Categoría: Noticias

  • Eliminación de la subvención a combustibles permitiría un ahorro de $us 3.500 millones, según el Gobierno

    Eliminación de la subvención a combustibles permitiría un ahorro de $us 3.500 millones, según el Gobierno

    El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, afirmó este jueves que la eliminación de la subvención a los combustibles permitirá al Estado ahorrar alrededor de 3.500 millones de dólares, recursos que serán destinados a inversión productiva en el marco de las medidas económicas establecidas por el Gobierno mediante el Decreto Supremo 5503.

    Proyección de ahorro para 2026

    Medinaceli explicó que el monto proyectado corresponde a los recursos que anualmente se destinaban a la subvención de hidrocarburos. Señaló que este gasto representaba una ineficiencia para el Estado y que su eliminación permitirá liberar fondos para otras áreas estratégicas.

    Defensa de las medidas económicas

    Al referirse a las decisiones asumidas por el Gobierno del presidente Rodrigo Paz, el ministro defendió la eliminación de la subvención y sostuvo que el ahorro generado equivale, por ejemplo, a la construcción de entre tres y cuatro líneas de teleférico similares a las que operan en la ciudad de La Paz.

    Destino de los recursos liberados

    La autoridad aseguró que los 3.500 millones de dólares ahorrados serán canalizados hacia inversión productiva, con el objetivo de dinamizar la economía nacional y fortalecer sectores generadores de empleo y crecimiento.

    Decreto Supremo 5503

    El Decreto Supremo 5503, emitido la noche del miércoles, establece un conjunto de medidas económicas impulsadas por el Ejecutivo, entre las que se incluye la eliminación de la subvención a los hidrocarburos, como parte de una estrategia para reordenar las finanzas públicas.

  • EE.UU. impone sanciones a dos jueces de la CPI por investigaciones vinculadas a Israel

    EE.UU. impone sanciones a dos jueces de la CPI por investigaciones vinculadas a Israel

    Estados Unidos sancionó este jueves a dos jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) por su participación en las investigaciones sobre presuntos crímenes cometidos por Israel en la guerra de Gaza, medida anunciada por el secretario de Estado, Marco Rubio, que intensifica la postura del Gobierno de Donald Trump contra el tribunal con sede en La Haya.

    Sanciones anunciadas por Washington

    Marco Rubio informó que las sanciones alcanzan a Gocha Lordkipanidze, de Georgia, y Erdenebalsuren Damdin, de Mongolia, a quienes acusó de participar directamente en los esfuerzos de la CPI para investigar, arrestar o enjuiciar a ciudadanos israelíes sin el consentimiento de Israel, incluyendo su voto contra la apelación presentada por ese país el pasado 15 de diciembre.

    Rechazo a la apelación de Israel

    La decisión se produce luego de que, el lunes, la CPI rechazara la solicitud de Israel para bloquear la investigación en curso sobre presuntos crímenes cometidos en Gaza. Estados Unidos e Israel han reiterado en varias ocasiones que no reconocen la autoridad del tribunal para investigar a sus ciudadanos.

    Respuesta de la Corte Penal Internacional

    En un comunicado difundido el jueves, la CPI condenó las nuevas sanciones y las calificó como un “ataque flagrante contra la independencia de una institución judicial imparcial”. El organismo advirtió que amenazar a actores judiciales pone en riesgo el orden jurídico internacional.

    Postura del Gobierno de Trump

    Rubio afirmó que Washington no tolerará lo que considera abusos de poder de la CPI que vulneran la soberanía de Estados Unidos e Israel. Además, aseguró que su país seguirá respondiendo con “consecuencias significativas” a lo que calificó como excesos y una “guerra legal” impulsada por el tribunal.

    Antecedentes del conflicto con la CPI

    El Gobierno de Trump ya había sancionado anteriormente a jueces y al fiscal jefe de la CPI, así como a organizaciones que, según Washington, respaldan las investigaciones. En noviembre de 2024, la corte emitió órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant, además de tres altos dirigentes de Hamas, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad.

  • Alcaldes piden reunión con el Presidente Paz para analizar “medidas paliativas” económicas

    Alcaldes piden reunión con el Presidente Paz para analizar “medidas paliativas” económicas

    Los alcaldes de La Paz, Cochabamba, El Alto y Santa Cruz solicitaron este 18 de diciembre una reunión con el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, con el objetivo de dialogar sobre los mecanismos paliativos que compensen las medidas económicas anunciadas por el Gobierno y su impacto en las economías municipales.

    Solicitud conjunta de las principales ciudades

    El alcalde de La Paz, Iván Arias, informó que la carta fue enviada de manera conjunta por las autoridades municipales de las cuatro ciudades más afectadas. Señaló que esperan una respuesta del presidente para conocer con claridad cuáles serán las medidas compensatorias previstas por el Ejecutivo.

    Preocupación por el impacto económico

    Arias indicó que los alcaldes buscan que el Gobierno explique el efecto real de las decisiones económicas en los municipios, tomando en cuenta la presión financiera que enfrentan las administraciones locales y la población urbana.

    Subvención al transporte en debate

    El alcalde paceño afirmó que la subvención al transporte público debe mantenerse y advirtió que, si se decide levantarla, será imprescindible aplicar un paquete de “medidas paliativas” que evite afectar a los sectores más vulnerables.

    Tarifas de transporte se mantienen

    La autoridad municipal ratificó que las tarifas del transporte interciudad se mantienen vigentes sin ningún tipo de variación. Además, exhortó a los transportistas a no abusar de la situación y a actuar con solidaridad, anunciando que los municipios reforzarán los controles correspondientes.

  • Economistas analizan ajustes económicos y advierten tensión social

    Economistas analizan ajustes económicos y advierten tensión social

    El paquete de ajustes económicos anunciado por el Gobierno de Rodrigo Paz, que incluye la eliminación de la subvención a los carburantes, generó debate entre economistas, quienes consideran la medida necesaria para la sostenibilidad fiscal, pero alertan sobre el descontento ciudadano y el riesgo de conflictos sociales.

    Medidas económicas en el centro del debate

    El Gobierno nacional presentó recientemente un conjunto de ajustes económicos orientados a corregir desequilibrios fiscales, entre ellos la eliminación de la subvención a los carburantes, una de las políticas más sensibles para la población.

    La decisión ha generado reacciones encontradas y un amplio análisis por parte de especialistas en economía, debido a su impacto directo en el costo de vida.

    Figueroa: una medida inevitable

    El economista Víctor Hugo Figueroa sostuvo que la eliminación del subsidio a los combustibles era una medida inevitable dentro del actual contexto económico. Según explicó, el retiro de la subvención apunta a un “sinceramiento” de la economía y a reducir la presión sobre las finanzas del Estado.

    Sin embargo, reconoció que el rechazo ciudadano era previsible, especialmente porque las medidas de compensación anunciadas por el Ejecutivo no logran cubrir plenamente el impacto sobre los ingresos de la población.

    Flores: preocupación por el impacto social

    En la misma línea, el analista Javier Flores señaló que existe una evidente desazón en la ciudadanía, que esperaba un proceso de ajuste más gradual. A su criterio, si bien la medida resulta necesaria desde el punto de vista técnico, su aplicación genera incertidumbre y malestar social.

    El especialista advirtió que el escenario podría derivar en protestas si no se implementan mecanismos efectivos de contención social.

    Riesgo de conflictividad

    Ambos economistas coincidieron en que el principal desafío del Gobierno será administrar el impacto social de los ajustes. La eliminación de la subvención, aunque considerada técnicamente necesaria, implica un alto costo político y social.

    El manejo del diálogo con los sectores afectados será clave para evitar un incremento de la conflictividad en el corto plazo.

    Un escenario económico complejo

    El debate refleja la complejidad del momento económico que atraviesa el país, donde la necesidad de reformas estructurales se enfrenta a la resistencia social. Los especialistas remarcaron que cualquier ajuste debe ir acompañado de políticas claras de compensación y comunicación efectiva.

  • Cooperativistas mineros se declaran en emergencia y lanzan duras advertencias al Gobierno

    Cooperativistas mineros se declaran en emergencia y lanzan duras advertencias al Gobierno

    Dirigentes de los mineros cooperativistas se declararon este martes en emergencia y advirtieron con medidas radicales contra el Gobierno, tras abandonar una reunión en el Ministerio de Defensa, denunciando la falta de soluciones a la escasez de combustible y explosivos que afecta a su sector.

    Reunión frustrada y molestia del sector

    Los mineros expresaron su molestia luego de retirarse de una reunión que no logró atender sus demandas. Señalaron que los intentos de diálogo no dieron resultados y que sus bases se encuentran cansadas de esperar respuestas concretas por parte de las autoridades gubernamentales.

    Fencomin acusa al gabinete de ser un obstáculo

    El presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), Josué Caricari, afirmó que el actual gabinete se ha convertido en una traba para el sector. Advirtió que, si en menos de 60 días no se dan soluciones, las autoridades deberán asumir las consecuencias, al considerar que el compromiso gubernamental no se está cumpliendo.

    Impacto de la falta de combustible y explosivos

    Los dirigentes sostuvieron que la producción minera se redujo hasta en un 50% debido a la insuficiente provisión de combustible y explosivos. Indicaron que esta situación afecta directamente a miles de familias que viven del trabajo diario en las cooperativas mineras.

    Advertencias de dirigentes regionales

    El dirigente potosino Óscar Chavarría exigió atención inmediata a las demandas del sector y cuestionó a las autoridades por limitar el derecho al trabajo. Remarcó que los cupos asignados de combustible y explosivos son insuficientes para mantener la actividad minera.

    Amenaza de medidas más drásticas

    Finalmente, Chavarría lanzó una advertencia directa al Gobierno al recordar anteriores movilizaciones del sector minero. Aseguró que, de no existir una respuesta pronta, los cooperativistas podrían asumir medidas más radicales para hacer escuchar sus demandas.

  • Trump ordena un “bloqueo total” a petroleros sancionados que operen desde Venezuela

    Trump ordena un “bloqueo total” a petroleros sancionados que operen desde Venezuela

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes la imposición de un “bloqueo total y completo” contra los petroleros sancionados que ingresen o salgan de Venezuela, medida comunicada a través de Truth Social y dirigida contra el Gobierno de Nicolás Maduro, en medio del aumento de la presión política, militar y económica sobre Caracas.

    Anuncio y advertencia militar

    Trump enfatizó que Venezuela se encuentra “completamente rodeada” por una gran presencia naval estadounidense en la región y advirtió que el despliegue podría incrementarse. En su mensaje, aseguró que la presión continuará hasta que el país “devuelva” a Estados Unidos petróleo, tierras y otros activos que, según afirmó, le fueron arrebatados.

    Respuesta del Gobierno venezolano

    El Gobierno de Venezuela rechazó la medida y la calificó como una “amenaza temeraria y grave” contra la soberanía nacional. En un comunicado oficial, denunció que el anuncio viola el Derecho Internacional, el libre comercio y la libre navegabilidad, y anunció que su embajador ante la ONU presentará una denuncia formal.

    Impacto sobre el sector petrolero

    La orden de Trump intensifica la presión sobre la principal fuente de ingresos de Venezuela, ya afectada por sanciones previas y por la reciente incautación de un petrolero con crudo venezolano. El presidente estadounidense reiteró su interés en el petróleo del país, cuya industria es controlada por la estatal PDVSA y opera muy por debajo de su capacidad.

    Sanciones y rol de empresas estadounidenses

    Estados Unidos mantiene sanciones contra Venezuela desde 2005 y, durante el primer mandato de Trump, bloqueó las exportaciones de crudo hacia su país. Aunque en 2022 se otorgó una licencia a Chevron para operar en Venezuela, Trump la revocó y luego la reemitió con la condición de que ningún ingreso beneficie al Gobierno de Maduro.

    Escalada política y reacción de Maduro

    Trump acusó al “régimen ilegítimo de Maduro” de utilizar el petróleo para financiar delitos transnacionales, mientras su administración incrementa operaciones militares en el Caribe. Por su parte, Nicolás Maduro afirmó que Venezuela ha resistido una “campaña de agresión multidimensional” y aseguró que el país defenderá su soberanía y su derecho a la paz.

  • Warner Bros. Discovery pide a sus accionistas rechazar la oferta de Paramount

    Warner Bros. Discovery pide a sus accionistas rechazar la oferta de Paramount

    Warner Bros. Discovery recomendó este miércoles a sus accionistas no aceptar la oferta pública de compra presentada por Paramount, al considerar que no ofrece el valor adecuado y presenta riesgos financieros, mientras la compañía defiende su acuerdo estratégico con Netflix.

    Warner Bros. Discovery rechaza la propuesta

    La junta directiva de Warner Bros. Discovery comunicó oficialmente su rechazo a la oferta hostil lanzada por Paramount la semana pasada. En una carta dirigida a los accionistas, la empresa calificó la propuesta como insuficiente y advirtió que implica altos costos y un nivel de riesgo elevado.

    Según la compañía, la operación no garantiza estabilidad financiera ni beneficios sostenibles para los inversionistas.

    Accionistas tendrán la última palabra

    Pese a la recomendación del directorio, la decisión final quedará en manos de los accionistas de Warner Bros. Discovery. Algunos inversores ya manifestaron su intención de aceptar la oferta de Paramount, que propone pagar 30 dólares por acción.

    Desde Paramount sostienen que su propuesta ofrece mayor certeza, argumento que es cuestionado por la administración de WBD.

    Cuestionamientos al financiamiento extranjero

    Uno de los principales reparos de Warner Bros. Discovery apunta al financiamiento de la operación, que proviene en gran parte de capitales de Arabia Saudita, Qatar y Abu Dabi. La empresa expresó dudas sobre la solidez económica de la propuesta y la dependencia de inversionistas externos.

    Aunque Paramount aseguró que estos capitales no tendrán poder de voto ni control, las dudas persisten.

    Advertencias políticas y retiro de un socio

    Legisladores estadounidenses alertaron que la transacción podría generar riesgos para la seguridad nacional, al involucrar financiamiento extranjero en una de las mayores empresas de medios del país. A este escenario se sumó el retiro del fondo Affinity Partners, que abandonó el proceso recientemente.

    Analistas señalan que la disputa podría extenderse durante varios meses.

    Netflix mantiene su plan con Warner

    Mientras continúa el conflicto, Netflix ratificó su interés en avanzar con la compra de activos clave de Warner Bros. Discovery, incluidos Warner Bros. Studios y HBO Max. El plan contempla la división de la compañía en dos firmas que cotizarán en bolsa antes de la operación.

    Este acuerdo es considerado por WBD como la alternativa más sólida para su futuro empresarial.

  • Cuestionan viabilidad de la Planta de Camélidos de Oruro y alertan riesgo para la población de llamas

    Cuestionan viabilidad de la Planta de Camélidos de Oruro y alertan riesgo para la población de llamas

    El director de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (Otfep), Pablo Camacho, cuestionó este martes la viabilidad de la Planta Industrial de Procesamiento de Camélidos, ubicada en el municipio de Turco, Oruro, al advertir que fue sobredimensionada, carece de planificación productiva y podría provocar un impacto negativo en la población de llamas si entra en operación plena.

    Infraestructura sobredimensionada

    Camacho señaló que la planta fue diseñada con una escala que no responde a la realidad productiva de la región. Advirtió que, de operar a toda su capacidad, podría generar una presión insostenible sobre la crianza de llamas, al no haberse previsto un crecimiento paralelo de la producción ganadera.

    Falta de planificación integral

    La autoridad remarcó que el proyecto no contempló aspectos clave como el mejoramiento genético, la alimentación ni el incremento sostenido del hato camélido. “No es que solo se va a usar un poquito de la planta; o funciona o no funciona”, afirmó, cuestionando la ausencia de una visión integral para garantizar su sostenibilidad.

    Inversión millonaria y funcionamiento pendiente

    La Planta Industrial de Procesamiento de Camélidos fue inaugurada en febrero de este año por el presidente Luis Arce, con una inversión superior a los Bs 73 millones. No obstante, su funcionamiento continúa pendiente, situación que motivó reclamos de productores del sector, quienes presentaron un pliego petitorio exigiendo su puesta en marcha.

    Alta capacidad productiva proyectada

    Según los objetivos trazados en la anterior gestión gubernamental, la planta debía producir anualmente 1.140 toneladas de carne de llama, además de embutidos, carne deshidratada y 90 toneladas de harina de hueso. También cuenta con capacidad para procesar fibra de camélidos y una línea de curtiembre para el tratamiento diario de pieles.

    Cuestionamientos al uso de recursos públicos

    Finalmente, Camacho criticó el manejo de los recursos destinados a empresas públicas y afirmó que los fondos invertidos en proyectos deficientes podrían haberse utilizado en obras prioritarias, como la construcción de hospitales y unidades educativas en beneficio directo de la población.

  • Mujer muere por influenza A H3N2 y se investiga posible presencia de la variante K en Bolivia

    Mujer muere por influenza A H3N2 y se investiga posible presencia de la variante K en Bolivia

    Una mujer de 26 años falleció en Santa Cruz tras dar positivo a influenza A H3N2, mientras las autoridades sanitarias aguardan resultados de laboratorio para confirmar si se trata de la variante K; en paralelo, Cochabamba mantiene en aislamiento a una familia sospechosa, en medio de una alerta naranja declarada por el Sedes.

    Alerta sanitaria tras un fallecimiento en Santa Cruz

    El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz declaró alerta naranja luego del fallecimiento de una mujer de 26 años que dio positivo a influenza A H3N2 y que habría estado expuesta a la variante K. La paciente, que había llegado desde Japón (país donde se registraron brotes de este subtipo), murió hace dos semanas por complicaciones asociadas a la enfermedad.

    El director del Sedes, Julio César Koca, informó que se esperan resultados de laboratorio especializados, los cuales se realizan fuera del país y podrían tardar hasta dos semanas, para confirmar si se trata de la variante K.

    Vigilancia y aislamiento en Cochabamba

    En Cochabamba, las autoridades sanitarias mantienen bajo vigilancia epidemiológica y aislamiento a una mujer de 47 años, a sus dos hijos y a otros familiares, quienes son sospechosos de portar la variante K. La paciente ya dio positivo a influenza A H3N2 y se investiga el subtipo.

    El grupo familiar ingresó al país hace tres semanas procedente de Estados Unidos, por lo que se presume que el contagio pudo haberse producido antes de su llegada a Bolivia.

    Riesgo de propagación y advertencia sanitaria

    El Sedes advirtió que la rápida propagación del virus en países vecinos, como Perú, incrementa el riesgo de diseminación en territorio nacional. “Si no tomamos medidas hoy, probablemente tendremos más casos, internaciones, complicaciones graves y fallecimientos”, alertó Koca, al justificar la declaratoria de alerta naranja.

    Las autoridades reforzaron la vigilancia epidemiológica ante la alta transmisibilidad del virus.

    Qué es la variante K de la influenza A H3N2

    La variante K es un subclado reciente de la influenza A H3N2, identificado en brotes registrados en Europa y Estados Unidos. Presenta modificaciones genéticas que favorecen su transmisión; sin embargo, hasta el momento, no se ha demostrado que provoque cuadros más graves que otras variantes del mismo tipo.

    La Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una alerta regional ante el aumento de circulación de este virus y recomendó reforzar la vigilancia y la vacunación.

    Casos, vacunación y medidas de prevención

    En lo que va del año, Santa Cruz reportó más de 1.300 casos de influenza A H1N1, 14 de A H3N2 y otros de influenza B, con un total de 26 fallecimientos. El Sedes dispone de 33.000 dosis de vacuna y designó al centro de salud Willy Lemaitre como establecimiento centinela para reforzar la vigilancia.

    Las autoridades exhortaron a la población a vacunarse, usar barbijo, desinfectar las manos, evitar aglomeraciones y acudir a un centro de salud ante síntomas respiratorios, especialmente en adultos mayores y personas con enfermedades de base.

  • Las elecciones presidenciales de Perú contarán con 36 candidatos y cuatro mujeres en carrera

    Las elecciones presidenciales de Perú contarán con 36 candidatos y cuatro mujeres en carrera

    Las elecciones presidenciales de Perú de 2026 tendrán 36 candidatos, entre ellos cuatro mujeres, luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamara los resultados de las elecciones primarias realizadas la semana pasada por las agrupaciones políticas inscritas, proceso que definió las fórmulas habilitadas para competir en los comicios generales de abril del próximo año.

    Proclamación oficial de los resultados

    El Jurado Nacional de Elecciones confirmó este martes la lista de candidaturas presidenciales tras concluir la revisión de los comicios internos de 39 agrupaciones políticas. Según el organismo electoral, 38 partidos superaron el umbral de participación requerido bajo las modalidades de votación por afiliados o delegados, quedando habilitados para presentar sus fórmulas presidenciales y listas de postulantes.

    Partidos excluidos y sin fórmula presidencial

    Acción Popular fue la única organización que quedó fuera del proceso presidencial, luego de que su elección interna fuera anulada por “vicios sustanciales” que vulneraron los principios de democracia interna y el debido proceso. En tanto, Ciudadanos por el Perú y el Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap) no presentaron fórmula presidencial y solo participarán en la elección legislativa.

    Las cuatro mujeres en la contienda

    Entre las 36 candidaturas figuran cuatro mujeres, encabezadas por Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, quien buscará por cuarta vez consecutiva llegar a la presidencia. También postulan la exministra Fiorella Molinelli, por Alianza Fuerza y Libertad; la exparlamentaria Marisol Pérez Tello, por Primero la Gente; y Rosario Fernández Bazán, de Un Camino Diferente.

    Figuras políticas y perfiles conocidos

    La lista incluye a políticos de amplia trayectoria y figuras mediáticas, como el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, el empresario César Acuña, el ingeniero Mario Vizcarra y el exgobernador regional Vladimir Cerrón. También destacan congresistas, exministros, un exfutbolista y un comediante, reflejando la diversidad de perfiles que competirán por la jefatura del Estado peruano.

    Fechas clave del proceso electoral

    Las candidaturas deberán superar un período de tachas que se desarrollará del 26 de diciembre al 15 de enero. Las elecciones generales se realizarán el 12 de abril de 2026 y, de ser necesario, una segunda vuelta presidencial se celebrará el 7 de junio. En estos comicios, los peruanos elegirán presidente, vicepresidentes, senadores, diputados y representantes ante el Parlamento Andino por un período de cinco años.