bengalas navideñas. El presidente Maduro destacó que esta tradición busca garantizar el “derecho sagrado a la felicidad”.
Contexto político y militar
El acto se realizó en paralelo al despliegue militar estadounidense en el mar Caribe, que Washington justifica como operativo antidrogas y que Caracas denuncia como una amenaza a su soberanía. Maduro firmó recientemente un decreto de “conmoción externa” que le otorga poderes especiales en materia de defensa y seguridad.
Manifestaciones culturales
Como cada año, también se iluminó la tradicional cruz del Waraira Repano, visible desde toda Caracas. El jefe de Gobierno capitalino, Nahum Fernández, adelantó que se anunciará una agenda cultural para reforzar la celebración en las próximas semanas.
Fusión comunitaria y militar
En zonas populares como Petare, militares y vecinos compartieron refrigerios y actividades con niños, en lo que el mayor Jhoan Manuel Olages describió como una “fusión popular-militar-policial” siguiendo las instrucciones del Ejecutivo.
Reacciones sociales
Organizaciones civiles como Una Sonrisa, Una Esperanza valoraron el adelanto de la Navidad como una forma de aliviar la tensión social. “Yo no quiero guerra en mi país”, dijo su directora Diana Romero, aludiendo al deseo de los venezolanos de celebrar en paz frente a la incertidumbre internacional.
La Armada israelí detuvo este miércoles a los barcos de la Flotilla Global Sumud, integrada por más de 40 navíos y 500 voluntarios, a unas 80 millas de la costa de Gaza. Entre los pasajeros se encontraba la activista sueca Greta Thunberg, quien fue trasladada junto con otros ocupantes a un puerto israelí.
Intercepción en el Mediterráneo
La operación se realizó en aguas internacionales, donde las fuerzas israelíes rodearon las embarcaciones e impidieron su llegada a Gaza. El Ministerio de Exteriores de Israel informó que varios barcos fueron detenidos “sin problema” y que sus pasajeros serían trasladados para su posterior expulsión.
Activistas y figuras públicas detenidas
Además de Greta Thunberg, entre los integrantes de la flotilla se encontraban la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau; el periodista Néstor Prieto, colaborador de Descifrando la Guerra; la líder política portuguesa Mariana Mortágua y la actriz Sofia Aparício. También se reportó la presencia de varios activistas españoles, cuya situación es seguida de cerca por el Ministerio de Exteriores de España.
Reacciones internacionales
Gobiernos europeos expresaron preocupación por la seguridad de los ocupantes. España pidió que se respeten los derechos de sus ciudadanos, mientras que Francia instó a Israel a garantizar la protección consular y el pronto regreso de los activistas. En Italia, ciudades como Roma, Milán y Nápoles fueron escenario de protestas, y la central sindical CGIL convocó a una huelga general en rechazo a la interceptación.
Periodismo y derechos humanos
Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras exigieron al Gobierno israelí que respete la labor de los periodistas que viajaban en la flotilla y que garantice la integridad de todos los pasajeros. Voces críticas calificaron la detención como un atentado contra la libertad de prensa y una agresión a naves civiles.
Próximos pasos legales
Según la legislación israelí, los activistas detenidos pueden ser deportados en un plazo de 72 horas tras la emisión de la orden, salvo que acepten voluntariamente la expulsión anticipada. Este mecanismo ya se aplicó en junio pasado, cuando Israel interceptó otra embarcación humanitaria en el Mediterráneo.
Por primera vez en la historia democrática del país, la Asamblea Legislativa Plurinacional contará con más de la mitad de sus miembros mujeres, un hecho que la Defensoría del Pueblo calificó como un avance histórico en materia de igualdad de género.
Composición paritaria
De los 166 asambleístas electos que asumirán funciones en noviembre de 2025, 87 son mujeres (52,41 %) y 79 hombres (47,59 %). En la Cámara de Diputados, 66 de los 130 curules estarán ocupadas por mujeres, mientras que en el Senado 21 de las 36 senadurías corresponderán a féminas.
Reconocimiento institucional
La Defensoría del Pueblo destacó que esta representación histórica reafirma el compromiso con el principio de paridad y constituye un paso fundamental hacia el cumplimiento del mandato constitucional de igualdad y alternancia, así como de los compromisos internacionales de Bolivia en materia de derechos humanos de las mujeres, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
Paridad como obligación jurídica
El organismo enfatizó que la paridad de género no es un logro simbólico ni coyuntural, sino una obligación derivada del principio de igualdad sustantiva establecido en la Constitución Política del Estado, que garantiza la participación política en condiciones de equidad y la alternancia en las listas electorales.
Hacia la consolidación de la igualdad
La Defensoría instó a la nueva Asamblea a consolidar estos avances mediante la modificación del artículo 11 de la Ley N° 026 de Régimen Electoral, en cumplimiento de la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0040/2025, incorporando expresamente la paridad en las candidaturas presidenciales y vicepresidenciales.
Asimismo, recordó que la Recomendación General N° 40 del Comité de la CEDAW obliga a los Estados Parte a garantizar la participación equitativa y transformadora de las mujeres en la vida política, instando a diseñar una hoja de ruta con enfoque interseccional que incluya medidas legislativas, programáticas y presupuestarias.
La Defensoría subrayó que la paridad no debe limitarse a una cifra, sino materializarse en condiciones reales para el ejercicio efectivo de los derechos políticos de las mujeres, libres de violencia, estereotipos y barreras institucionales.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, aseguró que la justicia boliviana ha recuperado su independencia y exhortó a los bolivianos que viven en el exterior a regresar al país. La declaración surge tras la revisión de las detenciones preventivas de Luis Fernando Camacho, Jeanine Añez y Marco Pumari.
Mensaje del TSJ
Durante un pronunciamiento público, Saucedo expresó: “Con plena convicción, podemos afirmar que la justicia ha recobrado su independencia. Nunca seremos instrumento de persecución, ni de derecha ni de izquierda”. Además, en el marco del Bicentenario, invitó a todos los compatriotas fuera del país a retornar.
Contexto de las decisiones judiciales
Las declaraciones se producen luego de que el TSJ ordenara la revisión de las medidas de detención preventiva de figuras políticas como Camacho, Añez y Pumari. Estas revisiones derivaron en la liberación de los implicados en sus respectivos procesos, generando distintas reacciones en la sociedad y la política boliviana.
Reacciones mixtas
La determinación judicial ha generado tanto aceptación como rechazo en diversos sectores y actores políticos, quienes consideran que estas decisiones marcan un precedente en la aplicación de la ley y en la independencia del sistema judicial.
