​La máxima entidad matriz de los trabajadores determinó este viernes, durante un ampliado de emergencia, la ejecución de un paro indefinido con movilizaciones escalonadas en todo el país, condicionando cualquier diálogo con el Gobierno a la abrogación inmediata de la normativa de ajuste económico.

​Determinación de las bases obreras

​Tras un análisis exhaustivo de la coyuntura nacional, la Central Obrera Boliviana (COB) resolvió paralizar actividades en todos sus sectores afiliados a nivel nacional. La dirigencia sindical calificó la medida como una respuesta necesaria frente a la promulgación del Decreto Supremo 5503, al cual consideran una imposición unilateral del Ejecutivo que vulnera la estabilidad económica de las familias trabajadoras.

​Postura frente al diálogo estatal

​El secretario ejecutivo de la organización, Mario Argollo, fue enfático al señalar que no existirán acercamientos con las autoridades gubernamentales mientras la norma cuestionada continúe vigente. El líder obrero subrayó que la unidad de los sectores es «granítica» y advirtió que ninguna federación o sindicato entablará negociaciones por separado, centralizando todo reclamo a través del ente matriz.

​Impacto en la economía popular

​La dirigencia cuestionó severamente el paquete de medidas económicas y de hidrocarburos, argumentando que su aplicación genera un impacto inflacionario directo en el bolsillo de la población, especialmente sensible durante las festividades de fin de año. Según la COB, el Gobierno de Rodrigo Paz ha omitido la instalación de mesas de trabajo con las organizaciones sociales, rompiendo el consenso necesario para este tipo de ajustes.

​Escalamiento de la presión social

​El anuncio del paro indefinido prevé el inicio de protestas y bloqueos de manera escalonada en los nueve departamentos del territorio nacional. La entidad matriz aseguró que la presión en las calles se mantendrá de forma sostenida hasta que el Gobierno nacional retroceda en su política económica, la cual es vista por el sector laboral como perjudicial para las clases populares.

​Agudización del conflicto nacional

​Con la incorporación de la COB a las movilizaciones, el panorama social en Bolivia se torna crítico, sumándose al descontento ya manifestado por transportistas y propietarios de estaciones de servicio. La demanda común de dejar sin efecto el Decreto 5503 ha unificado a diversos sectores, dejando la resolución del conflicto en manos de una respuesta política inmediata por parte del Palacio de Gobierno.

Propietarios de gasolineras a nivel nacional suspendieron este viernes la venta de carburantes en rechazo a la reducción de sus utilidades y la falta de actualización de comisiones, situación que agrava el desabastecimiento en ciudades como La Paz y pone en riesgo la continuidad del servicio por insolvencia financiera.

Cierre de operaciones y conflicto social

La mañana de este viernes, las estaciones de servicio en la ciudad de La Paz amanecieron con las mangueras colgadas, coincidiendo con las movilizaciones del sector transporte que también protesta contra la situación de los combustibles. Esta medida de presión surge ante la imposibilidad de las estaciones de servicio de sostener sus licencias de operación bajo las actuales condiciones económicas impuestas por el Gobierno.

Inviabilidad financiera del sector

La Asociación de Surtidores (Asosur) advirtió que el sector atraviesa una grave crisis de insolvencia. Según los representantes, la drástica reducción de los márgenes de utilidad ha provocado que los ingresos actuales apenas logren cubrir el 50% de los costos operativos, lo que impide cumplir con las obligaciones administrativas y el mantenimiento básico de las infraestructuras de comercialización.

Falta de actualización de comisiones

Carla Zuleta, gerente general de Asosur, denunció que las comisiones y márgenes de ganancia percibidos por las gasolineras no han sido actualizados en más de dos décadas. Esta congelación de ingresos, sumada a la reciente imposición de nuevos costos operativos, ha vuelto inviable la continuidad del negocio para cientos de surtidores en todo el país que operan con tecnología y personal de hace 20 años.

Riesgo en la renovación de licencias

A través de un comunicado oficial, la organización que agrupa a los surtidores informó que sus afiliados no se encuentran en condiciones de renovar sus licencias de operación. Mientras el Estado no establezca nuevos márgenes y comisiones acordes a la realidad inflacionaria y económica actual, el sector se declara en estado de emergencia, advirtiendo que el desabastecimiento podría prolongarse.

Impacto en el abastecimiento nacional

La protesta de los surtidores se suma al descontento generalizado de los choferes, creando un escenario de parálisis en el transporte y la logística urbana. La dirigencia de Asosur sostiene que la situación es crítica y que, sin una respuesta inmediata de las autoridades del área de hidrocarburos, la cadena de suministro de gasolina y diésel corre el riesgo de romperse definitivamente a nivel nacional.

El expresidente Luis Alberto Arce Catacora difundió este jueves una misiva desde el penal de San Pedro en la que cuestiona el reciente incremento en los precios de los carburantes, advirtiendo que la medida afectará principalmente a los sectores más vulnerables y prioriza intereses de grupos económicos con mayores ingresos.

Medida calificada como improvisada

En la carta, Arce sostiene que el ajuste en los combustibles —86% en gasolina y más de 163% en diésel— fue tomado sin consenso y de manera improvisada por el gobierno de Rodrigo Paz. Asegura que la decisión tendrá un impacto directo en los costos de producción de alimentos y en la canasta familiar.

Compensaciones insuficientes

El exmandatario señala que las compensaciones económicas planteadas por la administración actual no son suficientes frente a la magnitud del aumento de precios, y critica que no se hayan implementado mecanismos de democracia participativa, como un referéndum, para abordar un tema de relevancia nacional.

Denuncia de persecución política

Arce denuncia que su reclusión preventiva responde a una estrategia política para silenciar sus críticas y desviar la atención pública de los efectos del Decreto Supremo 5503. Afirma que la justicia ratificó su detención sin considerar los descargos de su defensa, vulnerando la presunción de inocencia.

Postura firme pese a la detención

A pesar de encontrarse privado de libertad, el expresidente asegura que mantendrá su oposición a las políticas que considera perjudiciales para el pueblo boliviano y reafirma su compromiso de denunciar decisiones económicas que, según él, agravan la situación de los sectores más vulnerables.

Tras una reunión con el presidente Rodrigo Paz, la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia informó que el Gobierno se comprometió a normalizar el abastecimiento de combustible y a instalar mesas técnicas para distintas demandas del sector transporte.

Compromiso con el abastecimiento de combustible

Lucio Gómez, dirigente del sector, señaló que uno de los principales acuerdos fue garantizar el suministro regular de combustibles en los próximos días. Consultado sobre la posible modificación de la subvención, Gómez aclaró que “no se puede hacer porque primero es la socialización y concertación”, sin detallar si esta postura refleja la posición del Ejecutivo.

Mesas técnicas por áreas específicas

Se acordó conformar varias comisiones técnicas que trabajarán en distintos temas. Una de ellas coordinará con el Ministerio de Gobierno en asuntos vinculados a Diprove, Tránsito, Policía Caminera, Recaudaciones y otros temas de su competencia.

Coordinación con Aduana, Impuestos y SOAT

Asimismo, se instalarán espacios de diálogo con Impuestos Nacionales, la Aduana y el SOAT, y se revisará el marco normativo que impacta al sector transporte, buscando soluciones a problemas recurrentes en la gestión del rubro.

Evaluación de infraestructura vial

Otra mesa se conformará con el Ministerio de Obras Públicas para analizar la red vial, determinar el nivel de inversión actual y priorizar las zonas más afectadas del país, con el objetivo de planificar intervenciones eficientes y mejorar la movilidad del transporte terrestre. Así informó: Correo del Sur.