La Cámara de Diputados de México aprobó reformas que prohíben completamente el uso, comercialización y distribución de vapeadores y cigarrillos electrónicos en el país. Con 324 votos a favor, el Legislativo avaló imponer penas de hasta ocho años de prisión por su venta, en respuesta a una iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Reformas con penas de uno a ocho años de prisión

El dictamen aprobado modifica la Ley General de Salud para incluir la prohibición absoluta de cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos similares. Quienes los vendan podrán enfrentar penas de uno a ocho años de cárcel, además de multas que van desde 100 hasta 2.000 UMAs, equivalentes a entre 11.314 y 226.280 pesos (621 a 12.430 dólares).

Prohibición total en el territorio mexicano

La reforma prohíbe la adquisición, producción, transporte, importación, exportación, almacenamiento, distribución, venta y publicidad de estos dispositivos. La ley define los vapeadores como aparatos que calientan o vaporizan sustancias tóxicas, con o sin nicotina, distintas al tabaco.

El vapeo, catalogado como amenaza a la salud pública

El Legislativo destacó que el vapeo será reconocido como un riesgo sanitario, lo que permitirá impulsar políticas públicas para reducir su consumo, proteger a grupos vulnerables y fortalecer acciones preventivas a nivel nacional. Las reformas también amplían las facultades de la Secretaría de Salud en infraestructura, abastecimiento de medicamentos y coordinación del sistema sanitario.

Críticas y advertencias de la oposición

Durante el debate, diputados opositores afirmaron que la prohibición abrirá espacio al mercado negro y beneficiará al crimen organizado. La diputada Iraís Reyes aseguró que “no regular un producto que la gente ya consume es igual a más dinero para los narcos”, acusando además de “hipocresía” a legisladores oficialistas que utilizan vapeadores.

Contexto previo y advertencias sobre el mercado ilegal

Especialistas y organizaciones ya habían alertado sobre el crecimiento del mercado negro de vaporizadores en México, especialmente ante políticas restrictivas y la falta de una regulación clara. La aprobación de esta reforma profundiza el debate sobre sus efectos en salud pública y seguridad. Así informó: Red Uno.

La organización Prisoners Defenders informó que el número de detenidos por motivos políticos en la isla aumentó levemente respecto al mes anterior y alertó sobre la situación de salud de varios internos.

Incremento de presos políticos

Al cierre de noviembre, Cuba registraba 1.192 presos políticos, 13 más que el mes anterior. Desde julio de 2021, cuando se produjeron las mayores protestas antigubernamentales en décadas, un total de 1.925 personas han estado encarceladas por razones políticas.

Condición de salud de los detenidos

El informe señala que 461 personas presentan patologías médicas graves y 41 tienen problemas de salud mental, sin recibir tratamiento adecuado. Entre los detenidos también hay 34 menores de edad, de los cuales 28 cumplen condena y seis están bajo medidas cautelares sin tutela judicial.

Sentencias por sedición

Prisoners Defenders alerta que 219 personas fueron condenadas por sedición, muchas tras participar en protestas pacíficas, con penas promedio de diez años. Entre los menores, 16 ya recibieron condenas por sedición con penas medias de cinco años.

Seguimiento y registro

PD, con sede en Madrid, se mantiene como uno de los principales referentes en el seguimiento de presos políticos en Cuba, documentando tanto la cantidad de detenidos como las condiciones de su detención.

Una semana después de las elecciones generales en Honduras, el país sigue sin resultados definitivos debido a la paralización del conteo oficial. El Partido Libre no reconoce los resultados que favorecen al candidato Nasry “Tito” Asfura y exige la nulidad total de los comicios ante presuntas irregularidades en el sistema de transmisión de votos.

Conteo electoral detenido y reinicio sin avances

El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció este domingo el reinicio del escrutinio, interrumpido desde el viernes por “problemas técnicos”. Sin embargo, dos horas después el sistema continuaba inactivo, generando preocupación entre partidos políticos, observadores internacionales y sectores de la sociedad civil. Hasta el momento, Asfura acumula 1.132.321 votos (40,19%), mientras que Salvador Nasralla registra 1.112.570 sufragios (39,49%).

Oficialismo denuncia manipulación y convoca movilizaciones

Rixi Moncada, candidata del Partido Libre, reiteró que su partido “no reconoce” los resultados debido a la supuesta injerencia de Estados Unidos y denunció posibles manipulaciones del sistema de transmisión a favor del Partido Nacional. Libre convocó a sus militantes a una “asamblea extraordinaria de la dignidad nacional” para el 13 de diciembre y exige la nulidad total de las elecciones.

Fallas en el sistema de transmisión de resultados

El consejero del CNE, Marlon Ochoa, denunció cambios en el código de seguridad de dos módulos del sistema electrónico, aunque la empresa encargada afirmó que el código fuente no había sido modificado. También señaló que varios sistemas habían operado por períodos muy cortos, lo que pone en duda la fiabilidad de los resultados.

Críticas de analistas y fragilidad institucional

Expertos electorales consideran que la suspensión del escrutinio evidencia la debilidad del sistema en Honduras. Rodolfo Dumas y Miguel Cálix destacaron la necesidad de modernizar el CNE y el Tribunal de Justicia Electoral, así como de considerar reformas como la segunda vuelta electoral para garantizar estabilidad en procesos muy cerrados.

Problemas logísticos en mesas de votación

En San Antonio de Flores, departamento de El Paraíso, alrededor de 5.000 electores recién pudieron votar debido a un supuesto tráfico de credenciales que impidió instalar las 17 Juntas Receptoras de Votos el 30 de noviembre. Este tipo de irregularidades aumenta la incertidumbre sobre la transparencia del proceso electoral.

Qatar y Panamá manifestaron su disposición a actuar como mediadores entre Estados Unidos y Venezuela, en un contexto de tensión generado por el despliegue militar estadounidense en el Caribe y las preocupaciones de Caracas sobre la protección de sus recursos naturales y la soberanía del país.

Qatar dispuesto a mediar si se le solicita

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Qatar, Majed al-Ansari, indicó que su país está “esperando” a que alguna de las partes, o un tercero, solicite su intervención. Al-Ansari recordó que Doha ha mantenido conversaciones previas entre Estados Unidos y Venezuela, especialmente en procesos de intercambio de prisioneros, y afirmó que su compromiso con la diplomacia permanece vigente.

Panamá ofrece apoyo temporal a figuras del gobierno venezolano

El vicecanciller panameño, Carlos Hoyos, afirmó que el presidente José Raúl Mulino estaría dispuesto a acoger temporalmente a ciertos miembros del gobierno de Venezuela si ello contribuye a resolver la situación de manera pacífica. Hoyos expresó su preocupación por un posible conflicto que pueda desestabilizar la región ante la presencia militar estadounidense.

Caracas defiende sus recursos estratégicos

La vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, llamó a los trabajadores del sector petrolero a mantenerse alerta y proteger los recursos energéticos del país. Subrayó que Venezuela no permitirá que se viole su soberanía y reiteró que la defensa de los recursos naturales es una prioridad nacional.

Tensiones por el despliegue militar estadounidense

Estados Unidos mantiene un contingente militar en el Caribe desde agosto, alegando operaciones contra el narcotráfico. Sin embargo, el gobierno de Maduro interpreta esta presencia como un intento de propiciar un cambio de régimen y controlar los recursos energéticos venezolanos.

Impacto en la conectividad aérea

La crisis diplomática y militar también afecta la conectividad aérea en Venezuela. Tras la alerta de la Administración Federal de Aviación de EE.UU., muchos pasajeros deben realizar viajes internos y cruzar a Colombia para tomar vuelos internacionales, lo que refleja el impacto directo de la tensión política y militar en la vida cotidiana de los venezolanos.

El exgobernador venezolano Alfredo Díaz murió este sábado dentro del centro de detención El Helicoide, hecho que provocó fuertes críticas de la oposición y de Estados Unidos, que responsabilizan al gobierno de Nicolás Maduro en un contexto de creciente tensión política en Venezuela.

Indignación de la oposición venezolana

La Plataforma Unitaria Democrática calificó de injusta la muerte de Alfredo Díaz, considerado preso político y detenido desde hace un año. Partidos como Primero Justicia denunciaron que los recintos penitenciarios bajo control del gobierno ponen en riesgo la vida de los detenidos y que las condiciones de aislamiento agravan su vulnerabilidad.

Organizaciones civiles exigen responsabilidades

El Foro Penal, a través de su director Alfredo Romero, recordó que Díaz tenía 55 años, estaba aislado y solo recibió una visita familiar en todo el año. Romero señaló que el Estado tiene la responsabilidad total sobre la integridad de quienes permanecen bajo su custodia. Líderes como María Corina Machado y Edmundo González añadieron que este caso forma parte de un patrón represivo, sumando siete muertes de presos políticos desde julio de 2024.

Versión oficial de las autoridades

El Ministerio para el Servicio Penitenciario afirmó que el fallecimiento ocurrió por un infarto. Informaron que el exgobernador presentó síntomas a las 6:33 de la mañana, fue auxiliado por otros reclusos y posteriormente atendido en la emergencia del recinto. El comunicado sostiene que se brindó asistencia médica inmediata.

Estados Unidos condena el hecho

El Gobierno estadounidense responsabilizó directamente al régimen de Nicolás Maduro. A través de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, denunció que la muerte de Díaz “evidencia la naturaleza vil” del gobierno venezolano y señaló que su detención se produjo en un centro utilizado para torturas, lo que agrava la acusación internacional.

Panamá ofrece mediación en la crisis

En medio de la escalada diplomática, Panamá expresó su disposición a actuar como mediador entre Venezuela y Estados Unidos. El vicecanciller Carlos Hoyos afirmó que el país incluso podría acoger temporalmente a miembros del régimen venezolano si ello contribuye a una salida negociada. La postura surge tras la reciente reactivación de relaciones consulares entre ambos países para trámites migratorios.

Este domingo, Cuba registrará cortes eléctricos que afectarán a casi el 60% de la isla debido al colapso simultáneo de varias termoeléctricas y a la falta de combustible, según reportó la Unión Eléctrica estatal, en un contexto de crisis energética que se ha intensificado durante esta semana.

Déficit histórico de generación eléctrica

La Unión Eléctrica (UNE) informó que para las horas de mayor demanda se prevé una capacidad de generación de 1.358 MW frente a una demanda estimada de 3.300 MW, lo que provocará un déficit de 1.942 MW. Para evitar apagones descontrolados, se procederá a desconectar 2.012 MW en diversos sectores del país.

Termoeléctricas y motores fuera de servicio

Seis de las 16 unidades termoeléctricas de Cuba permanecen inoperativas por fallas técnicas o mantenimiento, a lo que se suma la paralización de unas 100 centrales de generación distribuida por falta de diésel y fueloil, y casi una decena más por ausencia de lubricantes. La generación termoeléctrica aporta cerca del 40% de la energía nacional.

Apagones prolongados y falta de divisas

A mitad de semana se registró un apagón parcial que dejó sin servicio a gran parte del occidente del país por un déficit real del 67%. El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, afirmó que 2025 ha sido “muy difícil” debido a la escasez de combustible y advirtió que en 2026 persistirán los cortes por la falta de divisas para importar insumos esenciales.

Planes de mitigación y apoyo internacional

El ministro señaló que cuatro unidades termoeléctricas recibieron mantenimientos integrales este año, de las cuales dos ya operan y otras dos podrían sincronizarse en los próximos días. Asimismo, destacó que el país cerrará el año con 1.000 MW instalados en parques solares, como parte de un proyecto impulsado con apoyo de China.

Un sistema eléctrico marcado por décadas de deterioro

Expertos energéticos independientes atribuyen la crisis a una crónica falta de inversión desde la nacionalización de 1959, estimando que la modernización total del sistema requeriría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares. Mientras tanto, las autoridades cubanas sostienen que las sanciones estadounidenses han agravado la “asfixia energética” y reconocen que los apagones continuarán en 2026 pese a los esfuerzos de recuperación.