Franklin Flores, exgerente de Emapa, enfrenta un proceso preliminar por incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y enriquecimiento ilícito, tras una denuncia presentada por el Viceministerio de Transparencia.
Inicio de la investigación
El fiscal Jhoan Muñoz confirmó que se emitieron directrices preliminares y citaciones dentro del proceso contra Franklin Flores, exejecutivo de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa).
Denuncia y delitos imputados
La investigación se inició a raíz de una denuncia del Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. Los delitos atribuidos a Flores son incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y enriquecimiento ilícito.
Cambio en la gerencia de Emapa
Días atrás, Franklin Flores renunció a la gerencia de Emapa y fue reemplazado por Richard Rojas, según confirmó la institución estatal.
Una pareja fue enviada a detención preventiva tras ser implicada en el rapto de un niño de 11 años con discapacidad en un hostal de la zona Llojeta, La Paz, este miércoles, informó la Fiscalía.
Medidas cautelares
La autoridad jurisdiccional dispuso que la mujer cumpla detención en el Centro de Orientación Femenina (COF) de Obrajes, mientras que el hombre fue enviado a la cárcel de Patacamaya. Ambos permanecerán bajo esta medida por cuatro meses mientras continúa la investigación.
Detalles del hecho
Según la Fiscalía, la mujer trasladó al menor en un radio taxi hasta el hostal, pese a no tener ningún vínculo familiar con él. El hombre, dueño del alojamiento y pareja de la mujer, habría participado en complicidad. Al momento de la intervención, la pareja consumía bebidas alcohólicas mientras el niño dormía cerca.
Investigación y evidencias
Durante la audiencia de medidas cautelares, la Fiscalía presentó la valoración psicológica del menor, el registro del lugar del hecho, las declaraciones de los padres y otras pruebas que apuntan al delito de trata de personas.
Protección del menor
Las autoridades aseguraron que se está brindando atención especializada al niño, priorizando su seguridad y bienestar mientras se realizan los procedimientos legales correspondientes.
La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) informó que abrió 75 procesos administrativos y 15 penales contra quienes provocan incendios.
Distribución de los procesos
Procesos administrativos: 31 en Santa Cruz, 18 en La Paz, 14 en Beni y 12 en el resto del país.
56 corresponden a propiedades privadas y 19 a comunidades.
Procesos penales: 13 en Santa Cruz, 1 en Beni y 1 en Tarija.
Sanciones y penas
Los procesos administrativos contemplan multas entre 190 y 976 UFVs por hectárea.
En los procesos penales, los responsables de incendios forestales pueden recibir 3 a 8 años de privación de libertad.
Incendios activos
Actualmente, se reportan 10 Insendios activos en Bolivia, incluidos dos en el Parque Nacional Noel Kempff Mercado y dos en el Área Natural de Manejo Integrado San Matías, ambos en Santa Cruz.
Llamado a la población
La ABT exhortó a denunciar quemas ilegales e incendios a través de la línea 800-100 118 y el WhatsApp 677 00422.
El asambleísta departamental Luis Ayllón anunció que presentará al menos dos denuncias ante la Fiscalía General, acusando al gobernador Damián Condori y a Vivian Chungara de encubrir actos de corrupción.
Acusaciones contra autoridades
Ayllón señaló que Condori y Chungara, quien retomó la Secretaría de Salud y Desarrollo Humano y Social, “cogobiernan” la Gobernación y mantienen prácticas de corrupción a todo nivel, incluyendo tráfico de influencias y nombramientos irregulares.
Desconfianza en la Fiscalía Departamental
El exgobernador interino manifestó que no confía en la Fiscalía Departamental, a la que acusa de encubrir denuncias y congelar procesos, pese a que la ley obliga a promover investigaciones sobre los casos presentados.
Intentos previos de denuncia
El asambleísta indicó que presentó previamente sus denuncias a la Unidad de Transparencia, pero considera que estas no tendrán seguimiento debido a la presunta coordinación entre la Gobernación y el Ministerio Público.
Próximos pasos
Ante la falta de acción en instancias locales, Ayllón aseguró que llevará sus denuncias directamente a la Fiscalía General del Estado, buscando que se investiguen también posibles relaciones de jueces chuquisaqueños con la Gobernación.
La Defensoría de la Niñez y Adolescencia confirmó que existen dos denuncias formales contra el párroco de Pojo, Cochabamba, por violación y abuso sexual a menores de edad.
Hechos denunciados
Los casos habrían ocurrido en 2018 y fueron denunciados formalmente cuando las víctimas ya eran menores de edad. Actualmente, los denunciantes son adultos, pero las autoridades no descartan que puedan existir más víctimas debido a la prolongada labor del párroco en la comunidad.
Alcance de la investigación
El párroco trabajó como maestro durante más de 15 años y como sacerdote al menos cinco años, teniendo contacto directo con cientos de menores. Esto ha generado temor de que existan otros casos aún no denunciados.
Reacción de la comunidad
El Consejo de Padres de Familia de Pojo solicitó que se investiguen todos los posibles casos y que no se encubra ningún delito. “Si hay más casos, que se denuncien y que la justicia investigue hasta el final”, señalaron sus representantes.
Medidas administrativas
Las autoridades educativas declararon la acefalía del cargo del párroco en la unidad educativa donde enseñaba religión y abrieron un proceso administrativo por faltas graves. La investigación penal sigue su curso.
El fiscal general Tarek William Saab confirmó la detención de 14 fiscales en Carabobo por su presunta vinculación con actos de corrupción en el Ministerio Público de Venezuela.
Operativo anticorrupción
La acción comenzó el pasado domingo y busca investigar y sancionar conductas corruptas dentro del Ministerio Público. Entre los detenidos se encuentra un antiguo responsable del ente en la región de Carabobo.
Compromiso con la legalidad
Saab calificó el operativo como «ejemplarizante y trascendental» y aseguró que busca garantizar que todos los funcionarios actúen con transparencia y responsabilidad, reforzando la integridad del sistema de justicia.
Contexto de vigilancia
Según el fiscal general, hasta la fecha se han procesado 570 funcionarios del Ministerio Público por violaciones a la ley, y esta vigilancia continuará «sin contemplación alguna».
Reacciones y críticas
La oposición venezolana denuncia que estos operativos podrían ser utilizados por el Gobierno para controlar y depurar sectores críticos del sistema judicial, cuestionando la imparcialidad de las detenciones.
El excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, difundió este miércoles una carta desde el penal de El Abra en Cochabamba, tras la decisión judicial que rechazó su solicitud de libertad. En el escrito insiste en que no hubo golpe de Estado el 26 de junio de 2024 y denuncia una persecución política.
Rechazo a la versión oficial
Zúñiga sostuvo que los militares y civiles procesados por los hechos del 26J son “absolutamente inocentes”. Responsabilizó al poder político por el despliegue de tanques y vehículos militares, afirmando que tales equipos no se mueven sin autorización de alto nivel.
Un encarcelamiento “abusivo”
El exgeneral calificó su detención preventiva como injusta y cuestionó que se le considere un peligro para la sociedad. “¿Es más peligroso un soldado que pide libertad para los presos políticos o un gobierno que vende la patria a intereses extranjeros?”, escribió en la misiva.
Defensa de recursos naturales
Aseguró que su único acto fue “levantar la voz por la patria” y denunciar la entrega de los recursos naturales a intereses extranjeros. En ese marco, afirmó que su encarcelamiento responde a razones políticas y no a delitos comprobados.
Críticas al sistema judicial
Zúñiga denunció que no se le permitió ampliar su declaración ante la justicia y recordó que el Tribunal Supremo de Justicia dispuso la liberación de personas con más de un año en detención preventiva sin sentencia, norma que —según dijo— no fue aplicada en su caso.
La Justicia boliviana rechazó la solicitud de libertad de Juan José Zúñiga, excomandante del Ejército, por lo que continuará en detención preventiva en la cárcel de El Abra, Cochabamba, tras más de un año de la toma militar de la Plaza Murillo.
Audiencia virtual y decisión judicial
La audiencia virtual para decidir sobre la cesación de su detención se instaló este miércoles y duró más de dos horas. La solicitud de la defensa de Zúñiga fue rechazada, reafirmando su detención preventiva.
Detención desde 2024
Zúñiga se encuentra detenido desde el 29 de junio de 2024. En el proceso también están involucrados cerca de treinta uniformados. El exjefe militar enfrenta cargos de alzamiento armado, terrorismo y resoluciones contrarias a la Constitución.
Juicio pendiente
Aunque permanece bajo detención, el juicio contra Zúñiga aún no ha iniciado. La decisión judicial mantiene su estatus mientras continúan las investigaciones y el desarrollo del proceso legal.
El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, alertó que parte del diésel subvencionado se desvía al contrabando interno y a un “negocio paralelo” que eleva el precio del litro hasta Bs 12.
Desvío en estaciones de servicio
Dorgathen explicó que algunas estaciones de servicio reciben, por ejemplo, 20.000 litros de diésel subvencionado, venden 17.000 o 18.000 litros, y los restantes 2.000 o 3.000 litros terminan en el contrabando interno. “En el interno hay un paralelo también del diésel como del dólar, se está vendiendo a 10, 12 bolivianos”, detalló.
Reventa por transportistas
El presidente de YPFB señaló que, según dirigentes del transporte pesado, existen transportistas que revenden el combustible subvencionado en el mercado paralelo, generando un negocio ilícito que afecta al suministro oficial.
Control y nuevas medidas
Dorgathen indicó que esperan mejorar el control con la nueva gestión de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Pese a que YPFB despacha combustibles al 100%, las filas en estaciones no se reducen, lo que evidencia problemas de distribución y desvíos.
Precio del diésel y sospechas de duplicidad
Actualmente, el precio del diésel subvencionado en Bolivia es de Bs 3,72 por litro, según la ANH. YPFB sospecha que existen irregularidades en el sistema B-SISA que podrían explicar la duplicidad de cargas y la repetitividad en la venta de combustible.
El Tribunal de La Paz condenó al exministro de Economía por la gestión de un crédito del FMI en 2020, aunque su defensa asegura que el proceso es irregular y con tintes políticos.
La sentencia del Tribunal
El exministro de Economía, José Luis Parada, fue condenado a ocho años de prisión por el Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer 6º de La Paz. La Procuraduría sostiene que el préstamo de 324 millones de dólares gestionado con el FMI en 2020 fue irregular porque no contaba con la aprobación de la Asamblea Legislativa.
Los argumentos de la defensa
La defensa de Parada sostiene que existían dos leyes que habilitaban el uso de financiamiento externo durante la pandemia: la Ley 1267 del Presupuesto General del Estado y la Ley 1293 de abril de 2020. Además, aseguran que el juicio debería haberse llevado a cabo mediante un juicio de responsabilidades en la Asamblea Legislativa, no en un tribunal penal ordinario.
Debate sobre el daño económico
Los abogados también señalan que el perjuicio económico al país no fue por la contratación del crédito, sino por la devolución anticipada hecha en 2021 durante el gobierno de Luis Arce, que generó una pérdida de 24 millones de dólares. Según sus cálculos, mantener el cronograma original habría representado un ahorro para Bolivia.
Posturas críticas
El Colegio de Economistas de Santa Cruz cuestionó el proceso judicial, denunciando “intromisión política en decisiones técnicas” y vulneración del debido proceso. A su vez, recordó que durante más de cuatro años los plazos procesales no se cumplieron, lo que consideran una señal de irregularidades.
La justicia instaló este miércoles en Cochabamba la audiencia del excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, acusado de liderar el presunto alzamiento militar del 26 de junio de 2024. Su defensa pide el cese de la detención preventiva que cumple en el penal de El Abra.
La audiencia en El Abra
El proceso comenzó a las 9:00 de la mañana en el recinto penitenciario de Cochabamba, donde Zúñiga se encuentra recluido por el delito de alzamiento armado. La solicitud de su defensa busca que se revise la legalidad de su detención preventiva.
Amparo del TSJ
La petición se fundamenta en una determinación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que el mes pasado ordenó revisar el cumplimiento de las detenciones preventivas en todo el país, en el marco de un control judicial de plazos y medidas cautelares.
El caso del alzamiento fallido
Zúñiga es señalado como principal responsable del intento de golpe de Estado del 26 de junio de 2024, cuando una tanqueta militar irrumpió en la Plaza Murillo e intentó ingresar al Palacio de Gobierno con el supuesto fin de derrocar al presidente Luis Arce.
Expectativa judicial
La audiencia definirá si Zúñiga continúa en detención preventiva o accede a otra medida sustitutiva. El caso se mantiene como uno de los procesos judiciales más sensibles en la coyuntura política boliviana.
El periodista Luis Muñoz demandó a Brenda Lafuente, exdirectora de la AJAM, por 432.000 dólares. La acusa de haber iniciado un proceso penal en su contra en 2022 por un ‘meme’, el cual terminó demostrando que no fue de su autoría.
La denuncia
Muñoz presentó la demanda en La Paz, exigiendo una compensación económica por los daños que sufrió a nivel personal y profesional.
Cómo empezó el caso
En 2022, cuando trabajaba en la AJAM, Lafuente lo acusó de crear un ‘meme’ que vinculaba su cargo con un hijo del presidente Luis Arce.
Detención y pruebas
El periodista fue detenido y estuvo 10 días en prisión preventiva. Luego, la Policía comprobó que él no había hecho la publicación y el caso se cerró en 2024.
Consecuencias
Muñoz asegura que fue mostrado como delincuente en televisión y que esto afectó a su familia. Por esa razón decidió iniciar la demanda.
Respaldo de periodistas
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) denunció en su momento que el proceso era un “atentado contra la libertad de expresión”.
La justicia en El Alto condenó este martes a cinco años de prisión a un hombre que mató brutalmente a su mascota en 2024, dictando la pena máxima establecida por la ley para el delito de biocidio.
Un crimen que estremeció a la ciudad
El hecho ocurrió en febrero de 2024 en una tienda de venta de llantas en la avenida 6 de Marzo. El acusado golpeó a su perro con una gata mecánica en tres ocasiones y posteriormente lo asfixió. El animal agonizó durante cuatro horas antes de ser arrojado a un basurero.
Una sentencia histórica
La pena de cinco años, dictada por el tribunal, marca un precedente en la aplicación de justicia para casos de maltrato animal. Se trata de la condena más alta contemplada en la normativa vigente para el delito de biocidio.
Reacción de activistas
Defensores de animales y organizaciones de protección calificaron el fallo como histórico. Señalaron que la decisión representa un avance en la lucha por los derechos de los animales en el país.
Fundación RPC celebra el precedente
El abogado Diego Espinoza, de la Fundación Rescata, Protege y Cambia (RPC), destacó que la sentencia envía un mensaje contundente: “Este fallo es un hito y sienta un precedente importante en la lucha por los derechos de los animales en Bolivia”.
Un hombre de 32 años murió la noche del lunes 8 de septiembre tras ser apuñalado por un amigo durante una discusión en Oruro, en la intersección de las calles Soria Galvarro y Bolívar, informó la Policía local.
Conflicto entre amigos
Según el reporte preliminar, la víctima, quien trabajaba como estibador en el mercado Fermín López, compartía bebidas alcohólicas con un amigo vendedor ambulante de dulces cuando iniciaron una discusión que escaló a violencia física. El agresor, de 53 años, apuñaló a su amigo en dos ocasiones en el pecho.
Intervención de autoridades
El coronel Helsner Torrico, comandante departamental de la Policía en Oruro, explicó que guardias municipales presentes en el lugar intervinieron de inmediato, seguidos por un policía, logrando la aprehensión del agresor y su traslado a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).
Intentos de salvar a la víctima
A pesar de la presencia del personal de bomberos y de los primeros auxilios proporcionados, la víctima falleció en el lugar. La Policía realizó el levantamiento legal del cadáver y abrió un proceso de investigación para esclarecer los hechos.
Declaración del agresor
El sospechoso declaró que el ataque fue provocado por burlas de la víctima, aunque esta versión aún debe ser corroborada. Las autoridades continúan las pesquisas para determinar responsabilidades y esclarecer los motivos del homicidio.
El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, presentó un proyecto de ley que introduce cinco nuevas figuras penales para proteger a niños, niñas y adolescentes de delitos sexuales cometidos en entornos digitales.
Cinco delitos penales específicos
El proyecto de ley contempla la creación de cinco delitos: producción de material de abuso sexual infantil, contacto con menores con fines sexuales, abuso sexual por medios digitales, exposición a contenidos sexuales dirigidos a menores y posesión o comercialización de material de abuso sexual infantil. Cada delito tendrá penas que van desde tres hasta 20 años de prisión, según la gravedad de la conducta.
Producción de material de abuso sexual infantil
La figura más grave, según Mariaca, es la producción de material de abuso sexual infantil, que conlleva penas de 15 a 20 años de prisión. Esta sanción busca frenar la creación y difusión de este tipo de contenido y enviar un mensaje de tolerancia cero frente a estos delitos.
Otras figuras delictivas
El proyecto también penaliza el contacto con menores con fines sexuales (3 a 6 años de cárcel), el abuso sexual por medios digitales (4 a 8 años), la exposición a contenidos sexuales dirigidos a menores y la posesión o comercialización de material de abuso sexual infantil, todas con sanciones severas para proteger a los menores.
Necesidad de la ley
El Fiscal General resaltó que la normativa es urgente debido al aumento de casos de delitos digitales contra menores. Mariaca afirmó que los niños, niñas y adolescentes necesitan una protección efectiva frente a los riesgos del mundo digital y que esta ley busca garantizar su seguridad y bienestar.
Testimonios de madres que recorren comisarías, terminales y oficinas estatales revelan la falta de apoyo y la corrupción en los casos de desapariciones en Bolivia.
Extorsión y negligencia
Juana, madre de una niña de 12 años desaparecida, relató que la Policía no activó la alerta Juliana ni salió a buscarla. En lugar de apoyo, le exigieron dinero para combustible y viáticos. Historias similares se repiten en todo el país.
Falta de resultados
Según la Fiscalía, en 2023 se registraron 3.409 denuncias de personas desaparecidas, pero solo se dictaron siete sentencias por trata, lo que evidencia la brecha entre denuncias y justicia. La Defensoría del Pueblo reconoce que muchas veces no se cumplen los protocolos y que las unidades carecen de recursos.
Un problema estructural
Un informe de la ONU advierte que Bolivia es país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata, principalmente adolescentes mujeres captadas con engaños. La falta de datos oficiales y de cooperación internacional agrava la crisis.
Resistencia y organización
Ante la inacción del Estado, madres como María Rita Hurtado —que busca a su hija desde hace 10 años— fundaron la Asociación de Apoyo a Familiares de Víctimas de Trata (Asafavittp). “No son cifras, son vidas. Seguiremos de pie”, afirma.
Un hombre de 34 años falleció este martes en la ciudad de Yacuiba, luego de haber sido embestido por un conductor en estado de ebriedad mientras circulaba en su motocicleta el pasado lunes. La víctima, de oficio albañil, deja en la orfandad a un bebé de seis meses y su familia atraviesa dificultades económicas para cubrir los gastos de sepultura.
El accidente y las causas
Según el relato de los familiares, el hombre se trasladaba en su motocicleta cuando fue impactado por un vehículo cuyo conductor se encontraba en estado de ebriedad. Tras el accidente fue trasladado de emergencia, pero lamentablemente perdió la vida en la mañana del martes. La tragedia generó indignación en su entorno, ya que el hecho pudo haberse evitado.
Una familia en crisis
El fallecido era albañil y principal sustento económico de su hogar. Ahora, su esposa y su bebé de apenas seis meses enfrentan una situación de gran vulnerabilidad. La familia señaló que no cuentan con los recursos necesarios para retirar el cuerpo de la morgue ni para realizar la sepultura. “Él no sabía tomar, ni un solo trago. Queremos justicia”, expresó la tía de la víctima, reflejando la impotencia que sienten por lo sucedido.
Apelación a la solidaridad
Ante esta difícil situación, los familiares apelan a la solidaridad de la ciudadanía para recibir apoyo. Indicaron que requieren pañales, leche para el bebé y también ayuda económica que permita cubrir los gastos de la sepultura. Cualquier colaboración puede marcar una diferencia en este momento de dolor y necesidad.
Pedido de justicia
La familia también exige que se haga justicia frente al hecho, asegurando que el responsable debe ser sancionado conforme a la ley. Denunciaron que la irresponsabilidad del conductor en estado de ebriedad acabó con la vida de un trabajador joven, dejando a un niño sin su padre.
Contacto para ayuda
Las personas que deseen brindar apoyo pueden comunicarse al número 72994404. La familia espera que la solidaridad de la población les permita afrontar este duro momento y despedir al fallecido con una sepultura digna.
La justicia boliviana sentenció a cinco años de prisión a Diego P. Q., quien torturó y mató a un perro en El Alto en febrero de 2024, tras un proceso de un año y seis meses.
Una sentencia histórica
El abogado Diego Espinoza, representante de la Fundación Rescata, Protege y Cambia (RPC), calificó el fallo como un hecho histórico, ya que se aplicó la pena máxima contemplada en la legislación vigente contra un biocida. El caso fue resuelto por el Juzgado Segundo de Sentencia de El Alto, a cargo de la jueza Nadia Soria Galvarro.
El crimen que conmovió a la población
El hecho ocurrió en una tienda de llantas en la avenida 6 de Marzo, donde el agresor golpeó al perro con una gata mecánica en tres ocasiones y posteriormente lo ahorcó. La agonía del animal se extendió por más de cuatro horas hasta que fue arrojado a un basurero.
Pruebas contra la defensa
La defensa del acusado intentó sostener que el perro había atacado a los hijos del imputado, argumento que fue desmentido por videos presentados como prueba. Espinoza recalcó que no existía ninguna justificación válida para la brutal agresión.
Ejecución de la condena
Aunque la sentencia aún debe superar instancias de apelación, la parte acusadora pedirá que se cumpla íntegramente en el penal de San Pedro. “No se prevé una salida alternativa para quienes cometen este tipo de delitos”, afirmó el abogado.
Coordinación para lograr justicia
El proceso contó con el trabajo conjunto de fiscales, investigadores y activistas de protección animal. El jurista destacó que el caso marca un precedente para sancionar con mayor rigor a quienes cometan actos de crueldad contra los animales.
El coronel Rubén Díaz informó este lunes 8 de septiembre que la Policía y la Fiscalía presentaron una apelación para revisar la detención domiciliaria de dos personas implicadas en un robo ocurrido en el centro de Sucre, mientras un tercer sospechoso permanece prófugo.
Detalles del robo
El incidente ocurrió en la esquina de las calles Ravelo y Aniceto Arce, en pleno centro de Sucre. Las víctimas lograron identificar a los dos acusados, un hombre y una mujer, mientras que un tercer implicado logró escapar antes de la intervención policial.
Audiencia de medidas cautelares
Durante la audiencia, se presentaron pruebas que demostraban el delito y se informó que los detenidos habrían amenazado al personal de la Felcc. A pesar de esto, la justicia decidió que cumplieran detención domiciliaria, decisión que ahora será revisada mediante apelación.
Intentos de negociación con las víctimas
El coronel Díaz indicó que los acusados intentaron negociar con las víctimas para evitar que declararan en su contra. Según antecedentes, en un caso previo, los sospechosos lograron un acuerdo con las víctimas que les permitió obtener su libertad total.
Apelación en curso
“Se está presentando una apelación para que se vuelva a revisar el fondo de la decisión de la autoridad jurisdiccional”, afirmó Díaz. La Policía y la Fiscalía buscan que se reevalúe la resolución y se garantice que se haga justicia en este caso.
La Justicia argentina convocará a declarar a efectivos de la Policía Federal que brindaron seguridad al expresidente boliviano Evo Morales durante su permanencia en Buenos Aires, como parte de las investigaciones por presunto abuso de menores y trata de personas. La información fue confirmada por José Lucas Magioncalda, abogado de la Fundación Apolo.
“Ya contamos con los datos y todo lo necesario para citar a los efectivos de la Policía Federal Argentina que participaron de la custodia de Evo Morales”, señaló Magioncalda en entrevista con Cadena A.
Custodia bajo investigación
Los custodios habrían tenido acceso directo al entorno del exmandatario en la residencia que ocupó entre 2019 y 2020, cuando se encontraba asilado en el vecino país. Según el abogado, podrían aportar datos sobre las personas que ingresaban o convivían con Morales.
La investigación se reactivó en abril de este año y apunta a esclarecer denuncias sobre la presencia de menores en condiciones serviles en la vivienda, reveladas en su momento por la exdirigente boliviana Angélica Ponce.
Nuevas declaraciones
Además de los custodios, la Justicia argentina prevé recibir el testimonio de la dueña del inmueble donde residió Morales y de Cindy Saraí V. P., refugiada en ese país junto a su madre e hija. Según la Fundación Apolo, aunque no fue víctima directa en Argentina, su testimonio podría aportar información sobre el “modus operandi” de los hechos denunciados.
La fundación también solicitó la localización de Angélica Ponce y pidió cooperación judicial a Bolivia para acceder a documentación de procesos abiertos en torno a sus denuncias.
Contexto
Las acusaciones contra Morales incluyen supuesta corrupción de menores, abuso sexual y trata de personas, basadas en testimonios, publicaciones periodísticas y declaraciones públicas. Entre ellas se menciona una presunta relación con una adolescente de 15 años, con la que habría tenido una hija durante su gestión presidencial.
