Categoría: Justicia

  • Fiscalía identifica a los autores intelectuales del asesinato de Mauricio Aramayo

    Fiscalía identifica a los autores intelectuales del asesinato de Mauricio Aramayo

    La Fiscalía Departamental de Tarija confirmó la identificación de los presuntos autores intelectuales del asesinato de Mauricio Aramayo, ocurrido el 8 de enero en la ciudad de Tarija, señalando que las personas que contrataron a los ejecutores materiales ya están plenamente individualizadas, mientras la investigación continúa bajo estricta reserva judicial, este lunes.

    Fiscalía confirma avance clave en la investigación

    El Ministerio Público de Tarija informó que se logró identificar a los responsables intelectuales del asesinato de Mauricio Aramayo, un hecho de sangre que generó fuerte impacto en la opinión pública. El fiscal departamental José Ernesto Mogro señaló que los investigadores establecieron con claridad quiénes contrataron a los autores materiales del crimen, aunque estas personas aún no fueron capturadas y se ejecutan operativos para dar con su paradero.

    Caso permanece bajo reserva judicial

    La autoridad fiscal explicó que el proceso se encuentra bajo estricta reserva judicial, disposición emitida por una jueza cautelar, con el objetivo de resguardar las pruebas recolectadas, evitar filtraciones de información sensible y prevenir posibles fugas de los implicados. Esta medida busca garantizar la efectividad de las actuaciones investigativas y el éxito de los operativos en curso.

    Identifican a copartícipe del ataque armado

    Como parte del avance en las pesquisas, también se logró identificar al copartícipe que acompañaba al ciudadano uruguayo Marco Adrián C.E., señalado como el autor de los disparos realizados desde una motocicleta. Este último se encuentra actualmente con detención preventiva en el centro penitenciario de Morros Blancos, mientras se fortalece la teoría del caso con nuevos elementos probatorios.

    Allanamientos y nuevos testigos refuerzan la causa

    La comisión de fiscales, en coordinación con la Policía Boliviana, realizó allanamientos, recolección de indicios y toma de declaraciones a nuevos testigos, acciones que permitieron consolidar la línea investigativa sobre el homicidio. Las autoridades señalaron que estas diligencias fueron determinantes para establecer la estructura criminal y la presunta participación de autores intelectuales en el hecho.

    Vínculos políticos y continuidad de las investigaciones

    Mauricio Aramayo mantenía un estrecho vínculo personal y político con el presidente Rodrigo Paz Pereira, quien recientemente relacionó el crimen con actos de corrupción durante un evento público. Aramayo falleció tras recibir impactos de arma de fuego mientras se encontraba dentro de su vehículo. Las investigaciones continúan bajo sigilo con el objetivo de cerrar el círculo de responsables y garantizar que todos los involucrados enfrenten a la justicia.

  • Sala Constitucional admite recurso contra decreto de Gobierno electrónico y cita a Paz a audiencia

    Sala Constitucional admite recurso contra decreto de Gobierno electrónico y cita a Paz a audiencia

    La Sala Constitucional Tercera de El Alto admitió una acción popular contra el Decreto Supremo 5515, que permite al presidente Rodrigo Paz gobernar de forma remota, y convocó a una audiencia para este martes a las 15:30.

    Recurso admitido y audiencia fijada

    La Sala Constitucional Tercera de El Alto admitió una acción popular presentada en contra del Decreto Supremo 5515, norma que autoriza al presidente del Estado, Rodrigo Paz, a ejercer funciones de gobierno de manera remota desde el exterior mediante conexión a Internet.

    Tras la admisión del recurso, la instancia judicial fijó una audiencia para este martes a las 15:30, en la que deberán comparecer las autoridades demandadas.

    Autoridades citadas por la justicia

    La acción popular fue interpuesta por el abogado Wilmer Juan Vásquez Flores, quien dirigió el recurso contra el primer mandatario y otras altas autoridades del Estado.

    Entre los citados se encuentran el vicepresidente Edmand Lara, la presidenta del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el contralor general del Estado, José Luis Mitma, y el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, quienes deberán presentarse o justificar su ausencia en la audiencia constitucional.

    Argumentos contra el Decreto Supremo 5515

    El abogado accionante informó que el objetivo del recurso es frenar la aplicación del DS 5515, al considerar que la norma es inconstitucional y vulnera principios fundamentales como la independencia de poderes. Según explicó, la posibilidad de que el Presidente gobierne de forma remota desde el exterior implicaría una modificación sustancial del diseño institucional del Estado, lo que —a su criterio— no puede resolverse mediante un decreto supremo.

    Cuestionamientos constitucionales y políticos

    Vásquez sostuvo que este tipo de cambios deben ser debatidos y definidos en una Asamblea Constituyente, ya que el decreto estaría alterando disposiciones expresas de la Constitución Política del Estado. Además, remarcó que la norma genera un precedente delicado en la relación entre los órganos del poder público y en la forma de ejercicio del mandato presidencial.

    Reacciones y críticas a la norma

    El Decreto Supremo 5515, que el Gobierno presentó como parte de la implementación de un modelo de “Gobierno electrónico”, fue cuestionado desde su promulgación por distintos sectores políticos y sociales.

    Entre las críticas más recurrentes se encuentra la supuesta reducción de atribuciones de la Vicepresidencia, situación que motivó incluso pedidos de abrogación de la norma.

    La audiencia de este martes será clave para definir si el decreto continúa vigente o queda suspendido mientras se resuelve el fondo del recurso constitucional.

  • Caso Emapa: Justicia dicta detención preventiva para Huanca y domiciliaria para Mamani

    Caso Emapa: Justicia dicta detención preventiva para Huanca y domiciliaria para Mamani

    La Justicia determinó este domingo la detención preventiva de Néstor Huanca Chura y la detención domiciliaria de Zenón Mamani Ticona, exministros de Desarrollo Productivo, tras una audiencia cautelar virtual que se extendió por más de diez horas, en el marco de la investigación por presuntos hechos de corrupción en la comercialización de harina subvencionada de Emapa.

    Audiencia cautelar de más de diez horas

    La audiencia se instaló a las 17:00 del sábado y concluyó cerca de las 05:30 de este domingo. Durante la sesión, el Ministerio Público presentó los elementos que vinculan a ambas exautoridades con supuestas irregularidades en la venta de harina subvencionada de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa).

    Detención preventiva para Néstor Huanca

    El Juzgado 11 de Instrucción Penal dispuso la detención preventiva por cuatro meses para Néstor Huanca Chura, medida que deberá cumplir en el penal de Patacamaya. La decisión se basó en la concurrencia de riesgos procesales establecidos en los artículos 233, 234 y 235 del Código de Procedimiento Penal.

    Medidas sustitutivas para Zenón Mamani

    En el caso de Zenón Mamani Ticona, la autoridad judicial ordenó detención domiciliaria, arraigo, una fianza económica de Bs 50.000, presentación ante el registro biométrico del Ministerio Público dos veces al mes y la verificación de su domicilio.

    Fiscalía anuncia apelación

    El fiscal Ronald Jurado Aduviri informó que el Ministerio Público apeló la resolución que otorgó medidas sustitutivas a Mamani, por lo que la decisión será revisada por una instancia superior. Asimismo, se fijó una audiencia de situación jurídica para el próximo 18 de mayo a las 11:00, mientras continúan las investigaciones del denominado caso Emapa.

  • Dorgathen es declarado rebelde y la Justicia activa orden de aprehensión internacional

    Dorgathen es declarado rebelde y la Justicia activa orden de aprehensión internacional

    La Justicia boliviana declaró este miércoles en rebeldía a Armin Dorgathen, expresidente de YPFB, tras su inasistencia a la audiencia cautelar en La Paz, dentro del caso Botrading, y dispuso su aprehensión y búsqueda internacional por presuntos hechos de corrupción vinculados a la compra de combustibles.

    Rebeldía y activación del sello rojo

    El Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer 5 determinó declarar rebelde a Armin Dorgathen, luego de que el exejecutivo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos no se presentara a su audiencia de medidas cautelares. Ante esta situación, la autoridad judicial emitió un mandamiento de aprehensión y ordenó la activación del sello rojo de Interpol, mecanismo que permite la localización y detención preventiva del investigado en cualquier país.

    Medidas patrimoniales y arraigo

    El procurador general del Estado, Hugo León La Faye, informó que también se dispuso el congelamiento de las cuentas bancarias de Dorgathen, además del arraigo nacional, la anotación preventiva de todos sus bienes inmuebles y la conservación de los instrumentos de convicción. Estas medidas buscan garantizar la presencia del imputado en el proceso y resguardar posibles recursos vinculados a los hechos investigados por el Ministerio Público.

    Presunta fuga y paradero

    Según los indicios oficiales, Dorgathen se encontraría actualmente en Brasil, país al que habría salido a inicios de diciembre de 2025. En días recientes, incluso, circuló un video en redes sociales donde se observa a la exautoridad en un parque brasileño, siendo increpado por personas que lo reconocieron y lo acusaron públicamente de actos de corrupción relacionados con su gestión al frente de la petrolera estatal.

    Investigación por el caso Botrading

    El exexpresidente de YPFB es investigado en el denominado caso Botrading, que indaga presuntas irregularidades en contratos de importación de diésel y gasolina durante las gestiones 2023 a 2025. De acuerdo con la Fiscalía, Dorgathen y otros exfuncionarios habrían adjudicado contratos a Botrading, subsidiaria de YPFB con sede en Paraguay, con precios superiores al valor de mercado, generando un presunto beneficio económico indebido.

    Daño económico y versiones contrapuestas

    El Ministerio Público estima un daño económico al Estado cercano a los 800 millones de dólares, aunque no se descarta que el monto sea mayor, ya que las investigaciones continúan y se abrió un nuevo proceso denominado Botrading II. En su defensa, Dorgathen negó cualquier responsabilidad y aseguró que no existieron irregularidades, argumento que también fue respaldado parcialmente por una comisión legislativa que, si bien no halló pruebas concluyentes, recomendó profundizar las investigaciones.

  • Fiscalía apela detención preventiva y solicita seis meses de reclusión para Montaño

    Fiscalía apela detención preventiva y solicita seis meses de reclusión para Montaño

    El Ministerio Público apeló la decisión judicial que ordenó cuatro meses de detención preventiva para el exministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, y pidió seis meses de reclusión mientras avanza la investigación por presuntos hechos de corrupción vinculados a un contrato carretero, registrados entre 2015 y 2025, en la ciudad de La Paz.

    La Fiscalía informó este lunes que presentó una apelación contra la determinación judicial que dispuso cuatro meses de detención preventiva para el exministro de Obras Públicas Edgar Montaño. El Ministerio Público solicitó que la medida sea ampliada a seis meses, conforme a lo establecido en la imputación formal presentada dentro del proceso penal.

    Investigación por presunto daño económico

    El fiscal del caso, Omar Yujra, explicó que Montaño es investigado por un presunto hecho de corrupción relacionado con la construcción de un tramo carretero. Según los datos preliminares, el posible daño económico al Estado bordearía los tres millones de dólares, aunque la cifra exacta será determinada mediante una auditoría forense especializada.

    El Ministerio Público imputó al exministro por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica, figuras penales que están contempladas en la normativa vigente y que implican responsabilidades administrativas y penales.

    Contratos modificatorios bajo observación

    Yujra precisó que los hechos investigados se originaron en 2015, cuando el contrato inicial para la obra sufrió varias modificaciones. En el caso específico de Montaño, la investigación se concentra en los contratos modificatorios firmados entre 2020, 2021 y 2025, periodo en el que ejercía funciones como ministro de Obras Públicas.

    De acuerdo con la Fiscalía, estos cambios contractuales habrían generado incrementos económicos injustificados y posibles irregularidades administrativas que ahora son objeto de análisis técnico y legal.

    Otras autoridades bajo investigación

    El fiscal confirmó que no se trata de un caso aislado, ya que existen más de ocho personas investigadas, entre exautoridades y funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). Todos ellos habrían tenido cargos de responsabilidad y decisión dentro del proceso de contratación y ejecución del proyecto.

    “La investigación alcanza a quienes tenían autoridad máxima dentro de ambas instituciones”, sostuvo Yujra, al señalar que las diligencias continúan en curso.

    Defensa solicita traslado a Santa Cruz

    La defensa de Edgar Montaño anunció que pedirá su traslado a la ciudad de Santa Cruz para el cumplimiento de la detención preventiva. El argumento central es que el exministro tiene su domicilio, familia y actividades laborales en ese distrito judicial.

    El proceso forma parte de una serie de investigaciones impulsadas por el Ministerio Público sobre presuntas irregularidades en contratos de infraestructura ejecutados en anteriores gestiones, con el objetivo de establecer responsabilidades y determinar posibles daños al Estado.

  • Exministro Édgar Montaño es enviado a San Pedro con detención preventiva por cuatro meses

    Exministro Édgar Montaño es enviado a San Pedro con detención preventiva por cuatro meses

    La Justicia determinó la detención preventiva por cuatro meses del exministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, quien fue enviado al penal de San Pedro de la ciudad de La Paz mientras avanzan las investigaciones en su contra por presuntos hechos de corrupción vinculados a la construcción de la doble vía El Sillar, en la carretera Cochabamba–Santa Cruz.

    La decisión fue asumida tras una audiencia de medidas cautelares que se extendió por cerca de cuatro horas y se desarrolló de manera virtual. En ella, la autoridad jurisdiccional valoró los riesgos procesales expuestos por el Ministerio Público y resolvió aplicar la medida más gravosa, aunque por un plazo menor al solicitado por la Fiscalía, que había pedido seis meses de detención.

    Montaño enfrenta cargos por incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado. Según la investigación fiscal, durante su gestión se habrían suscrito contratos y modificaciones contractuales que beneficiaron a una empresa china encargada de la obra, generando un presunto daño económico estimado en aproximadamente tres millones de dólares.

    El fiscal del caso explicó que uno de los elementos observados es la aplicación de un tipo de cambio desfavorable para el Estado en los pagos realizados, además de la autorización de cláusulas modificatorias que habrían incrementado los costos del proyecto sin una justificación técnica adecuada.

    El exministro fue aprehendido en la ciudad de Santa Cruz y trasladado posteriormente a La Paz. Durante un breve contacto con los medios, negó las acusaciones y afirmó que el proceso en su contra responde a motivaciones políticas. Actualmente, Montaño permanecerá en el mismo recinto penitenciario donde también se encuentra detenido de manera preventiva el expresidente Luis Arce, investigado por el caso Fondo Indígena.

  • Suegros de Franklin Flores se acogen al silencio en investigación por caso Emapa

    Suegros de Franklin Flores se acogen al silencio en investigación por caso Emapa

    Los suegros del exgerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Franklin Flores, se presentaron ante la Fiscalía de La Paz, pero se abstuvieron de declarar en el proceso por legitimación de ganancias ilícitas vinculado a la comercialización de harina subvencionada.


    Se presentaron de forma voluntaria ante la Fiscalía

    El fiscal Johan Muñoz informó que ambos adultos mayores acudieron voluntariamente a su citación, aunque decidieron acogerse a su derecho constitucional al silencio. La Fiscalía evaluará los indicios existentes en el cuaderno de investigaciones para determinar su grado de implicación.

    Compra de un departamento genera sospechas

    Según la investigación, los suegros de Flores fueron involucrados luego de que el exgerente presentara documentos de la compra de un departamento en la ciudad de El Alto, con los que intentó justificar su patrimonio. Sin embargo, la documentación y los movimientos bancarios no coinciden con las fechas ni con los montos declarados.

    Fiscalía detecta movimientos bancarios irregulares

    El Ministerio Público sostiene que Franklin Flores tenía más de Bs 200 mil en sus cuentas, una suma que excedería ampliamente sus ingresos como gerente de Emapa. Asimismo, se identificaron movimientos financieros sospechosos en las cuentas de su esposa, quien permanece detenida en la Cárcel de Mujeres desde diciembre, tras la fuga de Flores de su detención domiciliaria.

    Denuncia fue impulsada por dirigentes panificadores

    La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por el dirigente de los panificadores, Dandi Mallea, y su abogado, Eduardo León, quienes aportaron pruebas sobre presuntos hechos de corrupción relacionados con la harina subvencionada.

    Dos procesos abiertos por el “caso harina”

    El abogado León explicó que existen dos procesos abiertos. El primero investiga un presunto daño económico de Bs 43 millones, producto de la compra y reventa irregular de harina entre Emapa y la empresa Tauro Ríos. El segundo proceso indaga irregularidades en la adjudicación de contratos dentro de Emapa.

    Flores cumple detención preventiva

    Franklin Flores fue aprehendido el viernes y cumple detención preventiva por cinco meses en el penal de San Pedro. El exgerente se había fugado de su detención domiciliaria el pasado 27 de noviembre, lo que derivó en la revocatoria de ese beneficio y en una segunda orden de detención preventiva.

  • Justicia dicta cinco meses de detención preventiva para Franklin Flores, exgerente de Emapa

    Justicia dicta cinco meses de detención preventiva para Franklin Flores, exgerente de Emapa

    La Justicia boliviana determinó este sábado cinco meses de detención preventiva para Franklin Flores, exgerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa). La medida será cumplida en el penal de San Pedro, en La Paz, mientras enfrenta siete procesos por presuntos hechos de corrupción relacionados con obras e inversiones de la institución.

    Medida preventiva y cumplimiento en San Pedro

    El fallo judicial establece que Flores permanecerá bajo detención preventiva en el penal de San Pedro. La decisión se produce en el marco de múltiples investigaciones por presuntos delitos económicos y administrativos cometidos durante su gestión en Emapa.

    Procesos activos por corrupción

    El fiscal departamental de La Paz, Carlos Torrez, informó que el exgerente enfrenta siete procesos activos, algunos de los cuales involucran a su entorno familiar y laboral. Entre estos se encuentra la investigación vinculada a la planta procesadora de papa en El Alto, con un monto de inversión superior a 162 millones de bolivianos.

    Delitos imputados

    Según el Ministerio Público, Franklin Flores es investigado por presuntos delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y enriquecimiento ilícito. Estas imputaciones se enmarcan en el llamado “caso Emapa”, que también abarca la edificación de la planta industrializadora de papa.

    Contexto del caso

    La detención preventiva busca garantizar el avance de los procesos judiciales y asegurar que el imputado se presente ante las autoridades mientras se desarrollan las investigaciones sobre la presunta corrupción en la gestión de Emapa.

  • Gobierno respalda captura de Franklin Flores y pide su detención preventiva inmediata

    Gobierno respalda captura de Franklin Flores y pide su detención preventiva inmediata

    El Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua respaldó la captura del exgerente de Emapa, Franklin Flores, acusado de múltiples casos de corrupción, y solicitó su detención preventiva mientras se esperan las audiencias judiciales.

    Coordinación entre instituciones

    El ministerio destacó el trabajo conjunto entre el Ministerio Público y la Policía Boliviana, señalando que la aprehensión de Flores demuestra que el Estado no permitirá que funcionarios evadan la justicia.

    Declarado en rebeldía

    Flores fue declarado en rebeldía el 28 de noviembre tras incumplir la detención domiciliaria y permanecer desaparecido más de un mes. Fue trasladado a las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) mientras se tramita su audiencia de medidas cautelares.

    Solicitud de detención preventiva

    La Fiscalía pedirá su detención preventiva por 180 días. El ministerio señaló que las medidas anteriores eran insuficientes y respaldó que la autoridad judicial determine su reclusión inmediata en un centro penitenciario.

  • Justicia dicta detención domiciliaria para mineros hallados con Bs 147 mil durante protestas de la COB

    Justicia dicta detención domiciliaria para mineros hallados con Bs 147 mil durante protestas de la COB

    Un juez cautelar ordenó detención domiciliaria, arraigo y una fianza de 10.000 bolivianos para tres trabajadores mineros aprehendidos durante las movilizaciones contra el Decreto Supremo 5503, tras ser sorprendidos con altas sumas de dinero cuya procedencia no fue acreditada.

    Medidas cautelares y restricciones

    La autoridad judicial determinó además la prohibición de participar en protestas y la obligación de cumplir con el registro biométrico ante el Ministerio Público. Los sindicados enfrentan cargos por enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, luego de ser interceptados en inmediaciones de la Plaza Murillo portando más de 147.000 bolivianos.

    Detalles del operativo policial

    El fiscal del caso, Julio Carrafi, informó que los aprehendidos mostraron una actitud nerviosa ante la presencia policial e intentaron ocultar el dinero en mochilas y envoltorios de yute. Según el reporte oficial, uno de ellos transportaba 104.967 bolivianos, mientras que los otros dos llevaban 19.500 y 23.000 bolivianos, respectivamente.

    Investigación por posible financiamiento de protestas

    Durante la audiencia cautelar, los acusados optaron por guardar silencio, por lo que la investigación se centra ahora en establecer si los recursos estaban destinados al financiamiento de los conflictos sociales registrados en la sede de Gobierno.

    Contexto de las movilizaciones

    Las protestas de la Central Obrera Boliviana (COB) y del sector minero asalariado continúan exigiendo la anulación del Decreto Supremo 5503, que modifica la subvención a los combustibles. Pese a la apertura de mesas de diálogo con el Ejecutivo, el clima de tensión persiste tras los recientes enfrentamientos que dejaron policías heridos y múltiples arrestos.

    Peritajes en curso

    El Ministerio Público procedió al secuestro del dinero y de los teléfonos celulares de los imputados, que serán sometidos a peritajes para esclarecer el origen y el destino final de los fondos incautados.

  • Libre denuncia a exviceministra Alcón por presuntas irregularidades y cuestiona rol del Ejecutivo

    Libre denuncia a exviceministra Alcón por presuntas irregularidades y cuestiona rol del Ejecutivo

    La bancada de Libre presentó una denuncia contra la exviceministra Gabriela Alcón por presuntos hechos irregulares, mediante una acción impulsada desde la Asamblea Legislativa, en La Paz, este martes.

    Presentación de la denuncia

    La diputada de Libre informó que la denuncia fue formalizada ante instancias competentes, al considerar que existirían posibles irregularidades en la gestión de Gabriela Alcón cuando ejercía funciones públicas. Señaló que el objetivo es que los hechos sean investigados conforme a ley.

    Cuestionamientos al rol del Legislativo

    La parlamentaria cuestionó que sea el Órgano Legislativo el que deba impulsar este tipo de acciones, cuando —a su criterio— correspondería que el Órgano Ejecutivo actúe de oficio ante indicios de irregularidades en la administración pública.

    Críticas a la falta de iniciativa del Ejecutivo

    Desde Libre se criticó la falta de iniciativa del Ejecutivo para promover investigaciones internas y transparentar la gestión pública. La diputada afirmó que esta inacción obliga a los legisladores a asumir un rol fiscalizador más activo.

    Pedido de investigación

    La bancada solicitó que las autoridades competentes realicen una investigación objetiva y transparente, con el fin de esclarecer los hechos denunciados y determinar posibles responsabilidades administrativas o penales.

    Fiscalización como eje central

    Finalmente, la diputada remarcó que la denuncia se enmarca en el rol constitucional de fiscalización del Legislativo y reiteró que estos procesos buscan fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en la función pública.

  • Fiscalía imputa a Luis Arce por presunto abandono de mujer embarazada

    Fiscalía imputa a Luis Arce por presunto abandono de mujer embarazada

    El Ministerio Público imputó al expresidente Luis Alberto Arce Catacora por el presunto delito de abandono de mujer embarazada, tras una denuncia presentada por Brenda Lafuente, en un proceso que se tramita en Cochabamba y fue informado este martes.

    Imputación formal del Ministerio Público

    La Fiscalía sostiene que existen elementos de prueba suficientes que permiten atribuir a Luis Arce la presunta comisión del delito y su participación en el hecho denunciado. Por ello, solicitó la aplicación de medidas cautelares, entre ellas arraigo, fianza económica y prohibiciones de comunicación o concurrencia a determinados lugares.

    Proceso radicado en Cochabamba

    El caso se tramita en el departamento de Cochabamba, mientras el exmandatario permanece con detención preventiva en la cárcel de San Pedro de La Paz, en el marco de otro proceso relacionado con la investigación del Fondo Indígena.

    Antecedentes de la denuncia

    De acuerdo con los antecedentes, Brenda Lafuente, exdirectora de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), inició en julio una demanda contra Arce. La denunciante afirmó que el exmandatario se negó a reconocer la paternidad de su hijo y a someterse a una prueba de ADN.

    Intentos de conciliación fallidos

    Lafuente señaló que intentó contactar en reiteradas ocasiones a Arce para resolver el conflicto de manera privada. Sin embargo, aseguró que no obtuvo respuesta, motivo por el cual decidió recurrir a la vía judicial.

    Sanción prevista por la ley

    El delito de abandono de mujer embarazada, según la normativa boliviana, está sancionado con penas de seis meses a tres años de reclusión, dependiendo de las circunstancias del caso y la valoración judicial.

  • Rodrigo Paz asegura que quienes robaron al país deberán cumplir sus penas

    Rodrigo Paz asegura que quienes robaron al país deberán cumplir sus penas

    Durante un acto de graduación de Subtenientes y Alféreces de las Fuerzas Armadas en La Paz, el presidente Rodrigo Paz afirmó este sábado que las personas responsables de desfalcos al Estado deberán enfrentar las sanciones correspondientes, en el marco del caso Fondo Indígena que involucra al expresidente Luis Arce.

    Crítica a la gestión pasada

    El mandatario denunció que anteriores autoridades dejaron al país sin recursos, afectando incluso la capacidad del Estado para adquirir repuestos necesarios para helicópteros usados en rescates por inundaciones en Santa Cruz. “Hoy Bolivia enfrenta inseguridad, crimen organizado, fronteras vulnerables, contrabando y corrupción, eso es lo que nos han dejado”, señaló.

    “Ponemos a los culpables en su lugar”

    Paz remarcó que quienes intentaron dejar a Bolivia sin rumbo “ya están viendo dónde los estamos poniendo” y deberán afrontar las penas por sus actos. Reiteró que el Estado está comprometido en revertir la situación y recuperar la confianza de la población.

    Recursos limitados ante desastres naturales

    El presidente explicó que la falta de recursos heredada del pasado dificultará la atención de emergencias, pero aseguró que se harán todos los esfuerzos posibles para asistir a la población afectada por las inundaciones recientes.

    Mensaje de firmeza y recuperación

    Rodrigo Paz subrayó que, aunque el camino sea difícil, Bolivia saldrá adelante. “Los culpables pagarán sus penas”, enfatizó, reafirmando su compromiso con la transparencia y la sanción de actos de corrupción.

    Detención preventiva de Luis Arce

    El viernes por la noche, el expresidente Luis Arce fue enviado con detención preventiva por cinco meses al penal de San Pedro, acusado de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes en relación con presuntas irregularidades en el caso Fondo Indígena.

  • Luis Arce enfrentará audiencia este viernes para definir su situación legal por el caso Fondioc

    Luis Arce enfrentará audiencia este viernes para definir su situación legal por el caso Fondioc

    El expresidente Luis Arce Catacora acudirá este viernes a una audiencia cautelar a las 13:00, donde un juez definirá si será enviado a detención preventiva por el caso Fondioc, proceso en el que fue imputado por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

    Audiencia cautelar en el Tribunal Supremo de Justicia

    El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, informó que la audiencia de medidas cautelares contra el exmandatario Luis Arce Catacora fue programada para este viernes a las 13:00.
    La sesión se realizará en el marco de la investigación por el caso Fondo de Desarrollo Indígena (Fondioc), donde la Fiscalía solicitó detención preventiva para el exministro de Economía.

    Proceso vía ordinaria y sin juicio de responsabilidades

    Saucedo explicó que el proceso penal se tramita por la vía ordinaria, debido a que los hechos atribuidos corresponden a su gestión como ministro y no como presidente del Estado.
    En ese marco, aclaró que no procede un juicio de responsabilidades y que el plazo legal de 24 horas tras la imputación está siendo respetado.

    Delitos por los que fue imputado

    El Ministerio Público acusa a Arce de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, figura que sostiene se aplicó durante su función en el Ministerio de Economía cuando se administró el Fondioc.
    La audiencia definirá si estas acusaciones ameritan medidas restrictivas mientras avanza la investigación.

    TSJ asegura independencia judicial

    Romer Saucedo remarcó que en Bolivia “la justicia no reconoce fueros ni privilegios”, subrayando que ningún cargo público está por encima de la ley.
    Asimismo, pidió evitar la instrumentalización política del proceso y garantizó que las decisiones judiciales no responderán a intereses partidarios.

    Llaman a evitar presiones externas

    El presidente del TSJ exhortó a actores políticos y sociales a no interferir en el desarrollo de la causa.
    Aseguró que el sistema judicial actuará con imparcialidad mientras se define la situación legal del exmandatario en una de las audiencias más esperadas del proceso Fondioc.

  • Viceministro afirma que la investigación del Fondo Indígena podría involucrar también a Evo Morales

    Viceministro afirma que la investigación del Fondo Indígena podría involucrar también a Evo Morales

    El viceministro de Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, Yamil García, señaló que la investigación por el manejo irregular de recursos del Fondo Indígena podría ampliarse a otras autoridades, incluido el expresidente Evo Morales, dependiendo de la información que surja durante la etapa preliminar del caso.

    La declaración surge después de la aprehensión del exmandatario Luis Arce, quien fue trasladado por la Policía debido a indicios de que, cuando ejercía el cargo de ministro de Economía y Finanzas, habría autorizado la transferencia de fondos públicos hacia cuentas particulares destinadas a proyectos productivos.

    García explicó que la investigación no descarta a ninguna persona que pudiera tener relación con las decisiones administrativas que permitieron el desvío de recursos. Afirmó que una resolución ministerial atribuida a Arce es uno de los elementos en revisión, pero que si el exmandatario señalara que las autorizaciones contaban con respaldo presidencial, la pesquisa tendría que alcanzar también a Morales.

    El viceministro mencionó que parte de esta línea de investigación surge de la declaración de descargo de la exdiputada Lidia Patty, quien sostuvo que no actuó por cuenta propia y que las decisiones financieras se tomaban bajo instrucción del Ministerio de Economía.

    Durante la audiencia de medidas cautelares, García consideró que existen elementos suficientes para solicitar la detención preventiva de Arce, aunque aclaró que la definición sobre su situación jurídica corresponde al juzgado a cargo del proceso. Así informó Erbol.

  • Luis Arce es aprehendido, acusado por los presuntos delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes en el caso Fondo Indígena

    Luis Arce es aprehendido, acusado por los presuntos delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes en el caso Fondo Indígena

    El expresidente Luis Arce Catacora fue aprehendido este 10 de diciembre y trasladado a la FELCC en el marco del caso que investiga presuntas irregularidades en un proyecto financiado por el Fondo Indígena en 2010, impulsado por la entonces dirigente campesina Lidia Patty Mullisaca, en La Paz

    Dos delitos atribuidos al exmandatario

    Arce enfrenta acusaciones por conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. Según el mandamiento de aprehensión firmado por el fiscal Miguel Ángel Cardozo, cuando Arce era ministro de Economía habría promovido la ejecución de proyectos mediante transferencias público-privadas sin que la normativa vigente lo permitiera en ese momento.

    Su rol en el Fondo Indígena

    Como miembro del Directorio del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas, Arce participó en la autorización de un proyecto presentado por Lidia Patty para construir invernaderos en ocho comunidades de la provincia Bautista Saavedra. El proyecto, presentado en 2009 y aprobado en 2010, tenía un financiamiento de más de 950 mil bolivianos, de los cuales Patty recibió un desembolso de 669.876 bolivianos en su cuenta personal.

    Irregularidades detectadas en el proyecto

    La Fiscalía sostiene que el proyecto fue aprobado pese a documentación incompleta y deficiencias en los listados de beneficiarios. Posteriormente, la ejecución presentó irregularidades graves: cambios no autorizados en el diseño de los invernaderos, contratos sin aval del Fondo Indígena, falta de respaldo en los pagos y ausencia de informes técnicos y financieros.

    Contexto y antecedentes de los implicados

    Lidia Patty, detenida días atrás, fue dirigente de la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa y luego diputada por el MAS. Se hizo conocida por activar procesos contra Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari en el caso “golpe de Estado I”. La nueva investigación se centra en los recursos que Patty recibió del Fondo Indígena para la construcción de invernaderos que nunca fueron concluidos según los estándares exigidos.

    Motivos de la aprehensión de Arce

    La orden de aprehensión del expresidente. Foto: RPO’s.

    La resolución fiscal argumenta que existen riesgos de fuga y de obstaculización del proceso por parte del exmandatario. Por ello, se determinó su aprehensión para garantizar su presencia en la investigación, que busca esclarecer responsabilidades en el manejo de fondos estatales destinados a proyectos productivos en comunidades rurales.

  • Exviceministro Jhonny Aguilera rechaza denuncias y asegura que acudirá a declarar a la Fiscalía

    Exviceministro Jhonny Aguilera rechaza denuncias y asegura que acudirá a declarar a la Fiscalía

    El exviceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, confirmó que asistirá a su declaración ante la Fiscalía luego de haber sido citado por una denuncia presentada por el coronel de Policía Pavel César Vásquez Pastor. El proceso también involucra al excomandante general Augusto Juan Russo Sandoval.

    Ambos oficiales fueron convocados para presentarse ante el fiscal Róger Rosas Iglesias, responsable de casos relacionados con delitos contra la integridad personal. La denuncia hace referencia a presuntos hechos ocurridos durante anteriores gestiones en la institución policial.

    Aguilera sostuvo que no tiene ninguna intención de eludir el proceso y que entregará documentación para respaldar su versión. Afirmó que las acusaciones carecen de fundamento y señaló que existe información distorsionada que incluso llegó a afirmar que había abandonado el país, extremo que negó categóricamente.

    Indicó además que su presencia en la Fiscalía servirá para aclarar los hechos y desvirtuar lo que considera una acusación infundada. Mientras tanto, el proceso continúa en etapa preliminar a la espera de las declaraciones de ambos generales. Así informó El Deber.

  • Chi Hyun Chung quedó en libertad tras declarar por denuncia de presunta mala praxis

    Chi Hyun Chung quedó en libertad tras declarar por denuncia de presunta mala praxis

    El médico y exaspirante presidencial Chi Hyun Chung recuperó su libertad este martes luego de prestar su declaración informativa ante efectivos policiales, en el marco de una investigación abierta por una supuesta mala praxis médica.

    Según fuentes policiales, Chi había sido convocado para ampliar su versión sobre los hechos denunciados. La comparecencia se desarrolló sin incidentes y, tras escuchar su declaración, no se emitió ninguna medida restrictiva en su contra.

    Después de concluir la diligencia, el profesional abandonó las instalaciones acompañado de su equipo jurídico, que afirmó que continuarán cooperando con las autoridades para aclarar totalmente el caso. La defensa insistió en que el procedimiento médico observado se realizó conforme a los protocolos establecidos.

    Al salir del lugar, Chi manifestó su disposición a seguir aportando información y pidió que el proceso avance con imparcialidad. Señaló que ya había brindado declaraciones voluntarias meses atrás y sostuvo que su actuación siempre se ajustó a principios éticos y profesionales.

    El Ministerio Público mantiene el caso en etapa preliminar y analiza la documentación recolectada para determinar los siguientes pasos de la investigación. La representación legal del médico solicitó una revisión exhaustiva de los antecedentes clínicos que originaron la denuncia.

  • Ministerio Público inicia investigación tras enfrentamiento letal en Cotapachi

    Ministerio Público inicia investigación tras enfrentamiento letal en Cotapachi
    La policía intervino en el bloqueo, desencadenando en un enfrentamiento con los comunarios. Foto: Los Tiempos

    El Ministerio Público, a través del fiscal departamental Osvaldo Tejerina, inició una exhaustiva investigación y conformó una comisión especial para esclarecer los violentos enfrentamientos ocurridos el pasado fin de semana en la zona de Cotapachi, Cochabamba, donde comunarios y efectivos policiales resultaron heridos y se lamentó la muerte de dos personas.

    Fiscalía de Cochabamba ordena investigación profunda

    El fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina, confirmó que se ha dado inicio a una investigación formal por los hechos de violencia suscitados en Cotapachi. Esta medida busca determinar las circunstancias exactas que rodearon los enfrentamientos entre vecinos y fuerzas del orden, incluyendo el uso de armas y las muertes reportadas. Se ha conformado una comisión especializada para agilizar y asegurar la transparencia del proceso investigativo.

    Exigen esclarecer la orden de uso de armamento

    El abogado de los comunarios, Eduardo Mérida, exigió públicamente que se esclarezca quién fue la autoridad que ordenó el uso de armamento letal en la intervención. Mérida cuestionó la naturaleza del operativo, señalando que «tienen que venir a declarar todos los que han intervenido, los comandantes que han estado en el lugar y el que dio la orden de ir». Asimismo, anunció que solicitarán a la FELCC realizar una investigación en el terreno para identificar a los policías presentes y verificar la posible presencia de infiltrados.

    Policías heridos presentarán demanda por Homicidio

    En contraparte, el abogado de los uniformados heridos, Rolando Ramos, denunció que los policías fueron víctimas de una «emboscada», resultando siete de ellos heridos, dos de los cuales se encuentran en estado grave con esquirlas. Ramos indicó que la parte afectada presentará una demanda por homicidio. Además, señaló que se logró secuestrar un vehículo con drones, Bs. 20.000 y material explosivo, presuntamente conducido por un funcionario municipal.

    Autoridades Municipales condenan la violencia y piden respeto a límites

    Los alcaldes de los municipios involucrados, Colcapirhua y Quillacollo, lamentaron los hechos. Nelson Gallinate, alcalde de Colcapirhua, condenó los actos de violencia, señalando la existencia de «grupos de choque armados» e informando el hallazgo de más de 15 zanjas hechas con maquinaria en el lugar. Por su parte, Héctor Cartagena, alcalde de Quillacollo, calificó lo ocurrido de «indignante» por el uso de armas de fuego. Exigió que se respete el acta de conciliación de límites firmada el año pasado y afirmó que su municipio se constituirá en parte denunciante para identificar a los autores materiales e intelectuales del conflicto.

    Vicepresidente y vecinos reaccionan a los sucesos

    El Vicepresidente Edmand Lara lamentó profundamente las dos muertes ocurridas en el conflicto y ordenó la realización de un informe exhaustivo para dar con los autores y que sean sancionados. En respuesta a la situación, los vecinos de Quillacollo han determinado iniciar desde la medianoche del martes un bloqueo de las avenidas Blanco Galindo y Víctor Ustáriz en apoyo a Cotapachi, exigiendo la intervención de autoridades nacionales y la paralización definitiva del botadero de Colcapirhua.

  • Fiscalía imputó y pidió detención preventiva para Dorgathen y exgerentes de YPFB por el caso Botrading

    Fiscalía imputó y pidió detención preventiva para Dorgathen y exgerentes de YPFB por el caso Botrading

    La Fiscalía de La Paz presentó imputación formal contra el expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, y cinco exgerentes de la estatal petrolera, investigados por presuntos hechos de corrupción en el caso Botrading.

    El proceso se centró en irregularidades en la creación de una filial de YPFB en Paraguay y en presuntos sobreprecios en la compra de combustibles. Entre los imputados figuran Gabriela Delgadillo, exgerenta de Industrialización; Julio César Camargo y Omar Alarcón, ambos exgerentes de YPFB Refinación; Luis Rolando Sánchez, exgerente de Planificación; y Miguel Ángel Colque, exvicepresidente de Operaciones.

    El Ministerio Público solicitó cuatro meses de detención preventiva para todos los sindicados: en el penal de San Pedro para los varones y en Obrajes para Delgadillo. Según explicó el fiscal Omar Yujra, la exgerenta de Industrialización estuvo implicada debido a que su unidad realizaba requerimientos de compra de combustibles a Botrading, mientras que los demás firmaron contratos en representación de YPFB con la empresa observada.

    A los imputados se les atribuyeron distintos delitos, entre ellos incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado y obstrucción a la justicia.

    El caso involucra a 10 personas en total. La Fiscalía recordó que ya estaban bajo medidas cautelares Félix Taca, exgerente de YPFB Logística, y Cinthia Pedraza, exgerente legal de la estatal.

    En cuanto a la ciudadana paraguaya que habría facilitado la creación de Botrading, el fiscal indicó que se solicitó cooperación internacional a Paraguay y se espera su declaración para febrero.

    El Ministerio Público también ratificó que Armin Dorgathen se encontraba prófugo en Brasil, según informó recientemente el Ministerio de Gobierno.