Categoría: Justicia

  • Gobierno dice que respeta decisiones de la justicia, pero pide no olvidar violaciones de DDHH de 2019

    Gobierno dice que respeta decisiones de la justicia, pero pide no olvidar violaciones de DDHH de 2019

    La ministra de Justicia y Transparencia Institucional, Jessica Saravia, afirmó este martes que el Gobierno nacional respeta la independencia de poderes, pero exhortó a no olvidar las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en 2019, confirmadas por el informe del GIEI.

    Respeto a la justicia, pero sin impunidad

    “Respetamos la independencia de poderes y, por supuesto, las resoluciones de las autoridades judiciales. Sin embargo, también es importante instar a todas y a todos a no olvidar los hechos luctuosos de 2019”, manifestó Saravia en conferencia de prensa.

    Recordó que esos sucesos derivaron en la conformación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), a solicitud del gobierno de Jeanine Áñez. El informe confirmó que en Sacaba y Senkata se produjeron masacres con uso desproporcionado de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía.

    Víctimas y responsabilidades pendientes

    Según las investigaciones, hubo más de 166 víctimas, de las cuales 37 fallecieron, 420 resultaron heridas y 70 fueron víctimas de tortura, reconocidas por organismos internacionales de derechos humanos.

    “El informe del GIEI concluye que hubo graves violaciones de derechos humanos y recomienda al Estado garantizar justicia, memoria, verdad y reparación. Esa es nuestra responsabilidad como país”, señaló la ministra.

    Procesos judiciales en curso

    Saravia recordó que el Estado participa en tres procesos vinculados a los hechos de 2019:

    • Golpe I, contra Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, suspendido por una acción de inconstitucionalidad.
    • Golpe de Estado II, en el que Áñez fue condenada a 10 años de cárcel.
    • Masacres de Senkata y Sacaba, proceso que fue anulado el lunes para ser tratado como juicio de responsabilidades.

    Sobre esta última decisión, que generó rechazo entre las víctimas, la ministra enfatizó:
    “Corresponde al Ministerio Público investigar y al Órgano Judicial juzgar dentro de sus competencias, pero lo que no puede haber es impunidad”.

  • Si condiciones judiciales permiten, Camacho podría retomar funciones

    Si condiciones judiciales permiten, Camacho podría retomar funciones

    El Vicepresidente de Creemos afirmó que, si las condiciones judiciales lo permiten, Luis Fernando Camacho podría regresar a Santa Cruz y asumir sus labores como Gobernador desde el primer día.

    Audiencia clave en La Paz

    Este miércoles se llevará a cabo una audiencia virtual en La Paz relacionada con el proceso por los 36 días de paro cívico frente al censo. El Vicepresidente de Creemos, Efraín Suárez, explicó que esperan que el tribunal otorgue a Camacho “libertad pura y simple”, similar al fallo dictado en el caso “Golpe I” respecto a Marco Antonio Pumari.

    Regreso inminente y asunción de mando

    Suárez proyectó que Camacho podría estar en Santa Cruz este viernes y “volver a asumir las funciones de Gobernador del departamento” una vez ponga un pie en la región. Dijo además que el expresidente cívico ya trabaja en una nueva estructura de gobierno, incluyendo un gabinete renovado que lo acompañará desde su retorno.

    Defensa y agenda política

    Desde su entorno político, se afirma que Camacho denunciará públicamente violaciones a sus derechos durante su detención y buscará sancionar a quienes las propiciaron, tanto a nivel nacional como internacional.

    /mfag/

  • Pumari tendrá audiencia este viernes por el caso de la quema del TED de Potosí

    Pumari tendrá audiencia este viernes por el caso de la quema del TED de Potosí

    El exlíder cívico Marco Antonio Pumari afrontará este viernes por la mañana una audiencia para revisar las medidas cautelares de su proceso por la quema del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Potosí tras los hechos de 2019.

    Audiencia pendiente tras libertad en caso “Golpe I”

    Pumari obtuvo libertad «pura y simple» este martes en el tramo del caso denominado «Golpe I». No obstante, su salida de prisión aún no se concreta debido a la necesidad de resolver su situación legal en el proceso pendiente por la quema del TED de Potosí.

    Fecha clave para su situación legal

    El tribunal de Potosí convocó la audiencia de medidas cautelares para este viernes en la mañana. Su defensa, encabezada por el abogado Diego Gutiérrez, presentará argumentos para que Pumari pueda defenderse en libertad en este nuevo proceso.

    Proceso paralelo en Potosí en fase de descargos

    El proceso por la quema del TED en Potosí actualmente se encuentra en la etapa de presentación de descargos y pruebas. Una vez concluida esta fase, seguirán los alegatos y se espera la eventual emisión de una sentencia.

    /mfag/

  • Reinstalan la audiencia de Camacho y Pumari en el TDJ de La Paz

    Reinstalan la audiencia de Camacho y Pumari en el TDJ de La Paz

    La sesión fue retomada la tarde de este martes para revisar la detención preventiva del Gobernador de Santa Cruz y del exlíder cívico, en el marco del caso “Golpe de Estado I”.

    Inicio de la audiencia

    La audiencia de Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari fue reinstalada la tarde de este martes, poco después de las 14:00, en el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz. El objetivo principal es revisar la situación de detención preventiva que ambos cumplen por el proceso denominado “Golpe de Estado I”.

    En horas de la mañana, el acto judicial ingresó en cuarto intermedio, debido a que el tribunal solicitó información complementaria sobre los riesgos procesales de los acusados. Se espera que durante la jornada se emita una definición respecto a su situación jurídica.

    Resguardo policial y protestas

    La reinstalación de la audiencia se dio en medio de un fuerte resguardo policial dentro y fuera del edificio judicial, ante la presencia de seguidores de los acusados y de grupos de protesta. Entre ellos, un grupo de personas que se identificó como víctimas de Senkata llegó hasta el lugar para manifestarse en contra de los procesados.

    Contexto del proceso

    El caso “Golpe de Estado I” se originó a partir de una denuncia presentada por la exdiputada del MAS, Lidia Patty, que acusa a Camacho, Pumari y otros actores políticos de los delitos de terrorismo, cohecho activo, uso indebido de bienes del Estado, entre otros, vinculados a los hechos de noviembre de 2019.

    /mfag/

  • Consejo de la Magistratura sancionará a jueces por retardación de justicia

    Consejo de la Magistratura sancionará a jueces por retardación de justicia

    La institución ordenó la revisión de todos los procesos con detención preventiva en los nueve departamentos. Se advierte sanciones para administradores de justicia que incumplan plazos procesales.

    Revisión nacional de casos

    El consejero Carlos Spencer informó que el Consejo de la Magistratura instruyó a los Tribunales Departamentales de Justicia (TDJ) de todo el país iniciar de oficio la revisión de procesos con detención preventiva, debido a las denuncias de retardación de justicia que afectan a miles de privados de libertad.

    La medida surge tras la decisión inicial del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de revisar únicamente los juicios contra Jeanine Áñez, Marco Pumari y Luis Fernando Camacho, acción que fue cuestionada por el Consejo al considerar que el problema es general.

    Posibles sanciones

    Spencer advirtió que, concluida la revisión, se determinará si algunos jueces u operadores de justicia deberán ser sometidos a procesos disciplinarios por incumplimiento de plazos.
    “Vamos a sancionar a la autoridad jurisdiccional que haya incurrido en retardación de justicia. No nos va a temblar la mano”, afirmó.

    Datos preocupantes

    Según el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, de los 18 mil internos en las cárceles del país, entre 4.500 y 5.000 superaron los tres años de detención preventiva sin sentencia. El Consejo calcula que existen 32 mil procesos con presunta retardación de justicia.

    Falta de recursos

    Spencer señaló que uno de los principales problemas es el reducido presupuesto judicial, equivalente al 0,35% del Presupuesto General del Estado, y la insuficiente cantidad de jueces en el país (1.308). Subrayó la urgencia de contar con más recursos humanos y económicos para garantizar una justicia ágil.

  • Audiencia del caso Sacaba es suspendida y reprogramada para el viernes

    Audiencia del caso Sacaba es suspendida y reprogramada para el viernes

    La audiencia del caso “Masacre de Sacaba”, en el que la expresidenta Jeanine Áñez es acusada, fue suspendida este martes tras la presentación de una excepción de incompetencia por parte de su defensa legal.

    Suspensión y nuevo cronograma

    La sesión, convocada por el Tribunal Primero de Sentencia de Sacaba para las 08:30, inició a las 09:02 mediante una sala virtual, en cumplimiento de una instrucción del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitida el 25 de agosto.

    Reprogramación de la audiencia

    El abogado de Áñez, Luis Guillén, confirmó que la audiencia fue reprogramada para este viernes a las 08:30, donde se prevé continuar con el proceso.

    /mfag/

  • Camacho y Pumari retornan al Tribunal de La Paz para reinstalación de audiencia

    Camacho y Pumari retornan al Tribunal de La Paz para reinstalación de audiencia

    Este martes a las 08:45 se reanuda la audiencia para revisar la detención preventiva que cumplen Luis Fernando Camacho y Marco Pumari en el marco del caso de la crisis de 2019.

    Instalación del proceso judicial

    La audiencia, que se había iniciado el lunes y entró en cuarto intermedio, será reinstalada este martes. Durante la sesión se evaluará la detención preventiva que ambos cumplen desde hace tiempo por su vinculación con los eventos políticos de 2019.

    Estricto resguardo durante el traslado

    Camacho y Pumari fueron trasladados al Tribunal Departamental de Justicia en medio de un fuerte dispositivo policial. Camacho salió desde el penal de Chonchocoro mientras Pumari lo hizo desde San Pedro, donde fue reubicado tras su salida de Cantumarca.

    Debate sobre liberación

    Se espera que el tribunal emita un fallo sobre si se mantiene o se modifica la medida cautelar. El Procurador General del Estado ha anunciado su oposición a su liberación, reforzando la tensión sobre el proceso judicial.

    /mfag/

  • Viceministra Arraya considera «más política que jurídica» la instrucción del TSJ sobre revisiones selectivas de detenciones

    Viceministra Arraya considera «más política que jurídica» la instrucción del TSJ sobre revisiones selectivas de detenciones

    La Viceministra de Seguridad Ciudadana cuestionó que el Tribunal Supremo de Justicia haya ordenado revisar solo las detenciones preventivas de Añez, Camacho y Pumari, y no de todos los internos.

    Cuestionan alcance selectivo del instructivo

    La autoridad calificó como una medida con fines políticos la instrucción del TSJ, emitida después de las elecciones, y lamentó que solo se aplique a tres detenidos de alto perfil, en lugar de extenderse a todos los privados de libertad en esa situación.

    Reclamo por igualdad ante la ley

    Recordó que cerca del 60 % de la población carcelaria está con detención preventiva, y muchos ya habrían superado el tiempo máximo legal, por lo que exigió que las revisiones se realicen de forma universal.

    Audiencias programadas y respeto al proceso judicial

    Arraya sostuvo que, pese a su crítica, el Gobierno respetará el trabajo del Órgano Judicial y la decisión que se adopte en las audiencias programadas para este lunes.

    /mfag/

  • Internos se declaran en emergencia y exigen al TSJ revisión igualitaria de detenciones preventivas

    Internos se declaran en emergencia y exigen al TSJ revisión igualitaria de detenciones preventivas

    Delegados de privados de libertad exigen que el Tribunal Supremo de Justicia extienda a todos los detenidos preventivos el beneficio de revisión de plazos legales, igual que el aplicado a Áñez, Camacho y Pumari.

    Emergencia pacífica desde cárceles del país

    A partir del 24 de agosto, privados de libertad se declararon en estado de emergencia pacífica. Solicitan al TSJ que amplíe la revisión urgente de los plazos de detención preventiva a todos y no solo a figuras públicas como la expresidenta Jeanine Áñez y los dirigentes opositores Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari.

    La petición fue respaldada por representantes de cárceles como Palmasola (Santa Cruz) y Villa Busch (Pando).

    Principio de igualdad ante la ley

    Los internos señalan que prolongar la revisión solo para ciertos casos representa un trato desigual e injusto. Insisten en que muchos detenidos preventivos se encuentran en condiciones similares y merecen el mismo derecho a una revisión oportuna de sus medidas cautelares.

    Contexto legal y proporción de detenidos

    El Instructivo Nº 18/2025, emitido por el Tribunal Supremo de Justicia, instruyó revisar en un plazo máximo de 24 horas las detenciones preventivas de Áñez, Camacho y Pumari. Sin embargo, el Defensor del Pueblo recordó que a junio de 2025, más del 58 % de los 33,275 privados de libertad en Bolivia se encuentran en esa misma situación, por lo que la medida debería aplicarse de manera igualitaria.

    /mfag/

  • Exsacerdote uruguayo acusado de pederastia en Bolivia lleva 17 años en su ciudad natal

    Exsacerdote uruguayo acusado de pederastia en Bolivia lleva 17 años en su ciudad natal

    Juan José Santanna, exsacerdote uruguayo denunciado por abusar sexualmente de al menos 30 menores en un internado de Tapacarí, Cochabamba, permanece prófugo desde 2007 en Salto, Uruguay.

    Denuncias y huida

    Entre 2005 y 2007, Santanna dirigió el área masculina del Internado Ángel Gelmi, donde se registraron múltiples denuncias de abuso sexual.

    Tras la confirmación pública de los hechos por parte del Arzobispo de Cochabamba, Tito Solari, en 2007, Santanna huyó a Uruguay.

    Situación actual

    Actualmente, Santanna reside en la casa de sus padres en Salto, Uruguay, donde lleva una vida reservada. Aunque ha sido confrontado por periodistas, ha evitado asumir responsabilidades directas sobre las acusaciones.

    Reacciones y justicia pendiente

    A pesar de la alerta internacional emitida por Interpol, Santanna no ha sido detenido. Las víctimas en Bolivia continúan esperando justicia, mientras que la Iglesia Católica de Bolivia ha sido señalada por su manejo del caso.

    /mfag/

  • Tribunal Supremo de Justicia marca un cambio y evalúa detenciones de la expresidenta y líderes cívicos

    Tribunal Supremo de Justicia marca un cambio y evalúa detenciones de la expresidenta y líderes cívicos

    El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), emitió una instrucción para revisar los procesos judiciales contra la expresidenta Jeanine Áñez y los excívicos Marco Pumari y Fernando Camacho, en un paso que ha sido interpretado como una señal de independencia judicial.

    Relevancia de la decisión

    La medida, según la Senadora Centa Rek, es considerada un avance en la búsqueda de un sistema judicial más imparcial, después de denuncias sobre el uso excesivo de la detención preventiva como herramienta de persecución política.

    La acción del TSJ apunta a garantizar el respeto a los derechos fundamentales y a la Constitución.

    Expectativas sobre presos políticos

    La decisión genera expectativas sobre la posible liberación de Áñez, Camacho, Pumari y otros privados de libertad considerados presos políticos, marcando un giro hacia una justicia más independiente y al servicio del pueblo boliviano.

    Perspectiva futura

    Este pronunciamiento del TSJ podría constituir un precedente para futuras acciones judiciales que fortalezcan la transparencia y la imparcialidad en el sistema judicial del país.

    /mfag/

  • Abogado pide a la justicia pronunciarse sobre más de 300 presos políticos

    Abogado pide a la justicia pronunciarse sobre más de 300 presos políticos

    El abogado y activista Jorge Valda solicitó al Órgano Judicial que revise los casos de más de 300 personas detenidas preventivamente por motivos políticos, en el marco de la instrucción del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre los plazos de detención de Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari.

    Casos de detención política

    Valda señaló que, además de estas tres figuras, hay numerosos ciudadanos procesados por ejercer su derecho a la protesta o expresar opiniones contrarias al gobierno.

    Entre ellos mencionó miembros de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), funcionarios de la Gobernación de Santa Cruz, integrantes de Adepcoca y militares procesados en el caso “Golpe de Estado I”.

    Solicitud de auditoría y transparencia

    El abogado propuso que el TSJ realice una auditoría a todos los procesos penales de índole política impulsados por el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), con el objetivo de garantizar transparencia y justicia.

    Señaló que estas acciones buscan evidenciar actos autoritarios y abusivos del Estado.

    Contexto de la revisión judicial

    La petición de Valda coincide con la revisión de los plazos de detención preventiva de Áñez, Camacho y Pumari, medida que podría derivar en su liberación si se comprueba que se excedieron los plazos legales.

    Esta revisión ha sido celebrada por sectores de la oposición, que consideran que podría sentar un precedente para otros casos similares.

    Derechos humanos y debate público

    El presidente del TSJ, Romer Saucedo, instruyó a los tribunales departamentales a verificar el cumplimiento de los plazos de detención preventiva según el artículo 250 del Código de Procedimiento Penal.

    La situación de los presos políticos sigue siendo un tema de debate en Bolivia, con organizaciones nacionales e internacionales que exigen revisión imparcial y respeto a los derechos humanos.

    /mfag/

  • Gobierno pide que la revisión de detenciones alcance a todos los privados de libertad

    Gobierno pide que la revisión de detenciones alcance a todos los privados de libertad

    El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, saludó la revisión de los plazos de detención preventiva de Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, pero solicitó que la medida se aplique a toda la población privada de libertad en Bolivia.

    Respeto a la independencia judicial

    Ríos enfatizó que la administración del presidente Luis Arce respeta la independencia de los órganos judiciales y no interviene en las decisiones de los tribunales. Sin embargo, destacó que es fundamental garantizar que los derechos de todos los privados de libertad sean considerados de manera equitativa.

    Alcance de la medida

    El ministro recordó que entre el 65% y 70% de la población penitenciaria se encuentra bajo detención preventiva. Por ello, consideró necesario que la revisión de los plazos procesales ordenada por el Tribunal Supremo de Justicia para Áñez, Camacho y Pumari se extienda de forma general.

    Contexto del caso

    La instrucción del TSJ, emitida por su presidente Romer Saucedo, ordena a los tribunales departamentales verificar en 24 horas el cumplimiento de los plazos de las medidas cautelares en el marco del caso “Golpe de Estado I”, en el que los implicados son acusados de terrorismo por su participación en las movilizaciones de 2019 que derivaron en la renuncia de Evo Morales.

    Equidad y derechos humanos

    Ríos concluyó que la justicia debe garantizar la equidad en el tratamiento de todos los casos y que la revisión de detenciones preventivas debe ser una práctica generalizada para asegurar el respeto a los derechos humanos de todos los privados de libertad.

    /mfag/

  • Justicia convoca audiencia para revisar detención preventiva de Camacho y Pumari

    Justicia convoca audiencia para revisar detención preventiva de Camacho y Pumari

    Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari deberán comparecer el lunes 25 de agosto a una audiencia para revisar la legalidad de su situación procesal, tras una orden del Tribunal Supremo de Justicia.

    Audiencia programada tras instrucción judicial

    El Tribunal Sexto de Sentencia Anticorrupción de La Paz convocó, de oficio, una audiencia presencial para este lunes 25 de agosto a las 14:00, en el Salón Rosado del Tribunal Departamental de Justicia paceño. La audiencia fue convocada tras un instructivo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que ordena revisar los plazos de detención preventiva de los implicados en el caso “Golpe de Estado I”.

    Revisión de plazos procesales

    La medida se basa en el Instructivo 18/2025, firmado por el presidente del TSJ, Romer Saucedo Gómez, con fecha del 22 de agosto de 2025. La disposición establece que se debe verificar de manera inmediata si las detenciones prolongadas de Camacho, Pumari y la expresidenta Jeanine Áñez cumplen con los plazos legales, tal como lo indica el artículo 250 del Código de Procedimiento Penal.

    Transporte de los detenidos a la audiencia

    Camacho será trasladado desde el penal de Chonchocoro, en Viacha, y Pumari desde el penal de Cantumarca, en Potosí, hasta La Paz para su participación en la audiencia.

    Contexto y posibles consecuencias

    Ambos están acusados por presuntos delitos de terrorismo debido a su participación en las movilizaciones de 2019 que derivaron en la renuncia de Evo Morales. El juicio se encuentra paralizado en espera de un pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad del delito imputado.

    Tras cumplir más de dos años y ocho meses en detención preventiva, el abogado de Camacho denunció que el plazo máximo legal es de seis meses. Esto refuerza el argumento de que esta audiencia podría derivar en una libertad condicionada o irrestricta.

    /mfag/

  • Caso Shell: advierten una “bomba jurídica” para el próximo gobierno

    Caso Shell: advierten una “bomba jurídica” para el próximo gobierno

    El exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, alertó que la siguiente administración estatal no solo deberá enfrentar el desabastecimiento de combustibles, sino también una crisis jurídica a raíz de la disputa millonaria iniciada por la petrolera Shell contra el Estado boliviano.

    Dos frentes de crisis

    “Le están dejando una bomba al próximo gobierno de desabastecimiento y otra bomba en el tema jurídico del país, de seguridad jurídica”, señaló Ríos, en referencia al proceso internacional que activó Shell.

    La petrolera sostiene que Bolivia vulneró el tratado bilateral de protección de inversiones con el Reino Unido y apunta a seis acciones concretas que habrían afectado su negocio en el país.

    Monto en disputa y percepción internacional

    De acuerdo con el exministro, el monto inicialmente discutido rondaba entre 10 y 12 millones de dólares, pero la cifra se habría incrementado tras nuevas observaciones, lo que a su juicio envía una “mala señal” a los inversores externos sobre la seguridad jurídica en Bolivia.

    Reclamos de Shell

    La empresa denuncia que el Estado intervino de manera indebida en tres contratos con YPFB, reduciendo la rentabilidad de su inversión. También acusa a tribunales bolivianos de anular un laudo arbitral emitido a su favor, lo que considera una denegación de justicia.

    Además, Shell señala incumplimientos de pago, negativa de acceso a documentación necesaria para concluir relaciones contractuales y la venta no autorizada de crudo de su propiedad.

    Investigación en curso

    El caso sigue en proceso y la próxima administración gubernamental deberá encarar tanto la crisis energética como esta disputa legal internacional, que podría derivar en un millonario costo para el Estado boliviano.

  • Alerta migratoria contra el hijo del presidente Arce por investigación de presunta compra irregular de tierras

    Alerta migratoria contra el hijo del presidente Arce por investigación de presunta compra irregular de tierras

    El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó este lunes que se activó una alerta migratoria contra Rafael Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito en la compra del predio “Adán y Eva” en Santa Cruz.

    Investigación en curso

    Mariaca explicó que la medida se encuentra en etapa preliminar y que la alerta busca evitar que Rafael Arce salga del país mientras continúan las diligencias. La investigación se reabrió tras la denuncia del diputado Héctor Arce, quien cuestiona los préstamos millonarios obtenidos para adquirir el predio valuado en 5 millones de dólares.

    Denuncia y presuntas irregularidades

    El denunciante sostiene que Rafael Arce declaró la transacción por un monto menor al real para evadir impuestos y que se benefició de trámites exprés en la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT). La Fiscalía amplió las indagaciones solicitando informes a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), entidades bancarias y la propia ABT.

    Declaración de Rafael Arce

    El fiscal general confirmó que el hijo del mandatario ya prestó su declaración dentro del proceso. Añadió que se prevén nuevas diligencias relacionadas con la propiedad en investigación y con solicitudes de documentación adicional.

    Fiscalía descarta persecución política

    Mariaca recalcó que la intención del Ministerio Público no es realizar persecución, sino llevar adelante una investigación transparente y responsable. “Los fiscales están trabajando en la recolección de pruebas y actuando conforme a derecho”, sostuvo.

    Caso cerrado contra Marcelo Arce

    En paralelo, el fiscal aclaró que el proceso contra el otro hijo del presidente, Marcelo Arce, fue cerrado hace años. Dicho caso estaba vinculado a presuntos hechos de corrupción en YPFB, pero la Fiscalía respetó las decisiones judiciales que archivaron el expediente.

  • Magistrada alerta sobre presuntos cobros a su nombre

    Magistrada alerta sobre presuntos cobros a su nombre

    Ante denuncias de presuntos cobros a su nombre, la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por Potosí, Norma Velasco, emitió un pronunciamiento en su cuenta de Facebook aclarando que no acepta ni gestiona pagos en dinero ni ninguna otra contraprestación relacionada con procesos judiciales.

    Llamado a no dejarse sorprender

    Velasco exhortó a los litigantes a no dejarse engañar por personas “mañosas y tendenciosas” que, según afirma, buscan protagonismo utilizando su identidad. Además, pidió que cualquier hecho ilícito sea denunciado de inmediato ante las instancias competentes.

    Defensa de la transparencia judicial

    En su comunicado, la magistrada ratificó su compromiso con la transparencia y la independencia judicial, recordando que la administración de justicia es gratuita y que los únicos pagos que deben realizar los litigantes corresponden a honorarios de abogados.

    Antecedente similar

    Este es el segundo caso en el que una autoridad judicial advierte sobre cobros irregulares a nombre de magistrados. A inicios de este año, el magistrado Carlos Ortega también denunció una situación similar.

  • Condenan a dos exfuncionarios y absuelven a seis en el caso de los respiradores chinos

    Condenan a dos exfuncionarios y absuelven a seis en el caso de los respiradores chinos

    La compra irregular de 500 ventiladores pulmonares en 2020 causó un daño económico de más de $us 10 millones al Estado.

    La justicia boliviana condenó a dos exfuncionarios del Ministerio de Salud y Deportes por la compra irregular de 500 ventiladores pulmonares durante la primera ola de la pandemia de covid-19, en la gestión de Jeanine Áñez.

    Eduardo Díaz Pizarro recibió una pena de 8 años de prisión y Juan Carlos Arraya Tejada, de 2 años, por los delitos de incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado. Según el procurador general, Ricardo Condori, la adquisición ocasionó un daño económico de $us 10.456.332,77.

    Fallas técnicas y destino de la pena

    Los equipos, de la marca Guangzhou Yueshen y modelo YSAV400A, presentaban 40 incumplimientos a las especificaciones técnicas exigidas en el proceso de contratación. Ambos sentenciados deberán cumplir condena en el penal de San Pedro, en La Paz, además de pagar multas y costas a favor del Estado.

    Seis absueltos y posible apelación

    En el mismo proceso, fueron absueltos Vania Huaira Vargas Guzmán, Jorge Cristhian Sánchez Caero, Alias Ramón Cordero Cuevas, Marco Antonio Peñaranda Inchausti, Graciela Erniqueta Minaya Ramos y Elías Ramón Cordero Cuevas.

    La Procuraduría anunció que apelará la decisión, buscando que los seis enfrenten cargos por conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y delitos contra la salud pública.

  • Fiscalía identifica al 98% de los autores de feminicidios registrados en 2025

    Fiscalía identifica al 98% de los autores de feminicidios registrados en 2025

    Entre enero y julio se registraron 49 feminicidios en Bolivia; la mayoría de los responsables fueron identificados y privados de libertad, según datos del Ministerio Público.

    Avances en la investigación de feminicidios

    El Ministerio Público informó que, de los 49 feminicidios registrados en Bolivia entre enero y julio de 2025, se logró identificar y encarcelar a los autores en el 97,95% de los casos.

    Del total, 14 casos cuentan con sentencia condenatoria, 4 se extinguieron por muerte del autor, 4 están en etapa de acusación formal, 25 en etapa preparatoria y 2 en fase preliminar.

    El fiscal superior de Vida y Personas, Sergio Fajardo, explicó que estos resultados son fruto de la intervención rápida y coordinada de las fiscalías departamentales.

    Departamentos con mayor incidencia

    Los departamentos con mayor número de feminicidios en lo que va del año son La Paz (20 casos), Santa Cruz (14) y Cochabamba (7).

    Las cifras muestran una concentración de crímenes en las regiones metropolitanas, donde también se han desplegado mayores recursos para la atención de víctimas y la investigación de los hechos.

    Situación de los infanticidios

    En paralelo, la Fiscalía registró 11 casos de infanticidio con 12 víctimas durante el mismo periodo. De estos, el 81% de los autores ya fueron identificados y se encuentran bajo detención preventiva. La Paz reporta 5 casos, Santa Cruz 3 y Cochabamba 2, siendo las regiones más afectadas por estos delitos.

    Compromiso institucional contra la violencia

    Fajardo sostuvo que se continuará fortaleciendo el trabajo interinstitucional para reducir la impunidad y proteger la vida de mujeres y niños en el país.

    /mfag/

  • Ramiro Cucho enviado a la cárcel por incumplir detención domiciliaria

    Ramiro Cucho enviado a la cárcel por incumplir detención domiciliaria

    La justicia revocó la detención domiciliaria del dirigente afín al evismo, Ramiro Cucho, y ordenó su detención preventiva por tres meses, tras comprobar que incumplió las condiciones judiciales impuestas durante el proceso por el asesinato de policías en Llallagua, Potosí.

    Incumplimiento de medidas cautelares

    Según informó el Ministro de Gobierno, Roberto Ríos, Cucho fue visto en lugares vinculados a los hechos de violencia donde fallecieron policías en junio pasado.

    Este movimiento fuera del domicilio vulneró las condiciones de su arresto domiciliario, vigente desde mediados de abril.

    Vínculos con hechos violentos

    Ríos afirmó que el dirigente es considerado uno de los autores intelectuales de las movilizaciones y bloqueos que derivaron en enfrentamientos violentos y la muerte de efectivos policiales en Llallagua. Con base en estos antecedentes, el juzgado determinó la detención preventiva por tres meses mientras se desarrollan las investigaciones.

    Proceso en curso

    El caso Llallagua continúa bajo investigación, con énfasis en la identificación de responsables materiales e intelectuales de los hechos que conmocionaron a la región. El Gobierno reiteró su compromiso con la no impunidad en casos que involucren violencia contra la fuerza pública.

    /mfag/