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Etiqueta: Justicia

  • Justicia ordena atención inmediata ha incendios y control en el uso de recursos

    Justicia ordena atención inmediata ha incendios y control en el uso de recursos

    El Tribunal Agroambiental determinó el 29 de agosto tres medidas cautelares para enfrentar los incendios forestales en Bolivia: atención urgente, transparencia en recursos y apertura de investigaciones penales.

    Respuesta rápida a los incendios

    El Ministerio de Medio Ambiente y Agua deberá actuar con urgencia para sofocar los incendios en tierras fiscales y áreas protegidas administradas por el SERNAP. La decisión busca frenar el avance del fuego que afecta a varias regiones del país.

    Control de recursos públicos

    El Ministerio de Economía deberá informar cómo se están usando los fondos destinados a la emergencia nacional. También se pidió a instituciones y gobiernos subnacionales presentar sus presupuestos y planes de acción contra los incendios.

    Investigación de delitos ambientales

    La Fiscalía General deberá iniciar de oficio procesos por delitos vinculados a los incendios forestales. El Tribunal pidió dar prioridad a estos casos y coordinar con la jurisdicción agroambiental.

    Acción de activistas

    Las medidas fueron asumidas tras una demanda presentada por activistas ambientales, que buscan proteger a la Madre Tierra y los derechos de la población frente al impacto de los incendios.

    Audiencia en curso

    El proceso comenzó en junio y, tras varios retrasos, se reactivó el 29 de agosto. La audiencia continuará el próximo 8 de septiembre con la revisión de nuevas determinaciones.

  • Víctimas de pederastia denuncian que jesuitas españoles buscan prescripción de juicio en Bolivia

    Víctimas de pederastia denuncian que jesuitas españoles buscan prescripción de juicio en Bolivia

    La Comunidad Boliviana de Sobrevivientes (CBS) acusó a los exprovinciales Ramón Alaix y Marcos Recolons de intentar cerrar el proceso por encubrimiento en el caso del sacerdote Alfonso Pedrajas mediante un recurso de prescripción.

    Recurso en plena etapa conclusiva

    El vocero de la CBS, Edwin Alvarado, explicó a EFE que la defensa de los jesuitas presentó un recurso por la vía de excepción para solicitar la extinción de la causa, cuando este viernes debía iniciarse la fase conclusiva del juicio.
    “Esto es un insulto al sistema jurídico, al dejar avanzar el proceso y al final introducir mecánicamente un recurso por si prospera”, reclamó Alvarado.

    CBS exige rechazo del pedido

    De acuerdo con la comunidad de sobrevivientes, el recurso debió plantearse al inicio del juicio y no cuando este está por concluir. “Estamos hablando de encubrimiento de abuso sexual infantil y no de un delito menor”, enfatizó el representante.
    Además, recordó que la jurisprudencia internacional en materia de abuso sexual contra menores establece parámetros distintos a los delitos comunes, algo reconocido por el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos de los Niños.

    Reiterados retrasos en el juicio

    El proceso contra Alaix y Recolons debía comenzar en enero de 2025, pero fue postergado por falta de notificación a las víctimas. Luego se registraron al menos cuatro suspensiones más, bajo el argumento de problemas de salud de los acusados, ambos mayores de 80 años. La CBS cuestiona estas justificaciones y asegura que los exprovinciales mantienen un estado “estable”.

    Casi 200 víctimas de Pedrajas

    El caso de Alfonso Pedrajas, fallecido en 2009, salió a la luz tras la publicación de su diario en 2023 por el diario El País. Allí admitía haber abusado de decenas de estudiantes del Colegio Juan XXIII de Cochabamba, en las décadas de 1970, 1980 y 1990.
    La CBS sostiene que las víctimas son casi 200, más del doble de las 85 mencionadas en el manuscrito del sacerdote, y que el encubrimiento fue gestionado por las autoridades jesuitas en Bolivia.

    Otros encubrimientos

    Alvarado advirtió que además de Pedrajas existen al menos “doce casos de encubrimiento” por parte de Alaix y Recolons. Entre ellos, el del jesuita español Luis María Roma, acusado en 2019 de abusar a menores de entre 6 y 12 años. Aunque inicialmente el caso fue cerrado tras una investigación interna, la Fiscalía lo reabrió en 2024.

  • Consejo de la Magistratura sancionará a jueces por retardación de justicia

    Consejo de la Magistratura sancionará a jueces por retardación de justicia

    La institución ordenó la revisión de todos los procesos con detención preventiva en los nueve departamentos. Se advierte sanciones para administradores de justicia que incumplan plazos procesales.

    Revisión nacional de casos

    El consejero Carlos Spencer informó que el Consejo de la Magistratura instruyó a los Tribunales Departamentales de Justicia (TDJ) de todo el país iniciar de oficio la revisión de procesos con detención preventiva, debido a las denuncias de retardación de justicia que afectan a miles de privados de libertad.

    La medida surge tras la decisión inicial del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de revisar únicamente los juicios contra Jeanine Áñez, Marco Pumari y Luis Fernando Camacho, acción que fue cuestionada por el Consejo al considerar que el problema es general.

    Posibles sanciones

    Spencer advirtió que, concluida la revisión, se determinará si algunos jueces u operadores de justicia deberán ser sometidos a procesos disciplinarios por incumplimiento de plazos.
    “Vamos a sancionar a la autoridad jurisdiccional que haya incurrido en retardación de justicia. No nos va a temblar la mano”, afirmó.

    Datos preocupantes

    Según el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, de los 18 mil internos en las cárceles del país, entre 4.500 y 5.000 superaron los tres años de detención preventiva sin sentencia. El Consejo calcula que existen 32 mil procesos con presunta retardación de justicia.

    Falta de recursos

    Spencer señaló que uno de los principales problemas es el reducido presupuesto judicial, equivalente al 0,35% del Presupuesto General del Estado, y la insuficiente cantidad de jueces en el país (1.308). Subrayó la urgencia de contar con más recursos humanos y económicos para garantizar una justicia ágil.

  • Samuel Doria Medina expresa confianza en la liberación de Camacho

    Samuel Doria Medina expresa confianza en la liberación de Camacho

    El empresario y líder político Samuel Doria Medina manifestó su expectativa sobre la posible liberación del Gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien permanece en detención preventiva desde diciembre de 2022 en el marco del caso denominado “Golpe de Estado I”.

    Confianza en la liberación

    A través de sus redes sociales, Doria Medina señaló: “Confío en que el lunes Luis Fernando Camacho será liberado. Será una buena noticia para la democracia, pero al mismo tiempo una prueba de que esta estuvo a las órdenes del MAS durante todo el tiempo anterior. Cuando este pierde su poder, recién hacen lo que corresponde”.

    Crítica al sistema judicial

    El ex candidato presidencial advirtió que la justicia boliviana no puede seguir respondiendo a intereses políticos y subrayó la necesidad de una transformación estructural que garantice independencia judicial.

    “Necesitamos un cambio profundo, que las decisiones judiciales sean objetivas e imposibles de influir. Bolivia tiene que trabajar duro en eso”, añadió.

    Llamado a la liberación de presos políticos

    Doria Medina reiteró su llamado a la liberación de todos los considerados presos políticos del país, destacando que el desafío pendiente es lograr una justicia imparcial y libre de presiones partidarias.

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  • Caso Shell: advierten una “bomba jurídica” para el próximo gobierno

    Caso Shell: advierten una “bomba jurídica” para el próximo gobierno

    El exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, alertó que la siguiente administración estatal no solo deberá enfrentar el desabastecimiento de combustibles, sino también una crisis jurídica a raíz de la disputa millonaria iniciada por la petrolera Shell contra el Estado boliviano.

    Dos frentes de crisis

    “Le están dejando una bomba al próximo gobierno de desabastecimiento y otra bomba en el tema jurídico del país, de seguridad jurídica”, señaló Ríos, en referencia al proceso internacional que activó Shell.

    La petrolera sostiene que Bolivia vulneró el tratado bilateral de protección de inversiones con el Reino Unido y apunta a seis acciones concretas que habrían afectado su negocio en el país.

    Monto en disputa y percepción internacional

    De acuerdo con el exministro, el monto inicialmente discutido rondaba entre 10 y 12 millones de dólares, pero la cifra se habría incrementado tras nuevas observaciones, lo que a su juicio envía una “mala señal” a los inversores externos sobre la seguridad jurídica en Bolivia.

    Reclamos de Shell

    La empresa denuncia que el Estado intervino de manera indebida en tres contratos con YPFB, reduciendo la rentabilidad de su inversión. También acusa a tribunales bolivianos de anular un laudo arbitral emitido a su favor, lo que considera una denegación de justicia.

    Además, Shell señala incumplimientos de pago, negativa de acceso a documentación necesaria para concluir relaciones contractuales y la venta no autorizada de crudo de su propiedad.

    Investigación en curso

    El caso sigue en proceso y la próxima administración gubernamental deberá encarar tanto la crisis energética como esta disputa legal internacional, que podría derivar en un millonario costo para el Estado boliviano.

  • Justicia ordena traslado de Camacho a Santa Cruz para juicio por el caso “Decretazo”

    Justicia ordena traslado de Camacho a Santa Cruz para juicio por el caso “Decretazo”

    Un juzgado dispuso el traslado del exgobernador Luis Fernando Camacho desde Chonchocoro hasta Santa Cruz para que asista de forma presencial al juicio oral, previsto para el 25 de julio.

    Traslado responde a una acción de libertad
    Martín Camacho, abogado del exgobernador, informó que la decisión judicial fue tomada tras una sentencia constitucional en respuesta a una acción de libertad. La orden establece que Camacho será trasladado a la cárcel de Palmasola para permanecer allí mientras se desarrolla el juicio.

    El centro del caso: el Decreto 373
    El caso “Decretazo” gira en torno al Decreto Departamental 373, emitido en marzo de 2022. En esa ocasión, Luis Fernando Camacho delegó sus funciones al secretario Miguel Ángel Navarro y no al entonces vicegobernador Mario Aguilera, como establece la normativa. La medida es considerada una posible violación a la Constitución y al Estatuto Autonómico.

    Juicio reprogramado tras múltiples retrasos
    El juicio oral debía realizarse a inicios de 2024, pero fue postergado en varias ocasiones debido a la falta de traslado del acusado. La nueva fecha establecida es el próximo 25 de julio, en Santa Cruz.

    Camacho será juzgado por la presunta emisión de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

  • Viceministra de Transparencia confirma investigación contra hijo del presidente Arce por compra de predio

    Viceministra de Transparencia confirma investigación contra hijo del presidente Arce por compra de predio

    A denuncia del diputado Enrique Urquidi, se indaga el origen de los recursos usados para adquirir un terreno productivo en Santa Cruz.

    Ríos destaca la apertura del presidente ante la denuncia

    La viceministra de Transparencia Institucional, Susana Ríos, confirmó este jueves 17 de julio que se encuentra en curso una investigación sobre el caso del hijo del presidente Luis Arce, Rafael Arce, tras una denuncia presentada por el diputado opositor Enrique Urquidi.

    Denuncian millonaria compra con créditos bancarios

    Según Urquidi y diversos reportes periodísticos, Rafael Arce habría recibido grandes sumas de dinero en créditos del Banco Ganadero a sus 25 años para adquirir el predio denominado “Adán y Eva”, ubicado en Santa Cruz. El terreno tendría un valor millonario.

    Investigación en curso sin plazos definidos

    Ríos evitó dar una fecha para la conclusión de las diligencias, pero señaló que el caso avanza conforme a la información remitida por otras instancias competentes. Aseguró que los resultados se darán a conocer en cuanto se obtenga toda la documentación requerida.

    Presidente habría pedido que se indague

    La viceministra resaltó que el propio presidente Arce mostró apertura para que el caso sea investigado. “Se reconoce la transparencia con la que ha actuado el presidente, al establecer que esto debe investigarse donde corresponda”, indicó.

    Diputado pide esclarecer origen del patrimonio

    El diputado Urquidi sostiene que se debe esclarecer el origen de los recursos económicos del hijo del mandatario y su crecimiento patrimonial. La denuncia formal fue presentada ante las autoridades correspondientes.

  • Fiscalía aún sin autorización para acceder al celular del caso consorcio

    Fiscalía aún sin autorización para acceder al celular del caso consorcio

    El Ministerio Público continúa a la espera de una orden judicial para acceder al celular que contiene el audio atribuido al exministro César Siles y al juez suspendido Lea Plaza, clave en la investigación sobre presunta manipulación judicial. El hecho se investiga en La Paz y fue denunciado en junio de 2025.

    El acceso al dispositivo está pendiente

    El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que aún no se cuenta con la autorización judicial necesaria para acceder al celular que habría grabado el audio central en el denominado “caso consorcio”. El material contiene una conversación atribuida al exministro de Justicia César Siles y al juez de Coroico, Fernando Lea Plaza, suspendido de sus funciones.

    Privacidad del implicado retrasa el proceso

    Torrez explicó que el celular está vinculado directamente con una autoridad jurisdiccional, por lo que se requiere una orden expresa para evitar vulneraciones al derecho a la intimidad. “Debemos contar con esa orden para que no se alegue ningún tipo de vicio en el proceso”, afirmó.

    Audio revelador y consecuencias inmediatas

    El audio fue difundido en redes sociales en junio y, tras su circulación, César Siles presentó su renuncia mientras que Lea Plaza fue suspendido. Ambos actualmente enfrentan detención preventiva como parte de la investigación sobre una supuesta estrategia para apartar a la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Fanny Coaquira.

    Avances en la investigación

    Hasta la fecha, ocho personas están siendo investigadas. Siete ya cuentan con medidas cautelares, incluyendo detención preventiva y domiciliaria. Uno de los implicados, Antonio De La Fuente Amelunge, permanece prófugo y cuenta con una orden de aprehensión activa, según confirmó la Fiscalía.

    Motivaciones aún en investigación

    Respecto al objetivo de destituir a la magistrada Coaquira, el fiscal departamental indicó que todavía se está recabando información. “Todo eso se está investigando”, afirmó Torrez, quien reiteró que el análisis técnico del audio es clave para determinar su autenticidad y el grado de responsabilidad de los implicados.

  • Solo el 30% de las mujeres en el penal La Merced cumplen condena; el resto espera juicio

    Solo el 30% de las mujeres en el penal La Merced cumplen condena; el resto espera juicio

    La mayoría de las mujeres privadas de libertad en Oruro están en detención preventiva, lo que evidencia la lentitud en los procesos judiciales.

    Población carcelaria en La Merced

    El penal de La Merced, en la ciudad de Oruro, reporta que solo el 30% de las mujeres recluidas cumplen una condena, mientras que el 70% restante permanece en detención preventiva. La directora del centro penitenciario, capitán Carla Lorena Morales Mendoza, informó que hasta el primer semestre de 2025 la población carcelaria alcanza a 305 personas, entre hombres y mujeres, además de 19 niños que viven junto a sus madres.

    Datos de los internos

    Según el informe, 264 de los reclusos son mujeres y 47 son hombres. En el caso de los varones, la mayoría ingresó al penal por incumplimiento de asistencia familiar, por lo que su estancia suele ser temporal. La directora destacó la necesidad de agilizar los procesos judiciales, debido al alto porcentaje de internas sin sentencia.

    Infraestructura sobrepasada

    Morales señaló que la infraestructura del penal ya se encuentra sobrepasada, con aproximadamente 50 personas adicionales a su capacidad. Esta situación genera dificultades para el uso adecuado de los espacios destinados a las internas. El 4 de julio estaba prevista una reunión interinstitucional para habilitar un nuevo pabellón, sin embargo, fue reprogramada para el 29 de agosto.

    Seguridad y contingencias

    A pesar de la sobrepoblación, la directora aseguró que el penal cuenta con planes de contingencia y el apoyo del Comando Departamental de Policía para garantizar la seguridad interna. Resaltó que durante el presente año no se registraron intentos de fuga.

    Llamado a la celeridad judicial

    Finalmente, Morales enfatizó que la elevada cantidad de mujeres en detención preventiva refleja una carga considerable sobre el sistema judicial, por lo que hizo un llamado a las autoridades competentes para que los procesos sean atendidos con mayor celeridad.

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