Categoría: Justicia

  • Arturo Murillo es enviado al penal de San Pedro por seis meses

    Arturo Murillo es enviado al penal de San Pedro por seis meses

    El exministro de Gobierno, Arturo Murillo, fue trasladado este jueves al penal de San Pedro, en La Paz, para cumplir detención preventiva por seis meses, tras la audiencia de medidas cautelares por el caso “Gases Brasil”.


    Traslado bajo resguardo policial

    Murillo llegó a la cárcel en una camioneta negra, escoltado por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). A su salida de la audiencia declaró brevemente: “Con el tiempo se va a saber todo, muchas gracias por su interés”.


    Apelación de la Procuraduría

    La Procuraduría General del Estado anunció que apelará la decisión judicial, solicitando que el exministro sea recluido en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro.


    Procesos pendientes

    El exministro enfrenta 15 procesos en su contra. Ya cuenta con dos sentencias: una por la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos por más de $us 2 millones y otra por el préstamo de material antidisturbios proveniente de Ecuador.

  • Abogado de Arturo Murillo solicita que su defendido sea procesado en libertad

    Abogado de Arturo Murillo solicita que su defendido sea procesado en libertad

    El abogado de Arturo Murillo, Jaime Tapia, informó este viernes que en las últimas horas llegaron más de cuatro órdenes de aprehensión contra el exministro. Tapia pidió que Murillo pueda ejercer su derecho a la defensa en libertad frente a los 15 procesos que enfrenta en Bolivia.

    Órdenes de aprehensión recientes

    Según Tapia, la llegada de más de cuatro órdenes de aprehensión evidencia que no hay intención de otorgarle libertad a Murillo. “De una audiencia cautelar vamos a pasar a otra y otra. Esto va a ser una romería de procesos y don Arturo Murillo está consciente de ello”, indicó el abogado.

    Procesos y sentencias ejecutoriadas

    La Fiscalía General del Estado informó que Murillo enfrenta 15 procesos en el país. Dos de ellos tienen sentencia ejecutoriada: el caso “Ecuador”, relacionado con ingreso irregular de agentes químicos y armamento desde ese país, con 5 años y 4 meses de prisión; y el caso “gases lacrimógenos” de 2019, por compras con sobreprecio, con una condena de 8 años.

    Solicitud de defensa en libertad

    Tapia enfatizó que Murillo es inocente y que, por principio, corresponde que se defienda en libertad. Señaló que la detención preventiva solo aplica de manera excepcional y que su defendido debería poder ejercer sus derechos sin restricciones de movilidad.

    Próxima audiencia

    Para este viernes a las 13:45 se programó la audiencia presencial de Murillo por el denominado caso “gases Brasil”. El exministro llegó a Bolivia la madrugada del jueves, procedente de Estados Unidos, tras ser deportado.

  • Justicia ordena atención inmediata ha incendios y control en el uso de recursos

    Justicia ordena atención inmediata ha incendios y control en el uso de recursos

    El Tribunal Agroambiental determinó el 29 de agosto tres medidas cautelares para enfrentar los incendios forestales en Bolivia: atención urgente, transparencia en recursos y apertura de investigaciones penales.

    Respuesta rápida a los incendios

    El Ministerio de Medio Ambiente y Agua deberá actuar con urgencia para sofocar los incendios en tierras fiscales y áreas protegidas administradas por el SERNAP. La decisión busca frenar el avance del fuego que afecta a varias regiones del país.

    Control de recursos públicos

    El Ministerio de Economía deberá informar cómo se están usando los fondos destinados a la emergencia nacional. También se pidió a instituciones y gobiernos subnacionales presentar sus presupuestos y planes de acción contra los incendios.

    Investigación de delitos ambientales

    La Fiscalía General deberá iniciar de oficio procesos por delitos vinculados a los incendios forestales. El Tribunal pidió dar prioridad a estos casos y coordinar con la jurisdicción agroambiental.

    Acción de activistas

    Las medidas fueron asumidas tras una demanda presentada por activistas ambientales, que buscan proteger a la Madre Tierra y los derechos de la población frente al impacto de los incendios.

    Audiencia en curso

    El proceso comenzó en junio y, tras varios retrasos, se reactivó el 29 de agosto. La audiencia continuará el próximo 8 de septiembre con la revisión de nuevas determinaciones.

  • Presidente aprueba anteproyecto de Ley de Indulto y lo enviará al Legislativo

    Presidente aprueba anteproyecto de Ley de Indulto y lo enviará al Legislativo

    El presidente Luis Arce aprobó el anteproyecto de Ley de Indulto que será remitido la próxima semana a la Asamblea Legislativa para su tratamiento. La medida busca reducir la población carcelaria y fortalecer un sistema penitenciario con enfoque humano.

    El anuncio

    El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, confirmó que el documento ya fue revisado y aprobado por el Ejecutivo, por lo que en los próximos días ingresará a la agenda legislativa.

    “El presidente Arce aprobó el anteproyecto de Ley de Indulto que la próxima semana será derivado al Legislativo para su aprobación”, señaló la autoridad.

    Contexto

    El indulto es un beneficio legal que extingue la pena impuesta por un delito bajo parámetros específicos, generalmente aplicados para descongestionar los penales.

    En marzo de este año, Arce ya había promulgado el Decreto Presidencial 5137 de Amnistía e Indulto por razones humanitarias, dirigido a personas con detención preventiva o sentencia ejecutoriada.

    Obras en el penal de San Roque

    El anuncio se realizó durante la entrega de nuevas infraestructuras en la cárcel de San Roque, en Sucre. Entre las obras destacan:

    • 12 dormitorios para cuatro personas cada uno.
    • Dos aulas para el desarrollo de la carrera de Derecho.
    • Baños y lavaplatos de uso comunitario.
    • Nueve celdas nuevas en planta baja y dormitorios comunes en planta alta con capacidad para más de 100 privados de libertad.

    Más de 200 internos, además de personal policial y administrativo, se beneficiarán con estas mejoras.

    “El sistema penitenciario no debe reducirse a muros y rejas, sino convertirse en un espacio de rehabilitación integral con educación formal y técnica”, enfatizó Ríos.

    Próximos pasos

    El proyecto de Ley de Indulto será debatido en la Asamblea Legislativa en los próximos días. De ser aprobado, se sumará a las políticas del Ejecutivo para aliviar el hacinamiento carcelario y promover la rehabilitación de los privados de libertad en Bolivia.

  • Defensoría alerta a la CIDH sobre riesgo de impunidad en el caso Senkata

    Defensoría alerta a la CIDH sobre riesgo de impunidad en el caso Senkata

    La Defensoría del Pueblo presentó un informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), este 27 de agosto, manifestando su preocupación por las recientes decisiones judiciales en el caso Senkata.

    Informe a la CIDH

    La institución defensorial advirtió que la anulación del juicio ordinario contra la expresidenta Jeanine Áñez, quien ahora será procesada mediante un juicio de responsabilidades, podría abrir espacios de impunidad en uno de los casos más sensibles relacionados con la crisis de 2019.

    Riesgo para las víctimas

    Según la Defensoría, las resoluciones judiciales pueden afectar directamente los derechos de las víctimas de Senkata, al retrasar el acceso a la justicia pronta y efectiva. En su comunicado, la entidad reiteró que la prioridad debe ser garantizar un proceso transparente y sin dilaciones.

    Recomendaciones internacionales

    La Defensoría recordó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) recomendó llevar adelante una investigación seria, imparcial y exhaustiva sobre los hechos de 2019, en respeto al debido proceso y a los derechos de las víctimas.

    Protección a testigos

    Finalmente, la institución informó que ha solicitado a diversas entidades estatales un reporte sobre las medidas de protección vigentes para las víctimas y testigos, con el fin de evitar su revictimización y garantizar su seguridad durante el desarrollo del proceso.

  • Gobierno dice que respeta decisiones de la justicia, pero pide no olvidar violaciones de DDHH de 2019

    Gobierno dice que respeta decisiones de la justicia, pero pide no olvidar violaciones de DDHH de 2019

    La ministra de Justicia y Transparencia Institucional, Jessica Saravia, afirmó este martes que el Gobierno nacional respeta la independencia de poderes, pero exhortó a no olvidar las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en 2019, confirmadas por el informe del GIEI.

    Respeto a la justicia, pero sin impunidad

    “Respetamos la independencia de poderes y, por supuesto, las resoluciones de las autoridades judiciales. Sin embargo, también es importante instar a todas y a todos a no olvidar los hechos luctuosos de 2019”, manifestó Saravia en conferencia de prensa.

    Recordó que esos sucesos derivaron en la conformación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), a solicitud del gobierno de Jeanine Áñez. El informe confirmó que en Sacaba y Senkata se produjeron masacres con uso desproporcionado de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía.

    Víctimas y responsabilidades pendientes

    Según las investigaciones, hubo más de 166 víctimas, de las cuales 37 fallecieron, 420 resultaron heridas y 70 fueron víctimas de tortura, reconocidas por organismos internacionales de derechos humanos.

    “El informe del GIEI concluye que hubo graves violaciones de derechos humanos y recomienda al Estado garantizar justicia, memoria, verdad y reparación. Esa es nuestra responsabilidad como país”, señaló la ministra.

    Procesos judiciales en curso

    Saravia recordó que el Estado participa en tres procesos vinculados a los hechos de 2019:

    • Golpe I, contra Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, suspendido por una acción de inconstitucionalidad.
    • Golpe de Estado II, en el que Áñez fue condenada a 10 años de cárcel.
    • Masacres de Senkata y Sacaba, proceso que fue anulado el lunes para ser tratado como juicio de responsabilidades.

    Sobre esta última decisión, que generó rechazo entre las víctimas, la ministra enfatizó:
    “Corresponde al Ministerio Público investigar y al Órgano Judicial juzgar dentro de sus competencias, pero lo que no puede haber es impunidad”.

  • Si condiciones judiciales permiten, Camacho podría retomar funciones

    Si condiciones judiciales permiten, Camacho podría retomar funciones

    El Vicepresidente de Creemos afirmó que, si las condiciones judiciales lo permiten, Luis Fernando Camacho podría regresar a Santa Cruz y asumir sus labores como Gobernador desde el primer día.

    Audiencia clave en La Paz

    Este miércoles se llevará a cabo una audiencia virtual en La Paz relacionada con el proceso por los 36 días de paro cívico frente al censo. El Vicepresidente de Creemos, Efraín Suárez, explicó que esperan que el tribunal otorgue a Camacho “libertad pura y simple”, similar al fallo dictado en el caso “Golpe I” respecto a Marco Antonio Pumari.

    Regreso inminente y asunción de mando

    Suárez proyectó que Camacho podría estar en Santa Cruz este viernes y “volver a asumir las funciones de Gobernador del departamento” una vez ponga un pie en la región. Dijo además que el expresidente cívico ya trabaja en una nueva estructura de gobierno, incluyendo un gabinete renovado que lo acompañará desde su retorno.

    Defensa y agenda política

    Desde su entorno político, se afirma que Camacho denunciará públicamente violaciones a sus derechos durante su detención y buscará sancionar a quienes las propiciaron, tanto a nivel nacional como internacional.

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  • Pumari tendrá audiencia este viernes por el caso de la quema del TED de Potosí

    Pumari tendrá audiencia este viernes por el caso de la quema del TED de Potosí

    El exlíder cívico Marco Antonio Pumari afrontará este viernes por la mañana una audiencia para revisar las medidas cautelares de su proceso por la quema del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Potosí tras los hechos de 2019.

    Audiencia pendiente tras libertad en caso “Golpe I”

    Pumari obtuvo libertad «pura y simple» este martes en el tramo del caso denominado «Golpe I». No obstante, su salida de prisión aún no se concreta debido a la necesidad de resolver su situación legal en el proceso pendiente por la quema del TED de Potosí.

    Fecha clave para su situación legal

    El tribunal de Potosí convocó la audiencia de medidas cautelares para este viernes en la mañana. Su defensa, encabezada por el abogado Diego Gutiérrez, presentará argumentos para que Pumari pueda defenderse en libertad en este nuevo proceso.

    Proceso paralelo en Potosí en fase de descargos

    El proceso por la quema del TED en Potosí actualmente se encuentra en la etapa de presentación de descargos y pruebas. Una vez concluida esta fase, seguirán los alegatos y se espera la eventual emisión de una sentencia.

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  • Reinstalan la audiencia de Camacho y Pumari en el TDJ de La Paz

    Reinstalan la audiencia de Camacho y Pumari en el TDJ de La Paz

    La sesión fue retomada la tarde de este martes para revisar la detención preventiva del Gobernador de Santa Cruz y del exlíder cívico, en el marco del caso “Golpe de Estado I”.

    Inicio de la audiencia

    La audiencia de Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari fue reinstalada la tarde de este martes, poco después de las 14:00, en el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz. El objetivo principal es revisar la situación de detención preventiva que ambos cumplen por el proceso denominado “Golpe de Estado I”.

    En horas de la mañana, el acto judicial ingresó en cuarto intermedio, debido a que el tribunal solicitó información complementaria sobre los riesgos procesales de los acusados. Se espera que durante la jornada se emita una definición respecto a su situación jurídica.

    Resguardo policial y protestas

    La reinstalación de la audiencia se dio en medio de un fuerte resguardo policial dentro y fuera del edificio judicial, ante la presencia de seguidores de los acusados y de grupos de protesta. Entre ellos, un grupo de personas que se identificó como víctimas de Senkata llegó hasta el lugar para manifestarse en contra de los procesados.

    Contexto del proceso

    El caso “Golpe de Estado I” se originó a partir de una denuncia presentada por la exdiputada del MAS, Lidia Patty, que acusa a Camacho, Pumari y otros actores políticos de los delitos de terrorismo, cohecho activo, uso indebido de bienes del Estado, entre otros, vinculados a los hechos de noviembre de 2019.

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  • Consejo de la Magistratura sancionará a jueces por retardación de justicia

    Consejo de la Magistratura sancionará a jueces por retardación de justicia

    La institución ordenó la revisión de todos los procesos con detención preventiva en los nueve departamentos. Se advierte sanciones para administradores de justicia que incumplan plazos procesales.

    Revisión nacional de casos

    El consejero Carlos Spencer informó que el Consejo de la Magistratura instruyó a los Tribunales Departamentales de Justicia (TDJ) de todo el país iniciar de oficio la revisión de procesos con detención preventiva, debido a las denuncias de retardación de justicia que afectan a miles de privados de libertad.

    La medida surge tras la decisión inicial del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de revisar únicamente los juicios contra Jeanine Áñez, Marco Pumari y Luis Fernando Camacho, acción que fue cuestionada por el Consejo al considerar que el problema es general.

    Posibles sanciones

    Spencer advirtió que, concluida la revisión, se determinará si algunos jueces u operadores de justicia deberán ser sometidos a procesos disciplinarios por incumplimiento de plazos.
    “Vamos a sancionar a la autoridad jurisdiccional que haya incurrido en retardación de justicia. No nos va a temblar la mano”, afirmó.

    Datos preocupantes

    Según el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, de los 18 mil internos en las cárceles del país, entre 4.500 y 5.000 superaron los tres años de detención preventiva sin sentencia. El Consejo calcula que existen 32 mil procesos con presunta retardación de justicia.

    Falta de recursos

    Spencer señaló que uno de los principales problemas es el reducido presupuesto judicial, equivalente al 0,35% del Presupuesto General del Estado, y la insuficiente cantidad de jueces en el país (1.308). Subrayó la urgencia de contar con más recursos humanos y económicos para garantizar una justicia ágil.

  • Audiencia del caso Sacaba es suspendida y reprogramada para el viernes

    Audiencia del caso Sacaba es suspendida y reprogramada para el viernes

    La audiencia del caso “Masacre de Sacaba”, en el que la expresidenta Jeanine Áñez es acusada, fue suspendida este martes tras la presentación de una excepción de incompetencia por parte de su defensa legal.

    Suspensión y nuevo cronograma

    La sesión, convocada por el Tribunal Primero de Sentencia de Sacaba para las 08:30, inició a las 09:02 mediante una sala virtual, en cumplimiento de una instrucción del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitida el 25 de agosto.

    Reprogramación de la audiencia

    El abogado de Áñez, Luis Guillén, confirmó que la audiencia fue reprogramada para este viernes a las 08:30, donde se prevé continuar con el proceso.

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  • Camacho y Pumari retornan al Tribunal de La Paz para reinstalación de audiencia

    Camacho y Pumari retornan al Tribunal de La Paz para reinstalación de audiencia

    Este martes a las 08:45 se reanuda la audiencia para revisar la detención preventiva que cumplen Luis Fernando Camacho y Marco Pumari en el marco del caso de la crisis de 2019.

    Instalación del proceso judicial

    La audiencia, que se había iniciado el lunes y entró en cuarto intermedio, será reinstalada este martes. Durante la sesión se evaluará la detención preventiva que ambos cumplen desde hace tiempo por su vinculación con los eventos políticos de 2019.

    Estricto resguardo durante el traslado

    Camacho y Pumari fueron trasladados al Tribunal Departamental de Justicia en medio de un fuerte dispositivo policial. Camacho salió desde el penal de Chonchocoro mientras Pumari lo hizo desde San Pedro, donde fue reubicado tras su salida de Cantumarca.

    Debate sobre liberación

    Se espera que el tribunal emita un fallo sobre si se mantiene o se modifica la medida cautelar. El Procurador General del Estado ha anunciado su oposición a su liberación, reforzando la tensión sobre el proceso judicial.

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  • Viceministra Arraya considera «más política que jurídica» la instrucción del TSJ sobre revisiones selectivas de detenciones

    Viceministra Arraya considera «más política que jurídica» la instrucción del TSJ sobre revisiones selectivas de detenciones

    La Viceministra de Seguridad Ciudadana cuestionó que el Tribunal Supremo de Justicia haya ordenado revisar solo las detenciones preventivas de Añez, Camacho y Pumari, y no de todos los internos.

    Cuestionan alcance selectivo del instructivo

    La autoridad calificó como una medida con fines políticos la instrucción del TSJ, emitida después de las elecciones, y lamentó que solo se aplique a tres detenidos de alto perfil, en lugar de extenderse a todos los privados de libertad en esa situación.

    Reclamo por igualdad ante la ley

    Recordó que cerca del 60 % de la población carcelaria está con detención preventiva, y muchos ya habrían superado el tiempo máximo legal, por lo que exigió que las revisiones se realicen de forma universal.

    Audiencias programadas y respeto al proceso judicial

    Arraya sostuvo que, pese a su crítica, el Gobierno respetará el trabajo del Órgano Judicial y la decisión que se adopte en las audiencias programadas para este lunes.

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  • Internos se declaran en emergencia y exigen al TSJ revisión igualitaria de detenciones preventivas

    Internos se declaran en emergencia y exigen al TSJ revisión igualitaria de detenciones preventivas

    Delegados de privados de libertad exigen que el Tribunal Supremo de Justicia extienda a todos los detenidos preventivos el beneficio de revisión de plazos legales, igual que el aplicado a Áñez, Camacho y Pumari.

    Emergencia pacífica desde cárceles del país

    A partir del 24 de agosto, privados de libertad se declararon en estado de emergencia pacífica. Solicitan al TSJ que amplíe la revisión urgente de los plazos de detención preventiva a todos y no solo a figuras públicas como la expresidenta Jeanine Áñez y los dirigentes opositores Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari.

    La petición fue respaldada por representantes de cárceles como Palmasola (Santa Cruz) y Villa Busch (Pando).

    Principio de igualdad ante la ley

    Los internos señalan que prolongar la revisión solo para ciertos casos representa un trato desigual e injusto. Insisten en que muchos detenidos preventivos se encuentran en condiciones similares y merecen el mismo derecho a una revisión oportuna de sus medidas cautelares.

    Contexto legal y proporción de detenidos

    El Instructivo Nº 18/2025, emitido por el Tribunal Supremo de Justicia, instruyó revisar en un plazo máximo de 24 horas las detenciones preventivas de Áñez, Camacho y Pumari. Sin embargo, el Defensor del Pueblo recordó que a junio de 2025, más del 58 % de los 33,275 privados de libertad en Bolivia se encuentran en esa misma situación, por lo que la medida debería aplicarse de manera igualitaria.

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  • Exsacerdote uruguayo acusado de pederastia en Bolivia lleva 17 años en su ciudad natal

    Exsacerdote uruguayo acusado de pederastia en Bolivia lleva 17 años en su ciudad natal

    Juan José Santanna, exsacerdote uruguayo denunciado por abusar sexualmente de al menos 30 menores en un internado de Tapacarí, Cochabamba, permanece prófugo desde 2007 en Salto, Uruguay.

    Denuncias y huida

    Entre 2005 y 2007, Santanna dirigió el área masculina del Internado Ángel Gelmi, donde se registraron múltiples denuncias de abuso sexual.

    Tras la confirmación pública de los hechos por parte del Arzobispo de Cochabamba, Tito Solari, en 2007, Santanna huyó a Uruguay.

    Situación actual

    Actualmente, Santanna reside en la casa de sus padres en Salto, Uruguay, donde lleva una vida reservada. Aunque ha sido confrontado por periodistas, ha evitado asumir responsabilidades directas sobre las acusaciones.

    Reacciones y justicia pendiente

    A pesar de la alerta internacional emitida por Interpol, Santanna no ha sido detenido. Las víctimas en Bolivia continúan esperando justicia, mientras que la Iglesia Católica de Bolivia ha sido señalada por su manejo del caso.

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  • Tribunal Supremo de Justicia marca un cambio y evalúa detenciones de la expresidenta y líderes cívicos

    Tribunal Supremo de Justicia marca un cambio y evalúa detenciones de la expresidenta y líderes cívicos

    El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), emitió una instrucción para revisar los procesos judiciales contra la expresidenta Jeanine Áñez y los excívicos Marco Pumari y Fernando Camacho, en un paso que ha sido interpretado como una señal de independencia judicial.

    Relevancia de la decisión

    La medida, según la Senadora Centa Rek, es considerada un avance en la búsqueda de un sistema judicial más imparcial, después de denuncias sobre el uso excesivo de la detención preventiva como herramienta de persecución política.

    La acción del TSJ apunta a garantizar el respeto a los derechos fundamentales y a la Constitución.

    Expectativas sobre presos políticos

    La decisión genera expectativas sobre la posible liberación de Áñez, Camacho, Pumari y otros privados de libertad considerados presos políticos, marcando un giro hacia una justicia más independiente y al servicio del pueblo boliviano.

    Perspectiva futura

    Este pronunciamiento del TSJ podría constituir un precedente para futuras acciones judiciales que fortalezcan la transparencia y la imparcialidad en el sistema judicial del país.

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  • Abogado pide a la justicia pronunciarse sobre más de 300 presos políticos

    Abogado pide a la justicia pronunciarse sobre más de 300 presos políticos

    El abogado y activista Jorge Valda solicitó al Órgano Judicial que revise los casos de más de 300 personas detenidas preventivamente por motivos políticos, en el marco de la instrucción del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre los plazos de detención de Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari.

    Casos de detención política

    Valda señaló que, además de estas tres figuras, hay numerosos ciudadanos procesados por ejercer su derecho a la protesta o expresar opiniones contrarias al gobierno.

    Entre ellos mencionó miembros de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), funcionarios de la Gobernación de Santa Cruz, integrantes de Adepcoca y militares procesados en el caso “Golpe de Estado I”.

    Solicitud de auditoría y transparencia

    El abogado propuso que el TSJ realice una auditoría a todos los procesos penales de índole política impulsados por el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), con el objetivo de garantizar transparencia y justicia.

    Señaló que estas acciones buscan evidenciar actos autoritarios y abusivos del Estado.

    Contexto de la revisión judicial

    La petición de Valda coincide con la revisión de los plazos de detención preventiva de Áñez, Camacho y Pumari, medida que podría derivar en su liberación si se comprueba que se excedieron los plazos legales.

    Esta revisión ha sido celebrada por sectores de la oposición, que consideran que podría sentar un precedente para otros casos similares.

    Derechos humanos y debate público

    El presidente del TSJ, Romer Saucedo, instruyó a los tribunales departamentales a verificar el cumplimiento de los plazos de detención preventiva según el artículo 250 del Código de Procedimiento Penal.

    La situación de los presos políticos sigue siendo un tema de debate en Bolivia, con organizaciones nacionales e internacionales que exigen revisión imparcial y respeto a los derechos humanos.

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  • Gobierno pide que la revisión de detenciones alcance a todos los privados de libertad

    Gobierno pide que la revisión de detenciones alcance a todos los privados de libertad

    El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, saludó la revisión de los plazos de detención preventiva de Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, pero solicitó que la medida se aplique a toda la población privada de libertad en Bolivia.

    Respeto a la independencia judicial

    Ríos enfatizó que la administración del presidente Luis Arce respeta la independencia de los órganos judiciales y no interviene en las decisiones de los tribunales. Sin embargo, destacó que es fundamental garantizar que los derechos de todos los privados de libertad sean considerados de manera equitativa.

    Alcance de la medida

    El ministro recordó que entre el 65% y 70% de la población penitenciaria se encuentra bajo detención preventiva. Por ello, consideró necesario que la revisión de los plazos procesales ordenada por el Tribunal Supremo de Justicia para Áñez, Camacho y Pumari se extienda de forma general.

    Contexto del caso

    La instrucción del TSJ, emitida por su presidente Romer Saucedo, ordena a los tribunales departamentales verificar en 24 horas el cumplimiento de los plazos de las medidas cautelares en el marco del caso “Golpe de Estado I”, en el que los implicados son acusados de terrorismo por su participación en las movilizaciones de 2019 que derivaron en la renuncia de Evo Morales.

    Equidad y derechos humanos

    Ríos concluyó que la justicia debe garantizar la equidad en el tratamiento de todos los casos y que la revisión de detenciones preventivas debe ser una práctica generalizada para asegurar el respeto a los derechos humanos de todos los privados de libertad.

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  • Justicia convoca audiencia para revisar detención preventiva de Camacho y Pumari

    Justicia convoca audiencia para revisar detención preventiva de Camacho y Pumari

    Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari deberán comparecer el lunes 25 de agosto a una audiencia para revisar la legalidad de su situación procesal, tras una orden del Tribunal Supremo de Justicia.

    Audiencia programada tras instrucción judicial

    El Tribunal Sexto de Sentencia Anticorrupción de La Paz convocó, de oficio, una audiencia presencial para este lunes 25 de agosto a las 14:00, en el Salón Rosado del Tribunal Departamental de Justicia paceño. La audiencia fue convocada tras un instructivo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que ordena revisar los plazos de detención preventiva de los implicados en el caso “Golpe de Estado I”.

    Revisión de plazos procesales

    La medida se basa en el Instructivo 18/2025, firmado por el presidente del TSJ, Romer Saucedo Gómez, con fecha del 22 de agosto de 2025. La disposición establece que se debe verificar de manera inmediata si las detenciones prolongadas de Camacho, Pumari y la expresidenta Jeanine Áñez cumplen con los plazos legales, tal como lo indica el artículo 250 del Código de Procedimiento Penal.

    Transporte de los detenidos a la audiencia

    Camacho será trasladado desde el penal de Chonchocoro, en Viacha, y Pumari desde el penal de Cantumarca, en Potosí, hasta La Paz para su participación en la audiencia.

    Contexto y posibles consecuencias

    Ambos están acusados por presuntos delitos de terrorismo debido a su participación en las movilizaciones de 2019 que derivaron en la renuncia de Evo Morales. El juicio se encuentra paralizado en espera de un pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad del delito imputado.

    Tras cumplir más de dos años y ocho meses en detención preventiva, el abogado de Camacho denunció que el plazo máximo legal es de seis meses. Esto refuerza el argumento de que esta audiencia podría derivar en una libertad condicionada o irrestricta.

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  • Caso Shell: advierten una “bomba jurídica” para el próximo gobierno

    Caso Shell: advierten una “bomba jurídica” para el próximo gobierno

    El exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, alertó que la siguiente administración estatal no solo deberá enfrentar el desabastecimiento de combustibles, sino también una crisis jurídica a raíz de la disputa millonaria iniciada por la petrolera Shell contra el Estado boliviano.

    Dos frentes de crisis

    “Le están dejando una bomba al próximo gobierno de desabastecimiento y otra bomba en el tema jurídico del país, de seguridad jurídica”, señaló Ríos, en referencia al proceso internacional que activó Shell.

    La petrolera sostiene que Bolivia vulneró el tratado bilateral de protección de inversiones con el Reino Unido y apunta a seis acciones concretas que habrían afectado su negocio en el país.

    Monto en disputa y percepción internacional

    De acuerdo con el exministro, el monto inicialmente discutido rondaba entre 10 y 12 millones de dólares, pero la cifra se habría incrementado tras nuevas observaciones, lo que a su juicio envía una “mala señal” a los inversores externos sobre la seguridad jurídica en Bolivia.

    Reclamos de Shell

    La empresa denuncia que el Estado intervino de manera indebida en tres contratos con YPFB, reduciendo la rentabilidad de su inversión. También acusa a tribunales bolivianos de anular un laudo arbitral emitido a su favor, lo que considera una denegación de justicia.

    Además, Shell señala incumplimientos de pago, negativa de acceso a documentación necesaria para concluir relaciones contractuales y la venta no autorizada de crudo de su propiedad.

    Investigación en curso

    El caso sigue en proceso y la próxima administración gubernamental deberá encarar tanto la crisis energética como esta disputa legal internacional, que podría derivar en un millonario costo para el Estado boliviano.