La bancada de Libre presentó una denuncia contra la exviceministra Gabriela Alcón por presuntos hechos irregulares, mediante una acción impulsada desde la Asamblea Legislativa, en La Paz, este martes.
Presentación de la denuncia
La diputada de Libre informó que la denuncia fue formalizada ante instancias competentes, al considerar que existirían posibles irregularidades en la gestión de Gabriela Alcón cuando ejercía funciones públicas. Señaló que el objetivo es que los hechos sean investigados conforme a ley.
Cuestionamientos al rol del Legislativo
La parlamentaria cuestionó que sea el Órgano Legislativo el que deba impulsar este tipo de acciones, cuando —a su criterio— correspondería que el Órgano Ejecutivo actúe de oficio ante indicios de irregularidades en la administración pública.
Críticas a la falta de iniciativa del Ejecutivo
Desde Libre se criticó la falta de iniciativa del Ejecutivo para promover investigaciones internas y transparentar la gestión pública. La diputada afirmó que esta inacción obliga a los legisladores a asumir un rol fiscalizador más activo.
Pedido de investigación
La bancada solicitó que las autoridades competentes realicen una investigación objetiva y transparente, con el fin de esclarecer los hechos denunciados y determinar posibles responsabilidades administrativas o penales.
Fiscalización como eje central
Finalmente, la diputada remarcó que la denuncia se enmarca en el rol constitucional de fiscalización del Legislativo y reiteró que estos procesos buscan fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en la función pública.
El Ministerio Público imputó al expresidente Luis Alberto Arce Catacora por el presunto delito de abandono de mujer embarazada, tras una denuncia presentada por Brenda Lafuente, en un proceso que se tramita en Cochabamba y fue informado este martes.
Imputación formal del Ministerio Público
La Fiscalía sostiene que existen elementos de prueba suficientes que permiten atribuir a Luis Arce la presunta comisión del delito y su participación en el hecho denunciado. Por ello, solicitó la aplicación de medidas cautelares, entre ellas arraigo, fianza económica y prohibiciones de comunicación o concurrencia a determinados lugares.
Proceso radicado en Cochabamba
El caso se tramita en el departamento de Cochabamba, mientras el exmandatario permanece con detención preventiva en la cárcel de San Pedro de La Paz, en el marco de otro proceso relacionado con la investigación del Fondo Indígena.
Antecedentes de la denuncia
De acuerdo con los antecedentes, Brenda Lafuente, exdirectora de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), inició en julio una demanda contra Arce. La denunciante afirmó que el exmandatario se negó a reconocer la paternidad de su hijo y a someterse a una prueba de ADN.
Intentos de conciliación fallidos
Lafuente señaló que intentó contactar en reiteradas ocasiones a Arce para resolver el conflicto de manera privada. Sin embargo, aseguró que no obtuvo respuesta, motivo por el cual decidió recurrir a la vía judicial.
Sanción prevista por la ley
El delito de abandono de mujer embarazada, según la normativa boliviana, está sancionado con penas de seis meses a tres años de reclusión, dependiendo de las circunstancias del caso y la valoración judicial.
Durante un acto de graduación de Subtenientes y Alféreces de las Fuerzas Armadas en La Paz, el presidente Rodrigo Paz afirmó este sábado que las personas responsables de desfalcos al Estado deberán enfrentar las sanciones correspondientes, en el marco del caso Fondo Indígena que involucra al expresidente Luis Arce.
Crítica a la gestión pasada
El mandatario denunció que anteriores autoridades dejaron al país sin recursos, afectando incluso la capacidad del Estado para adquirir repuestos necesarios para helicópteros usados en rescates por inundaciones en Santa Cruz. “Hoy Bolivia enfrenta inseguridad, crimen organizado, fronteras vulnerables, contrabando y corrupción, eso es lo que nos han dejado”, señaló.
“Ponemos a los culpables en su lugar”
Paz remarcó que quienes intentaron dejar a Bolivia sin rumbo “ya están viendo dónde los estamos poniendo” y deberán afrontar las penas por sus actos. Reiteró que el Estado está comprometido en revertir la situación y recuperar la confianza de la población.
Recursos limitados ante desastres naturales
El presidente explicó que la falta de recursos heredada del pasado dificultará la atención de emergencias, pero aseguró que se harán todos los esfuerzos posibles para asistir a la población afectada por las inundaciones recientes.
Mensaje de firmeza y recuperación
Rodrigo Paz subrayó que, aunque el camino sea difícil, Bolivia saldrá adelante. “Los culpables pagarán sus penas”, enfatizó, reafirmando su compromiso con la transparencia y la sanción de actos de corrupción.
Detención preventiva de Luis Arce
El viernes por la noche, el expresidente Luis Arce fue enviado con detención preventiva por cinco meses al penal de San Pedro, acusado de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes en relación con presuntas irregularidades en el caso Fondo Indígena.
El expresidente Luis Arce Catacora acudirá este viernes a una audiencia cautelar a las 13:00, donde un juez definirá si será enviado a detención preventiva por el caso Fondioc, proceso en el que fue imputado por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
Audiencia cautelar en el Tribunal Supremo de Justicia
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, informó que la audiencia de medidas cautelares contra el exmandatario Luis Arce Catacora fue programada para este viernes a las 13:00. La sesión se realizará en el marco de la investigación por el caso Fondo de Desarrollo Indígena (Fondioc), donde la Fiscalía solicitó detención preventiva para el exministro de Economía.
Proceso vía ordinaria y sin juicio de responsabilidades
Saucedo explicó que el proceso penal se tramita por la vía ordinaria, debido a que los hechos atribuidos corresponden a su gestión como ministro y no como presidente del Estado. En ese marco, aclaró que no procede un juicio de responsabilidades y que el plazo legal de 24 horas tras la imputación está siendo respetado.
Delitos por los que fue imputado
El Ministerio Público acusa a Arce de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, figura que sostiene se aplicó durante su función en el Ministerio de Economía cuando se administró el Fondioc. La audiencia definirá si estas acusaciones ameritan medidas restrictivas mientras avanza la investigación.
TSJ asegura independencia judicial
Romer Saucedo remarcó que en Bolivia “la justicia no reconoce fueros ni privilegios”, subrayando que ningún cargo público está por encima de la ley. Asimismo, pidió evitar la instrumentalización política del proceso y garantizó que las decisiones judiciales no responderán a intereses partidarios.
Llaman a evitar presiones externas
El presidente del TSJ exhortó a actores políticos y sociales a no interferir en el desarrollo de la causa. Aseguró que el sistema judicial actuará con imparcialidad mientras se define la situación legal del exmandatario en una de las audiencias más esperadas del proceso Fondioc.
El viceministro de Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, Yamil García, señaló que la investigación por el manejo irregular de recursos del Fondo Indígena podría ampliarse a otras autoridades, incluido el expresidente Evo Morales, dependiendo de la información que surja durante la etapa preliminar del caso.
La declaración surge después de la aprehensión del exmandatario Luis Arce, quien fue trasladado por la Policía debido a indicios de que, cuando ejercía el cargo de ministro de Economía y Finanzas, habría autorizado la transferencia de fondos públicos hacia cuentas particulares destinadas a proyectos productivos.
García explicó que la investigación no descarta a ninguna persona que pudiera tener relación con las decisiones administrativas que permitieron el desvío de recursos. Afirmó que una resolución ministerial atribuida a Arce es uno de los elementos en revisión, pero que si el exmandatario señalara que las autorizaciones contaban con respaldo presidencial, la pesquisa tendría que alcanzar también a Morales.
El viceministro mencionó que parte de esta línea de investigación surge de la declaración de descargo de la exdiputada Lidia Patty, quien sostuvo que no actuó por cuenta propia y que las decisiones financieras se tomaban bajo instrucción del Ministerio de Economía.
Durante la audiencia de medidas cautelares, García consideró que existen elementos suficientes para solicitar la detención preventiva de Arce, aunque aclaró que la definición sobre su situación jurídica corresponde al juzgado a cargo del proceso. Así informó Erbol.
El expresidente Luis Arce Catacora fue aprehendido este 10 de diciembre y trasladado a la FELCC en el marco del caso que investiga presuntas irregularidades en un proyecto financiado por el Fondo Indígena en 2010, impulsado por la entonces dirigente campesina Lidia Patty Mullisaca, en La Paz
Dos delitos atribuidos al exmandatario
Arce enfrenta acusaciones por conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. Según el mandamiento de aprehensión firmado por el fiscal Miguel Ángel Cardozo, cuando Arce era ministro de Economía habría promovido la ejecución de proyectos mediante transferencias público-privadas sin que la normativa vigente lo permitiera en ese momento.
Su rol en el Fondo Indígena
Como miembro del Directorio del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas, Arce participó en la autorización de un proyecto presentado por Lidia Patty para construir invernaderos en ocho comunidades de la provincia Bautista Saavedra. El proyecto, presentado en 2009 y aprobado en 2010, tenía un financiamiento de más de 950 mil bolivianos, de los cuales Patty recibió un desembolso de 669.876 bolivianos en su cuenta personal.
Irregularidades detectadas en el proyecto
La Fiscalía sostiene que el proyecto fue aprobado pese a documentación incompleta y deficiencias en los listados de beneficiarios. Posteriormente, la ejecución presentó irregularidades graves: cambios no autorizados en el diseño de los invernaderos, contratos sin aval del Fondo Indígena, falta de respaldo en los pagos y ausencia de informes técnicos y financieros.
Contexto y antecedentes de los implicados
Lidia Patty, detenida días atrás, fue dirigente de la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa y luego diputada por el MAS. Se hizo conocida por activar procesos contra Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari en el caso “golpe de Estado I”. La nueva investigación se centra en los recursos que Patty recibió del Fondo Indígena para la construcción de invernaderos que nunca fueron concluidos según los estándares exigidos.
Motivos de la aprehensión de Arce
La orden de aprehensión del expresidente. Foto: RPO’s.
La resolución fiscal argumenta que existen riesgos de fuga y de obstaculización del proceso por parte del exmandatario. Por ello, se determinó su aprehensión para garantizar su presencia en la investigación, que busca esclarecer responsabilidades en el manejo de fondos estatales destinados a proyectos productivos en comunidades rurales.
El exviceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, confirmó que asistirá a su declaración ante la Fiscalía luego de haber sido citado por una denuncia presentada por el coronel de Policía Pavel César Vásquez Pastor. El proceso también involucra al excomandante general Augusto Juan Russo Sandoval.
Ambos oficiales fueron convocados para presentarse ante el fiscal Róger Rosas Iglesias, responsable de casos relacionados con delitos contra la integridad personal. La denuncia hace referencia a presuntos hechos ocurridos durante anteriores gestiones en la institución policial.
Aguilera sostuvo que no tiene ninguna intención de eludir el proceso y que entregará documentación para respaldar su versión. Afirmó que las acusaciones carecen de fundamento y señaló que existe información distorsionada que incluso llegó a afirmar que había abandonado el país, extremo que negó categóricamente.
Indicó además que su presencia en la Fiscalía servirá para aclarar los hechos y desvirtuar lo que considera una acusación infundada. Mientras tanto, el proceso continúa en etapa preliminar a la espera de las declaraciones de ambos generales. Así informó El Deber.
El médico y exaspirante presidencial Chi Hyun Chung recuperó su libertad este martes luego de prestar su declaración informativa ante efectivos policiales, en el marco de una investigación abierta por una supuesta mala praxis médica.
Según fuentes policiales, Chi había sido convocado para ampliar su versión sobre los hechos denunciados. La comparecencia se desarrolló sin incidentes y, tras escuchar su declaración, no se emitió ninguna medida restrictiva en su contra.
Después de concluir la diligencia, el profesional abandonó las instalaciones acompañado de su equipo jurídico, que afirmó que continuarán cooperando con las autoridades para aclarar totalmente el caso. La defensa insistió en que el procedimiento médico observado se realizó conforme a los protocolos establecidos.
Al salir del lugar, Chi manifestó su disposición a seguir aportando información y pidió que el proceso avance con imparcialidad. Señaló que ya había brindado declaraciones voluntarias meses atrás y sostuvo que su actuación siempre se ajustó a principios éticos y profesionales.
⚖️💬 Chi Hyun Chung reiteró que no asistió a declarar en el caso de presunta mala praxis médica porque, según afirmó, ese día fue convocado por el entonces presidente Luis Arce para aportar criterios sobre la economía del país. pic.twitter.com/xI0MfrcpC4
— Radio Illimani – Red Patria Nueva (@PatriaNuevaFM) December 9, 2025
El Ministerio Público mantiene el caso en etapa preliminar y analiza la documentación recolectada para determinar los siguientes pasos de la investigación. La representación legal del médico solicitó una revisión exhaustiva de los antecedentes clínicos que originaron la denuncia.
La policía intervino en el bloqueo, desencadenando en un enfrentamiento con los comunarios. Foto: Los Tiempos
El Ministerio Público, a través del fiscal departamental Osvaldo Tejerina, inició una exhaustiva investigación y conformó una comisión especial para esclarecer los violentos enfrentamientos ocurridos el pasado fin de semana en la zona de Cotapachi, Cochabamba, donde comunarios y efectivos policiales resultaron heridos y se lamentó la muerte de dos personas.
Fiscalía de Cochabamba ordena investigación profunda
El fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina, confirmó que se ha dado inicio a una investigación formal por los hechos de violencia suscitados en Cotapachi. Esta medida busca determinar las circunstancias exactas que rodearon los enfrentamientos entre vecinos y fuerzas del orden, incluyendo el uso de armas y las muertes reportadas. Se ha conformado una comisión especializada para agilizar y asegurar la transparencia del proceso investigativo.
Exigen esclarecer la orden de uso de armamento
El abogado de los comunarios, Eduardo Mérida, exigió públicamente que se esclarezca quién fue la autoridad que ordenó el uso de armamento letal en la intervención. Mérida cuestionó la naturaleza del operativo, señalando que «tienen que venir a declarar todos los que han intervenido, los comandantes que han estado en el lugar y el que dio la orden de ir». Asimismo, anunció que solicitarán a la FELCC realizar una investigación en el terreno para identificar a los policías presentes y verificar la posible presencia de infiltrados.
Policías heridos presentarán demanda por Homicidio
En contraparte, el abogado de los uniformados heridos, Rolando Ramos, denunció que los policías fueron víctimas de una «emboscada», resultando siete de ellos heridos, dos de los cuales se encuentran en estado grave con esquirlas. Ramos indicó que la parte afectada presentará una demanda por homicidio. Además, señaló que se logró secuestrar un vehículo con drones, Bs. 20.000 y material explosivo, presuntamente conducido por un funcionario municipal.
Autoridades Municipales condenan la violencia y piden respeto a límites
Los alcaldes de los municipios involucrados, Colcapirhua y Quillacollo, lamentaron los hechos. Nelson Gallinate, alcalde de Colcapirhua, condenó los actos de violencia, señalando la existencia de «grupos de choque armados» e informando el hallazgo de más de 15 zanjas hechas con maquinaria en el lugar. Por su parte, Héctor Cartagena, alcalde de Quillacollo, calificó lo ocurrido de «indignante» por el uso de armas de fuego. Exigió que se respete el acta de conciliación de límites firmada el año pasado y afirmó que su municipio se constituirá en parte denunciante para identificar a los autores materiales e intelectuales del conflicto.
Vicepresidente y vecinos reaccionan a los sucesos
El Vicepresidente Edmand Lara lamentó profundamente las dos muertes ocurridas en el conflicto y ordenó la realización de un informe exhaustivo para dar con los autores y que sean sancionados. En respuesta a la situación, los vecinos de Quillacollo han determinado iniciar desde la medianoche del martes un bloqueo de las avenidas Blanco Galindo y Víctor Ustáriz en apoyo a Cotapachi, exigiendo la intervención de autoridades nacionales y la paralización definitiva del botadero de Colcapirhua.
La Fiscalía de La Paz presentó imputación formal contra el expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, y cinco exgerentes de la estatal petrolera, investigados por presuntos hechos de corrupción en el caso Botrading.
El proceso se centró en irregularidades en la creación de una filial de YPFB en Paraguay y en presuntos sobreprecios en la compra de combustibles. Entre los imputados figuran Gabriela Delgadillo, exgerenta de Industrialización; Julio César Camargo y Omar Alarcón, ambos exgerentes de YPFB Refinación; Luis Rolando Sánchez, exgerente de Planificación; y Miguel Ángel Colque, exvicepresidente de Operaciones.
El Ministerio Público solicitó cuatro meses de detención preventiva para todos los sindicados: en el penal de San Pedro para los varones y en Obrajes para Delgadillo. Según explicó el fiscal Omar Yujra, la exgerenta de Industrialización estuvo implicada debido a que su unidad realizaba requerimientos de compra de combustibles a Botrading, mientras que los demás firmaron contratos en representación de YPFB con la empresa observada.
A los imputados se les atribuyeron distintos delitos, entre ellos incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado y obstrucción a la justicia.
El caso involucra a 10 personas en total. La Fiscalía recordó que ya estaban bajo medidas cautelares Félix Taca, exgerente de YPFB Logística, y Cinthia Pedraza, exgerente legal de la estatal.
En cuanto a la ciudadana paraguaya que habría facilitado la creación de Botrading, el fiscal indicó que se solicitó cooperación internacional a Paraguay y se espera su declaración para febrero.
El Ministerio Público también ratificó que Armin Dorgathen se encontraba prófugo en Brasil, según informó recientemente el Ministerio de Gobierno.
La Fiscalía Anticorrupción informó que Cintia Contreras, esposa del exgerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Franklin Flores, recibió Bs 374.000 en sus cuentas bancarias provenientes de depósitos realizados por su pareja. El Ministerio Público señaló que la mujer no pudo justificar el origen de los recursos, por lo que deberá cumplir cuatro meses de detención preventiva en el penal de Obrajes.
Esposa de Franklin Flores aprehendida. | Foto: BTv.
El fiscal anticorrupción Johan Muñoz explicó que se evidenció un posible delito de favorecimiento al enriquecimiento ilícito. Detalló que Contreras retiraba montos depositados por Flores y luego los devolvía, generando un movimiento circular de dinero que pretendía simular legalidad. Parte de estos fondos retornaban también a cuentas de personas que trabajaban en Emapa durante la gestión del exgerente.
Tras una audiencia de medidas cautelares, la justicia ordenó la detención preventiva de Contreras mientras avanzan las investigaciones por presuntos hechos de corrupción dentro de la institución estatal.
Además, el Ministerio Público indaga la compra inusual de un departamento por Bs 130.000. Según los informes, Flores declaró este inmueble como adquirido en 2020 a los padres de su esposa, pese a que los registros de Derechos Reales señalan que él pasó a ser propietario recién después. Esta irregularidad es considerada un posible intento de ocultamiento patrimonial.
El fiscal Muñoz indicó que no se descarta convocar a los padres de Contreras para que presten declaración informativa e investigar sus bienes, tomando en cuenta que los delitos de lavado de dinero suelen involucrar a familiares o allegados.
El fiscal anticorrupción, Johan Muñoz, informó que Cinthia Contreras, esposa del ex gerente de Emapa, Franklin Flores, recibió en sus cuentas Bs 374.000 provenientes de cuentas de su pareja. Se desconoce el origen del dinero, pero, además, la mujer retiraba el dinero y posteriormente hacia pagos menores a otras cuentas de funcionarios de Emapa. #ElDeber#Emapa#FranklinFlores#Bolivia 📹 Carlos Quisbert
La Policía continúa con la búsqueda de Franklin Flores, quien se encuentra prófugo tras incumplir la detención domiciliaria impuesta por una investigación previa relacionada con la construcción de una planta procesadora de papa.
Efectivos de la Policía y del Ministerio Público allanaron este miércoles las oficinas del Fondo Indígena en la ciudad de La Paz, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades detectadas en ocho proyectos ejecutados en distintas comunidades. La indagación también alcanza a la exdiputada del MAS Lidia Patty, conocida por su denuncia sobre el supuesto “golpe” de 2019.
La Fiscalía realiza el registro del Fondo de Desarrollo Indígena (FDI) dentro de la investigación donde se encuentra implicada la exdiputada Lidia Patty. Video: Cortesía pic.twitter.com/wrniOqOTtx
El fiscal Miguel Cardozo informó que los proyectos habrían generado un daño económico al Estado, y que la sindicada Patty habría recibido varios depósitos en sus cuentas bancarias vinculados a estas iniciativas. El operativo se ejecutó para secuestrar documentación y obtener elementos de prueba.
Cardozo aclaró que, pese a la vinculación de Patty en el caso, aún no fue notificada para prestar declaración y no existen órdenes de aprehensión en su contra dentro de este proceso.
Efectivos policiales allanan instalaciones del Fondo Indígena. | Foto: APG.
El Ministerio Público abrió una investigación formal contra la exlegisladora por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos y conducta antieconómica, relacionados con el desfalco millonario al Fondo Indígena, uno de los casos más emblemáticos de corrupción durante el gobierno de Evo Morales.
El Fondo Indígena, creado en 2005, administra recursos destinados a financiar proyectos de desarrollo en comunidades rurales de todo el país.
El excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, llegó este miércoles a La Paz para prestar declaración ante la FELCC, tras ser trasladado desde la cárcel de El Abra en Cochabamba, donde cumple detención preventiva por el caso del 26 de junio de 2024.
Juan José Zúñiga se encuentra en la ciudad de El Alto. | Foto: APG.
Llegada y traslado a dependencias policiales
El excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, arribó al Aeropuerto Internacional de El Alto en el vuelo 600 a las 06:45. Fue escoltado por dos personas y trasladado inmediatamente a las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), donde deberá prestar declaración por el caso denominado “intentó de golpe de Estado”.
Acusaciones y postura de Zúñiga
Zúñiga enfrenta un proceso por la presunta asonada del 26 de junio de 2024, un hecho que él calificó reiteradamente como un “show montado”. En breves declaraciones a los medios, afirmó que es inocente y lamentó que “quienes cometieron delitos estén libres”.
El excomandante Juan José Zúñiga contó su versión en instalaciones de la Felcc de La Paz sobre el supuesto golpe de Estado del 26 de junio de 2024. Sostuvo que fue un plan del expresidente Luis Arce y otras exautoridades. "Intentaron meternos en una trampa", dijo. 📌Manténgase… pic.twitter.com/XwoFCf26dM
Según documentación a la que tuvo acceso la prensa, el excomandante recibió autorización judicial el 18 de noviembre para su traslado a La Paz, bajo estricta responsabilidad del Régimen Penitenciario. El permiso establece que, concluida su diligencia, debe retornar a Cochabamba.
Excomandante del Ejercito, Juan José Zúñiga, asegura que es «inocente». | Foto: APG.
Itinerario de vuelo confirmado
Los boletos de viaje confirman que Zúñiga regresará este mismo miércoles en el vuelo 617, programado para las 17:00, debiendo reincorporarse inmediatamente a la cárcel de El Abra, donde cumple su detención preventiva.
La Fiscalía de La Paz allanó un galpón en El Alto presuntamente asociado al dirigente panificador Rubén Ríos, donde se hallaron documentos de Emapa y una caja fuerte. El operativo se realizó este martes en el marco de una investigación por el manejo irregular de harina subsidiada.
Hallazgo de documentación y bienes
El fiscal anticorrupción, Ronald Jurado, informó que en el inmueble se encontró documentación vinculada a Emapa, un vehículo fuera de servicio y una caja fuerte. Aunque el lugar tenía áreas acondicionadas como oficinas, no se halló mercadería perteneciente a la estatal.
Investigación por uso irregular de harina subvencionada
Las diligencias buscan esclarecer un presunto esquema de acopio ilícito y enriquecimiento ilegal. Ríos, quien administraba harina subvencionada para panificadores, es investigado por movimientos bancarios irregulares y uso indebido de insumos estatales.
Ríos guarda silencio ante la Fiscalía
El dirigente fue detenido el lunes y en su comparecencia ante el Ministerio Público decidió acogerse al derecho al silencio. Entretanto, la Fiscalía prepara una segunda imputación por los nuevos indicios obtenidos en el operativo.
Estado inicia demanda por presunto daño económico
El ministro de Desarrollo Productivo, Mario Justiniano, señaló que el Estado inició un proceso contra Ríos por un presunto perjuicio económico estimado en al menos 5 millones de bolivianos, relacionado con la distribución de harina subvencionada.
La Fiscalía confirmó la emisión de 14 órdenes de aprehensión contra choferes implicados en el presunto desvío de combustible. Las actuaciones forman parte de una investigación que incluye intervenciones en oficinas de YPFB en cuatro departamentos.
Avances en la investigación
El fiscal Sergio Dávila informó que las órdenes serán ejecutadas en los próximos días. Los primeros implicados son conductores de cisternas identificados como presuntos responsables dentro de la red de desvío. Además, se convocará a otras personas en calidad de testigos para ampliar la investigación.
Operativos en varias regiones
La fiscal superior anticorrupción, Mirtha Mejía, confirmó que los operativos se realizaron en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Oruro. Según informes institucionales, se detectaron posibles irregularidades en procesos internos, manejo de combustible y contrataciones.
Investigación en la ANH
En paralelo, la directora de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Margot Ayala, informó que más de 100 funcionarios fueron desvinculados y serán investigados por presuntos vínculos con irregularidades administrativas.
Próximas acciones
Las autoridades adelantaron que las pesquisas continuarán en las siguientes semanas, con nuevas actuaciones destinadas a esclarecer la magnitud de las presuntas redes de corrupción en el sector hidrocarburos.
El presidente Rodrigo Paz afirmó este lunes en Montero que las irregularidades detectadas en gestiones anteriores generarán una gran cantidad de juicios, en el marco de investigaciones que involucran a YPFB y otras instituciones estatales.
Rodrigo Paz y el Gobernador de Santa Cruz durante el acto de aniversario 84 de la provincia Santistevan. | Foto: El Deber
Declaraciones durante el aniversario provincial
En el acto por los 84 años de la provincia Obispo Santistevan, en Santa Cruz, el presidente Rodrigo Paz lamentó los hechos irregulares registrados en gobiernos pasados y expresó dudas sobre la capacidad de la justicia para atender todos los procesos que se iniciarán.
Caso YPFB como eje de la denuncia
Paz se refirió especialmente a la intervención en YPFB, motivada por denuncias de desvío de combustible, cobros irregulares y otras prácticas ilegales. Afirmó que estos delitos representan una “traición a la patria” y deben ser sancionados.
Allanamientos y operativos recientes
El lunes 1 de diciembre, equipos policiales y fiscales realizaron allanamientos en distritos comerciales, redes de gas, oficinas administrativas y plantas operativas de YPFB en distintas ciudades del país, como parte de la investigación en curso.
Decisiones internas en la estatal petrolera
A raíz de estos operativos, el presidente ejecutivo de YPFB, Yussef Akly, anunció la destitución de los nueve directores distritales y el reemplazo de personal en las unidades intervenidas por irregularidades detectadas.
Objetivo de las investigaciones
Según Akly, el proceso busca el “desmantelamiento total” de supuestas estructuras ilícitas que habrían operado durante la gestión del expresidente Luis Arce, con el fin de restablecer la transparencia en la estatal petrolera.
La Fiscalía y la Policía intervinieron al menos cinco oficinas de YPFB en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Oruro, dentro de investigaciones por presuntos hechos de corrupción registrados en distintas unidades de la estatal petrolera.
Intervenciones simultáneas
Este lunes, comisiones del Ministerio Público y de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen ejecutaron allanamientos en distritos comerciales, redes de gas, oficinas administrativas y plantas operativas de YPFB. La estatal reportó al menos nueve personas aprehendidas.
Destituciones en la estatal petrolera
Tras las intervenciones, YPFB destituyó a nueve directores distritales y a personal de varias unidades comprometidas en los operativos. La empresa afirmó que actuará como parte “víctima” en todos los procesos abiertos.
Acciones por denuncias de corrupción
El presidente ejecutivo de YPFB, Yussef Akly, explicó que las diligencias responden a denuncias sobre presuntos cobros irregulares, desvío de combustible y otras irregularidades detectadas en áreas operativas y administrativas.
Resistencia durante los allanamientos
El fiscal Sergio Dávila informó que en una de las oficinas allanadas hubo resistencia por parte de dos funcionarias, quienes exigieron una orden judicial para permitir el ingreso de los investigadores.
Alcance de los operativos
Las intervenciones se realizaron en instalaciones de Senkata en El Alto, dependencias de Redes de Gas y Transparencia en Cochabamba, y oficinas cercanas a la avenida Tres Pasos al Frente en Santa Cruz. Los investigados serán trasladados a dependencias policiales para continuar con las indagaciones.
La Fiscalía y la FELCC realizaron este martes un operativo en las oficinas de EMAPA en La Paz, donde investigan una supuesta red de corrupción denunciada por el Ministerio de Desarrollo Productivo, que habría operado durante la gestión del exgerente Franklin Flores.
Fiscalía interviene oficinas de EMAPA tras denuncia de desfalco de Bs 6 millones
La intervención surgió tras una denuncia formal presentada por el Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, que reportó irregularidades vinculadas a la gestión de Franklin Flores, exgerente de EMAPA. Las autoridades detectaron indicios de una posible estructura de corrupción interna.
Anomalías identificadas
El ministro Óscar Mario Justiniano había adelantado que se encontraron diversas anomalías en los procesos administrativos de la entidad, relacionadas con el manejo de productos subvencionados y recursos institucionales.
Maniobras detectadas por el Viceministerio
El viceministro de Comercio y Logística Interna, Gustavo Serrano, informó que las irregularidades incluyen licitaciones direccionadas, presunta malversación de recursos públicos y venta de productos subvencionados a precios superiores a los establecidos.
Efectivos del orden durante la intervención a EMAPA. / APG
Impacto económico para el Estado
Según Serrano, estas acciones generaron un daño económico significativo al Estado y vulneraron la transparencia y el fin social de EMAPA como empresa pública.
Continuidad del proceso investigativo
Las autoridades indicaron que el caso continuará en proceso de investigación para determinar responsabilidades y establecer las acciones legales correspondientes.
Resguardo policial en inmediaciones de EMAPA. / APG
La Fiscalía ejecutó allanamientos, activó alertas migratorias y avanzó con citaciones contra cinco exmagistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, quienes fueron cesados el martes tras resoluciones judiciales en Potosí y Santa Cruz. El operativo se realizó ayer en Sucre, mientras los involucrados buscan frenar las órdenes de aprehensión y se desconoce el paradero de la mayoría.
Allanamiento en oficinas del TCP
Durante la mañana del miércoles, los fiscales Javier Gorena y Mario Durán allanaron las oficinas que eran utilizadas por los exmagistrados Gonzalo Hurtado, Yván Espada, Julia Cornejo, Isidora Jiménez y Karem Gallardo en el edificio del TCP en Sucre. El operativo forma parte de una investigación por falsedad ideológica y acoso político, iniciada tras la denuncia de las magistradas Paola Prudencio y Amalia Laura.
Investigación preliminar y recolección de evidencias
Gorena informó que la Fiscalía busca registrar dependencias y secuestrar documentación relevante en esta fase preliminar. Personal de laboratorio forense participó en la recolección de indicios, entre ellos documentos vinculados a los autos constitucionales 0012/2025 y 0070/2025. Autoridades del TCP señalaron que las oficinas estaban prácticamente en desuso y que el martes se intentó retirar documentación antes de su cese.
Alertas migratorias y primeras declaraciones
La Fiscalía de Sucre confirmó la activación de alertas migratorias para impedir que los exmagistrados abandonen el país. También se emitieron citaciones y el primero en presentarse fue Gonzalo Hurtado, quien acudió el martes por la tarde. Al tratarse de una investigación preliminar, no se ordenó su aprehensión.
Contraataque judicial
Hurtado presentó una acción de libertad ante una Sala Constitucional del Beni para anular su orden de aprehensión, suspender la alerta migratoria y frenar cualquier persecución policial. Su abogado, Álex Mejía, solicitó garantías para sus derechos, abriendo un nuevo capítulo en el conflicto judicial.
Repercusiones institucionales y escenario incierto
El conflicto se originó cuando los exmagistrados anunciaron que se mantenían en funciones por diez días adicionales, pese a órdenes judiciales de cese inmediato. La magistrada del TSJ, Rosmery Ruiz Martínez, afirmó que no hay mayor conflicto interno tras el cese de funciones. Desde el Consejo de la Magistratura, su presidente Manuel Baptista anunció procesos disciplinarios y posibles acciones penales, denunciando que los autoprorrogados afectaron gravemente la administración de justicia. Entretanto, persiste la incógnita sobre el paradero de los exmagistrados, quienes no se han presentado ante la justicia, salvo Hurtado.
Entre el 19 y el 22 de noviembre, ocho policías fueron aprehendidos en Santa Cruz y La Paz por delitos como tráfico de drogas, privación de libertad y extorsión; todos enfrentan procesos para su baja definitiva, según reportes oficiales.
Detenciones en una semana
La Dirección General de Investigación Policial Interna confirmó que los ocho efectivos fueron descubiertos en flagrancia y ya cuentan con acusaciones de la Fiscalía Policial, que solicitó su baja definitiva en aplicación del artículo 102 de la Ley 100. Los implicados permanecen detenidos preventivamente en cárceles de Santa Cruz y La Paz por orden de la justicia ordinaria.
Cinco policías arrestados por narcotráfico
En Santa Cruz, la Felcn reportó dos operativos clave. El primero ocurrió el 19 de noviembre en el retén de Pozo del Tigre, donde un sargento fue sorprendido transportando 15 paquetes de cocaína en un compartimiento oculto de una vagoneta. El segundo caso se registró un día después en la radial 12, cuando una persecución policial derivó en el hallazgo de casi 12 kilos de cocaína en un vehículo ocupado por cuatro funcionarios policiales.
Tres detenidos por extorsión y privación de libertad
El 22 de noviembre, en la zona de Miraflores en La Paz, tres policías fueron aprehendidos tras ser denunciados por interceptar, intimidar y extorsionar a un ciudadano. La investigación estableció que los efectivos participaron en la privación de libertad del denunciante, por lo que la justicia determinó su detención preventiva en el penal de San Pedro.
23 policías dados de baja en 2025
El presidente del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía, coronel Édgar Cortez, informó que en lo que va de 2025 se registraron 23 bajas definitivas, principalmente en Santa Cruz. Explicó que estas sanciones responden a faltas graves que afectaron la integridad institucional.
Impacto en la imagen policial
Cortez señaló que los uniformados destituidos afectaron la credibilidad y prestigio de la institución, y remarcó que los procesos disciplinarios continuarán en todos los departamentos donde se detecten irregularidades.
