Categoría: Justicia

  • Gobierno pide que la revisión de detenciones alcance a todos los privados de libertad

    Gobierno pide que la revisión de detenciones alcance a todos los privados de libertad

    El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, saludó la revisión de los plazos de detención preventiva de Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, pero solicitó que la medida se aplique a toda la población privada de libertad en Bolivia.

    Respeto a la independencia judicial

    Ríos enfatizó que la administración del presidente Luis Arce respeta la independencia de los órganos judiciales y no interviene en las decisiones de los tribunales. Sin embargo, destacó que es fundamental garantizar que los derechos de todos los privados de libertad sean considerados de manera equitativa.

    Alcance de la medida

    El ministro recordó que entre el 65% y 70% de la población penitenciaria se encuentra bajo detención preventiva. Por ello, consideró necesario que la revisión de los plazos procesales ordenada por el Tribunal Supremo de Justicia para Áñez, Camacho y Pumari se extienda de forma general.

    Contexto del caso

    La instrucción del TSJ, emitida por su presidente Romer Saucedo, ordena a los tribunales departamentales verificar en 24 horas el cumplimiento de los plazos de las medidas cautelares en el marco del caso “Golpe de Estado I”, en el que los implicados son acusados de terrorismo por su participación en las movilizaciones de 2019 que derivaron en la renuncia de Evo Morales.

    Equidad y derechos humanos

    Ríos concluyó que la justicia debe garantizar la equidad en el tratamiento de todos los casos y que la revisión de detenciones preventivas debe ser una práctica generalizada para asegurar el respeto a los derechos humanos de todos los privados de libertad.

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  • Justicia convoca audiencia para revisar detención preventiva de Camacho y Pumari

    Justicia convoca audiencia para revisar detención preventiva de Camacho y Pumari

    Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari deberán comparecer el lunes 25 de agosto a una audiencia para revisar la legalidad de su situación procesal, tras una orden del Tribunal Supremo de Justicia.

    Audiencia programada tras instrucción judicial

    El Tribunal Sexto de Sentencia Anticorrupción de La Paz convocó, de oficio, una audiencia presencial para este lunes 25 de agosto a las 14:00, en el Salón Rosado del Tribunal Departamental de Justicia paceño. La audiencia fue convocada tras un instructivo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que ordena revisar los plazos de detención preventiva de los implicados en el caso “Golpe de Estado I”.

    Revisión de plazos procesales

    La medida se basa en el Instructivo 18/2025, firmado por el presidente del TSJ, Romer Saucedo Gómez, con fecha del 22 de agosto de 2025. La disposición establece que se debe verificar de manera inmediata si las detenciones prolongadas de Camacho, Pumari y la expresidenta Jeanine Áñez cumplen con los plazos legales, tal como lo indica el artículo 250 del Código de Procedimiento Penal.

    Transporte de los detenidos a la audiencia

    Camacho será trasladado desde el penal de Chonchocoro, en Viacha, y Pumari desde el penal de Cantumarca, en Potosí, hasta La Paz para su participación en la audiencia.

    Contexto y posibles consecuencias

    Ambos están acusados por presuntos delitos de terrorismo debido a su participación en las movilizaciones de 2019 que derivaron en la renuncia de Evo Morales. El juicio se encuentra paralizado en espera de un pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad del delito imputado.

    Tras cumplir más de dos años y ocho meses en detención preventiva, el abogado de Camacho denunció que el plazo máximo legal es de seis meses. Esto refuerza el argumento de que esta audiencia podría derivar en una libertad condicionada o irrestricta.

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  • Caso Shell: advierten una “bomba jurídica” para el próximo gobierno

    Caso Shell: advierten una “bomba jurídica” para el próximo gobierno

    El exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, alertó que la siguiente administración estatal no solo deberá enfrentar el desabastecimiento de combustibles, sino también una crisis jurídica a raíz de la disputa millonaria iniciada por la petrolera Shell contra el Estado boliviano.

    Dos frentes de crisis

    “Le están dejando una bomba al próximo gobierno de desabastecimiento y otra bomba en el tema jurídico del país, de seguridad jurídica”, señaló Ríos, en referencia al proceso internacional que activó Shell.

    La petrolera sostiene que Bolivia vulneró el tratado bilateral de protección de inversiones con el Reino Unido y apunta a seis acciones concretas que habrían afectado su negocio en el país.

    Monto en disputa y percepción internacional

    De acuerdo con el exministro, el monto inicialmente discutido rondaba entre 10 y 12 millones de dólares, pero la cifra se habría incrementado tras nuevas observaciones, lo que a su juicio envía una “mala señal” a los inversores externos sobre la seguridad jurídica en Bolivia.

    Reclamos de Shell

    La empresa denuncia que el Estado intervino de manera indebida en tres contratos con YPFB, reduciendo la rentabilidad de su inversión. También acusa a tribunales bolivianos de anular un laudo arbitral emitido a su favor, lo que considera una denegación de justicia.

    Además, Shell señala incumplimientos de pago, negativa de acceso a documentación necesaria para concluir relaciones contractuales y la venta no autorizada de crudo de su propiedad.

    Investigación en curso

    El caso sigue en proceso y la próxima administración gubernamental deberá encarar tanto la crisis energética como esta disputa legal internacional, que podría derivar en un millonario costo para el Estado boliviano.

  • Alerta migratoria contra el hijo del presidente Arce por investigación de presunta compra irregular de tierras

    Alerta migratoria contra el hijo del presidente Arce por investigación de presunta compra irregular de tierras

    El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó este lunes que se activó una alerta migratoria contra Rafael Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito en la compra del predio “Adán y Eva” en Santa Cruz.

    Investigación en curso

    Mariaca explicó que la medida se encuentra en etapa preliminar y que la alerta busca evitar que Rafael Arce salga del país mientras continúan las diligencias. La investigación se reabrió tras la denuncia del diputado Héctor Arce, quien cuestiona los préstamos millonarios obtenidos para adquirir el predio valuado en 5 millones de dólares.

    Denuncia y presuntas irregularidades

    El denunciante sostiene que Rafael Arce declaró la transacción por un monto menor al real para evadir impuestos y que se benefició de trámites exprés en la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT). La Fiscalía amplió las indagaciones solicitando informes a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), entidades bancarias y la propia ABT.

    Declaración de Rafael Arce

    El fiscal general confirmó que el hijo del mandatario ya prestó su declaración dentro del proceso. Añadió que se prevén nuevas diligencias relacionadas con la propiedad en investigación y con solicitudes de documentación adicional.

    Fiscalía descarta persecución política

    Mariaca recalcó que la intención del Ministerio Público no es realizar persecución, sino llevar adelante una investigación transparente y responsable. “Los fiscales están trabajando en la recolección de pruebas y actuando conforme a derecho”, sostuvo.

    Caso cerrado contra Marcelo Arce

    En paralelo, el fiscal aclaró que el proceso contra el otro hijo del presidente, Marcelo Arce, fue cerrado hace años. Dicho caso estaba vinculado a presuntos hechos de corrupción en YPFB, pero la Fiscalía respetó las decisiones judiciales que archivaron el expediente.

  • Magistrada alerta sobre presuntos cobros a su nombre

    Magistrada alerta sobre presuntos cobros a su nombre

    Ante denuncias de presuntos cobros a su nombre, la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por Potosí, Norma Velasco, emitió un pronunciamiento en su cuenta de Facebook aclarando que no acepta ni gestiona pagos en dinero ni ninguna otra contraprestación relacionada con procesos judiciales.

    Llamado a no dejarse sorprender

    Velasco exhortó a los litigantes a no dejarse engañar por personas “mañosas y tendenciosas” que, según afirma, buscan protagonismo utilizando su identidad. Además, pidió que cualquier hecho ilícito sea denunciado de inmediato ante las instancias competentes.

    Defensa de la transparencia judicial

    En su comunicado, la magistrada ratificó su compromiso con la transparencia y la independencia judicial, recordando que la administración de justicia es gratuita y que los únicos pagos que deben realizar los litigantes corresponden a honorarios de abogados.

    Antecedente similar

    Este es el segundo caso en el que una autoridad judicial advierte sobre cobros irregulares a nombre de magistrados. A inicios de este año, el magistrado Carlos Ortega también denunció una situación similar.

  • Condenan a dos exfuncionarios y absuelven a seis en el caso de los respiradores chinos

    Condenan a dos exfuncionarios y absuelven a seis en el caso de los respiradores chinos

    La compra irregular de 500 ventiladores pulmonares en 2020 causó un daño económico de más de $us 10 millones al Estado.

    La justicia boliviana condenó a dos exfuncionarios del Ministerio de Salud y Deportes por la compra irregular de 500 ventiladores pulmonares durante la primera ola de la pandemia de covid-19, en la gestión de Jeanine Áñez.

    Eduardo Díaz Pizarro recibió una pena de 8 años de prisión y Juan Carlos Arraya Tejada, de 2 años, por los delitos de incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado. Según el procurador general, Ricardo Condori, la adquisición ocasionó un daño económico de $us 10.456.332,77.

    Fallas técnicas y destino de la pena

    Los equipos, de la marca Guangzhou Yueshen y modelo YSAV400A, presentaban 40 incumplimientos a las especificaciones técnicas exigidas en el proceso de contratación. Ambos sentenciados deberán cumplir condena en el penal de San Pedro, en La Paz, además de pagar multas y costas a favor del Estado.

    Seis absueltos y posible apelación

    En el mismo proceso, fueron absueltos Vania Huaira Vargas Guzmán, Jorge Cristhian Sánchez Caero, Alias Ramón Cordero Cuevas, Marco Antonio Peñaranda Inchausti, Graciela Erniqueta Minaya Ramos y Elías Ramón Cordero Cuevas.

    La Procuraduría anunció que apelará la decisión, buscando que los seis enfrenten cargos por conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y delitos contra la salud pública.

  • Fiscalía identifica al 98% de los autores de feminicidios registrados en 2025

    Fiscalía identifica al 98% de los autores de feminicidios registrados en 2025

    Entre enero y julio se registraron 49 feminicidios en Bolivia; la mayoría de los responsables fueron identificados y privados de libertad, según datos del Ministerio Público.

    Avances en la investigación de feminicidios

    El Ministerio Público informó que, de los 49 feminicidios registrados en Bolivia entre enero y julio de 2025, se logró identificar y encarcelar a los autores en el 97,95% de los casos.

    Del total, 14 casos cuentan con sentencia condenatoria, 4 se extinguieron por muerte del autor, 4 están en etapa de acusación formal, 25 en etapa preparatoria y 2 en fase preliminar.

    El fiscal superior de Vida y Personas, Sergio Fajardo, explicó que estos resultados son fruto de la intervención rápida y coordinada de las fiscalías departamentales.

    Departamentos con mayor incidencia

    Los departamentos con mayor número de feminicidios en lo que va del año son La Paz (20 casos), Santa Cruz (14) y Cochabamba (7).

    Las cifras muestran una concentración de crímenes en las regiones metropolitanas, donde también se han desplegado mayores recursos para la atención de víctimas y la investigación de los hechos.

    Situación de los infanticidios

    En paralelo, la Fiscalía registró 11 casos de infanticidio con 12 víctimas durante el mismo periodo. De estos, el 81% de los autores ya fueron identificados y se encuentran bajo detención preventiva. La Paz reporta 5 casos, Santa Cruz 3 y Cochabamba 2, siendo las regiones más afectadas por estos delitos.

    Compromiso institucional contra la violencia

    Fajardo sostuvo que se continuará fortaleciendo el trabajo interinstitucional para reducir la impunidad y proteger la vida de mujeres y niños en el país.

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  • Ramiro Cucho enviado a la cárcel por incumplir detención domiciliaria

    Ramiro Cucho enviado a la cárcel por incumplir detención domiciliaria

    La justicia revocó la detención domiciliaria del dirigente afín al evismo, Ramiro Cucho, y ordenó su detención preventiva por tres meses, tras comprobar que incumplió las condiciones judiciales impuestas durante el proceso por el asesinato de policías en Llallagua, Potosí.

    Incumplimiento de medidas cautelares

    Según informó el Ministro de Gobierno, Roberto Ríos, Cucho fue visto en lugares vinculados a los hechos de violencia donde fallecieron policías en junio pasado.

    Este movimiento fuera del domicilio vulneró las condiciones de su arresto domiciliario, vigente desde mediados de abril.

    Vínculos con hechos violentos

    Ríos afirmó que el dirigente es considerado uno de los autores intelectuales de las movilizaciones y bloqueos que derivaron en enfrentamientos violentos y la muerte de efectivos policiales en Llallagua. Con base en estos antecedentes, el juzgado determinó la detención preventiva por tres meses mientras se desarrollan las investigaciones.

    Proceso en curso

    El caso Llallagua continúa bajo investigación, con énfasis en la identificación de responsables materiales e intelectuales de los hechos que conmocionaron a la región. El Gobierno reiteró su compromiso con la no impunidad en casos que involucren violencia contra la fuerza pública.

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  • Exministro César Siles es beneficiado con detención domiciliaria en proceso por consorcio judicial

    Exministro César Siles es beneficiado con detención domiciliaria en proceso por consorcio judicial

    El exministro de Justicia, César Siles, fue beneficiado este viernes con detención domiciliaria dentro del proceso judicial por el denominado “caso consorcio”, que investiga la presunta articulación ilegal entre jueces, fiscales y abogados.

    Restricciones y estado de salud

    La medida dictada por la justicia establece que Siles deberá permanecer en su domicilio sin derecho a salida laboral ni escolta, y deberá pagar una fianza de 50.000 bolivianos.

    Su abogado, Alberto Morales, indicó que el exministro permanece internado en un centro médico, donde recibe tratamiento por una colitis ulcerativa, aunque su evolución es favorable.

    Acusaciones dentro del caso consorcio

    El exministro es investigado por su supuesta participación en un grupo que habría intentado remover ilegalmente a la magistrada del Tribunal de Justicia, Fanny Coaquira, junto a otros funcionarios del ámbito judicial.

    Entre los coimputados se encuentran la exvocal del TDJ La Paz, Claudia Castro, un magistrado suplente y el juez de Coroico.

    Investigación en curso

    El caso aún se encuentra en fase investigativa, pendiente de la ampliación de declaraciones de Castro, del juez Marcelo Lea Plaza, así como de otros dos vocales civiles.

    La Fiscalía no descartó nuevas imputaciones en las siguientes semanas conforme avance la recolección de pruebas.

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  • Tiktoker es presentado ante un juez tras ser acusado de difundir información falsa

    Tiktoker es presentado ante un juez tras ser acusado de difundir información falsa

    El joven influencer fue aprehendido por emitir mensajes sobre el sistema financiero. Su defensa califica la acción como excesiva y sus allegados instalaron una vigilia en Santa Cruz.

    Audiencia virtual y vigilia de apoyo

    El tiktoker aprehendido el martes fue puesto ante un juez en una audiencia virtual este miércoles en Santa Cruz. Mientras se realizaba la audiencia, sus familiares y representantes de instituciones instalaron una vigilia en el ingreso de la FELCC. En el lugar estuvieron presentes concejales como Lola Terrazas, representantes de la Defensoría del Pueblo y allegados del joven.

    Acusación por emitir información falsa

    La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) fue la entidad que interpuso la denuncia. Según esa institución, el joven habría difundido información falsa sobre el sistema financiero, lo cual —según la ASFI— “puede ocasionar consecuencias graves”.

    El hecho generó polémica, ya que la defensa del tiktoker considera la aprehensión como un exceso, y argumenta que se trata simplemente del ejercicio de una opinión pública.

    “Solo dijo lo que todos comentan”, afirma su madre

    La madre del joven, Cristina Natusch, expresó su molestia por el proceso legal. “Mi hijo solo dice lo que todos comentamos, que hay escasez de dólares. Entonces, a todos nosotros que nos metan presos”, manifestó.

    También calificó la denuncia como “absurda e ilógica”, y aseguró que el joven solo expresó una opinión compartida por gran parte de la población.

    Es estudiante de Derecho y trabaja en marketing digital

    Los allegados al acusado aseguraron que el joven tiene 21 años, es estudiante de Derecho y como actividad adicional trabaja en el rubro de marketing digital. La familia expresó su preocupación por un posible traslado a La Paz, pero hasta el mediodía del miércoles, el tiktoker permanecía en Santa Cruz.

    / A.T.C /