Una jueza agroambiental ordenó frenar el tratamiento legislativo de los contratos de explotación de litio, tras una acción de la Defensoría del Pueblo que busca proteger a las comunidades del Salar de Uyuni y el medioambiente.
Orden judicial
La Asamblea Legislativa deberá suspender el análisis de los contratos con las empresas CBC de China y Uranium de Rusia, mientras no se cumplan requisitos ambientales y de consulta. La decisión fue asumida por una jueza agroambiental de La Paz, a raíz de un proceso legal iniciado por la Defensoría del Pueblo.
Condiciones para retomar el debate
La resolución establece que antes de tratar los contratos se debe contar con un estudio de impacto ambiental estratégico, en especial sobre los recursos hídricos. También se instruyó un estudio específico sobre las aguas fósiles de la región.
Consulta a comunidades
Otro de los puntos clave es la realización de una consulta previa, libre e informada con los habitantes del sector que podría ser afectado por los proyectos de explotación de litio en el Salar de Uyuni.
Posición de la Defensoría
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, remarcó que no se oponen al desarrollo económico, pero advirtió que las iniciativas estatales deben respetar los derechos humanos y ambientales.
Argumento del Gobierno
Desde el Ejecutivo se sostuvo previamente que aún no es posible realizar una evaluación ambiental porque no se tiene definido el lugar exacto donde se implementarán los proyectos de explotación.
