La escalada militar en el Caribe, liderada por Estados Unidos con ataques a embarcaciones supuestamente vinculadas al narcotráfico, ha generado dudas sobre la legalidad de las operaciones y preocupación entre legisladores y expertos, tras más de 50 días de bombardeos que dejaron al menos 32 muertos y dos sobrevivientes.
Despliegue militar en la región
Estados Unidos ha movilizado ocho buques de guerra, un submarino de propulsión nuclear, aviones F-35 y helicópteros de operaciones especiales en el Caribe desde el 2 de septiembre, fecha del primer ataque anunciado por el presidente Donald Trump. La acción inicial dejó 11 muertos y ha sido justificada por la Casa Blanca como parte de la lucha contra el narcotráfico.
Incidentes recientes y víctimas
Los ataques continuaron en octubre, incluyendo un operativo frente a la costa pacífica de Colombia, que resultó en la muerte de dos o tres personas a bordo de un navío presuntamente vinculado al narcotráfico. Además, se detuvo a dos sobrevivientes, un colombiano y un ecuatoriano, para su procesamiento en sus países.
Cuestionamientos sobre la legalidad
Legisladores bipartidistas han pedido explicaciones al Gobierno estadounidense sobre la legalidad de los bombardeos y la transparencia de los operativos. El congresista Adam Smith solicitó esclarecer el retiro del almirante Alvin Holsey, jefe del Comando Sur, y criticó la falta de información sobre los carteles involucrados y la justificación de los ataques.
Respuesta de la Casa Blanca
Trump defiende los bombardeos afirmando que han salvado miles de vidas estadounidenses, argumentando que la inspección y detención previa de embarcaciones era “totalmente inefectiva”. El presidente insistió en que cada bote destruido contribuye a salvar 25.000 vidas estadounidenses, pese a las muertes registradas en los ataques.
Reacciones políticas y sociales
El despliegue y los ataques han generado alarma internacional y tensión en la región, con legisladores estadounidenses y organizaciones cuestionando la proporcionalidad de la acción y sus implicancias humanitarias. La situación mantiene en vilo a Venezuela y a los países vecinos mientras se discuten posibles medidas de control y supervisión de los operativos.
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