Autoridades advierten que la mendicidad infantil y el trabajo forzado vulneran derechos fundamentales y pueden constituir delitos de trata de personas.

Menores sobreviven entre el tráfico y los semáforos

En distintas avenidas y rotondas de Santa Cruz, niños y adolescentes pasan largas jornadas limpiando parabrisas, vendiendo productos o pidiendo dinero mientras permanecen expuestos al tráfico, al clima y a situaciones de inseguridad.

Muchos acuden acompañados por sus padres o familiares, quienes esperan a un costado mientras los menores recorren los vehículos cuando el semáforo cambia a rojo.

Autoridades alertan sobre vulneración de derechos

La Ley 263 contra la Trata y Tráfico de Personas establece penas de hasta 20 años de cárcel cuando se utiliza a niños para actividades de mendicidad. Además, la Constitución y el Código Penal prohíben el trabajo forzoso y cualquier actividad que ponga en riesgo la integridad de los menores.

La Alcaldía, la Gobernación y el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades señalaron que se realizan operativos y acciones coordinadas para identificar casos de explotación y brindar protección a los niños en situación de calle.

Piden una respuesta integral y no solo controles

Especialistas y organizaciones de defensa de la niñez sostienen que el problema no se resolverá únicamente con intervenciones policiales, sino con políticas de apoyo familiar, acceso a empleo, educación y atención social.

También advirtieron que entregar dinero directamente a menores en las calles puede contribuir a que permanezcan en condiciones de explotación y exposición permanente a diversos riesgos.

Dato: Un informe de la Defensoría del Pueblo señala que más de 700.000 niños y adolescentes realizan algún tipo de actividad laboral en Bolivia, muchos de ellos en condiciones de explotación.