El Ministerio de Hidrocarburos informó que entre 30 y 40 cisternas por cada 100 no llegan al mercado interno, generando un grave impacto en el abastecimiento de gasolina y diésel en el país.
Desvíos que afectan el suministro
El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, reveló que una parte significativa de las cisternas destinadas al abastecimiento nacional es desviada antes de arribar a su punto final. Esta situación estaría profundizando la crisis de suministro de combustibles en distintas regiones.
Irregularidades y falta de control
Medinaceli calificó como “indolentes” a los responsables del desvío, a quienes apuntó como parte de redes de contrabando que operan con apoyo institucional. Reconoció también que mantener el control en rutas y zonas fronterizas continúa siendo un desafío permanente.
Factores económicos y logísticos
La autoridad explicó que el problema responde a una combinación de elementos económicos y técnicos, como la demora en la llegada de buques cargados con carburantes y las dificultades para reforzar los controles. Añadió que estas fallas han puesto presión adicional sobre las finanzas estatales.
Correcciones en marcha
Finalmente, Medinaceli señaló que la planificación previa fue “ineficiente” y estuvo marcada por actos de corrupción, aunque afirmó que el Gobierno trabaja en la corrección del sistema para garantizar un suministro más seguro y transparente.
La Policía aprehendió a D.I.C.C., de 18 años, quien confesó su participación en un violento atraco y en el homicidio de un médico registrados la madrugada del 7 de diciembre en Oruro, donde operaba junto a otros tres cómplices aún prófugos.
Modus operandi revelado
La captura de D.I.C.C. permitió conocer cómo operaba el grupo delictivo, que utilizaba la frase “Vamos a buscar nuestros pavos” para iniciar sus ataques. Según el fiscal Luis Antezana, los cuatro se reunían de madrugada para consumir alcohol y, pasadas las 02:00, salían a buscar víctimas en estado de ebriedad para robarles y golpearlas.
Primer ataque: joven brutalmente agredido
El 7 de diciembre, alrededor de las 03:15, interceptaron a un joven de 21 años en la puerta de su vivienda, en las calles Potosí entre Junín y Adolfo Mier. Cámaras de seguridad registraron cómo lo despojaron de sus pertenencias y luego lo agredieron. La víctima presenta TEC, contusión hemorrágica frontal, lesiones múltiples y edema cerebral difuso.
Homicidio del médico
Horas después, cerca de las 05:00, en las calles La Paz y 1 de Noviembre, el grupo atacó a un médico de 50 años, quien murió por traumatismo cráneo-facial cerrado e hipertensión endocraneana. El coronel Martín Arequipa, director de la FELCC, confirmó que las imágenes de seguridad fueron clave para identificar a los agresores.
Captura, evidencias y antecedentes
D.I.C.C. fue aprehendido el 8 de diciembre por el DACI, que halló en su poder dos celulares robados y documentación relevante para el caso. El joven, que cuenta con antecedentes, confesó su participación. Está investigado por homicidio y robo agravado, aunque la calificación legal podría cambiar.
Investigación en curso
El fiscal departamental Aldo Morales destacó la labor coordinada entre la Policía y el Ministerio Público. Tres implicados, de 17, 18 y 21 años, siguen prófugos, pero autoridades aseguran que su captura es inminente. En las próximas horas se definirá la situación legal de D.I.C.C., principal sospechoso de los hechos.
Estados Unidos incautó un barco petrolero frente a la costa de Venezuela en una operación realizada en aguas internacionales. Según el presidente Donald Trump, la embarcación pertenece a una red sancionada por transportar crudo para organizaciones vinculadas a Irán y Hezbollah.
La incautación anunciada por Trump
Trump informó que el buque, identificado como Skipper, es “el más grande jamás incautado” por su Gobierno. Añadió que en las próximas horas se revelarán más detalles sobre el operativo. Consultado sobre el destino del crudo transportado, el mandatario respondió: “Nos lo quedamos, supongo”.
Operativo conjunto y sanciones previas
La secretaria de Justicia, Pam Bondi, explicó que la operación fue ejecutada por el FBI, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Guardia Costera, con apoyo del Departamento de Guerra. Bondi recordó que el Skipper estaba sancionado desde 2022 por facilitar comercio petrolero para Hezbollah y la Fuerza Quds de Irán. Un video difundido por su oficina mostró a agentes armados descendiendo desde un helicóptero sobre la embarcación.
Reacciones de Venezuela y Cuba
El Gobierno de Nicolás Maduro calificó el hecho como un “acto de piratería” y aseguró que forma parte de un “plan deliberado de despojo de los recursos energéticos venezolanos”. Dijo además que acudirá a instancias internacionales para impugnar la incautación. En Cuba, destino previsto del cargamento, el canciller denunció una “escalada agresiva”, en un contexto de apagones provocados por la escasez de combustible.
Origen, ruta y maniobras del tanquero
Analistas indicaron que datos satelitales muestran que el Skipper habría falsificado su señal AIS para ocultar su presencia en una terminal venezolana mientras reportaba estar a casi 900 kilómetros de distancia. El buque había navegado previamente por Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong e Irán, y operaba con bandera de Guyana pese a no estar registrado en ese país.
Presión creciente de Estados Unidos
La incautación se suma a las recientes acciones de Washington contra el Gobierno de Maduro, que incluyen despliegues militares en el Caribe, operaciones contra presuntos buques vinculados al narcotráfico y advertencias sobre nuevas medidas en preparación. Funcionarios estadounidenses adelantaron que podrían registrarse más incautaciones en las próximas semanas.
Umopar destruyó diez fábricas móviles de pasta base en Villa Tunari, donde siete personas fueron aprehendidas y varios comunarios intentaron frenar el operativo exigiendo su liberación.
Operativo y hallazgos
Efectivos de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural localizaron y destruyeron diez laboratorios móviles dedicados a la producción de pasta base de cocaína en Villa Tunari. En el lugar se secuestraron insumos químicos, tres vehículos y dos motocicletas, además de aprehender a siete personas.
Ataque a los efectivos
Durante la intervención, grupos de comunarios rodearon y agredieron a los policías para intentar impedir los arrestos. La presión aumentó al punto de exigir la liberación de los detenidos, según informó el Ministerio de Gobierno.
Uso de agentes químicos
El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, señaló que se emplearon agentes químicos conforme a los protocolos de control de disturbios para resguardar la vida de los uniformados y evitar una escalada de violencia.
Pago por movilizaciones
Justiniano denunció que organizaciones criminales estarían ofreciendo dinero a comunarios para que intervengan en defensa de las fábricas de droga, incluso exhibió un audio donde se promete una “recompensa” por movilizar gente contra la Policía.
Crimen organizado y advertencia
La autoridad remarcó que no se debe confundir comunidad con crimen y advirtió que el Gobierno actuará sin impunidad contra quienes utilicen a familias campesinas como escudos humanos para proteger actividades ilícitas.
Un grupo de élite de la Policía iniciará operaciones en el Cerro Rico de Potosí para enfrentar a los jucus armados, tras una reunión interinstitucional realizada este 10 de diciembre entre cooperativistas mineros, la Policía y el Ministerio Público.
Instalan comando especial en Pailaviri
Las autoridades acordaron la creación de un comando de élite que coordinará acciones directas contra las bandas delictivas que operan en áreas mineras. Esta unidad se instalará en Pailaviri, en un ambiente que será solicitado a Comibol para su adecuación como base operativa.
Refuerzan control para proteger la producción minera
Los cooperativistas señalaron que los jucus continúan afectando la seguridad de trabajadores y la extracción de mineral. Por ello, la Federación de Cooperativas Mineras (Fedecomin) instruyó a sus afiliados denunciar de inmediato cualquier incursión delictiva para permitir una respuesta rápida.
Reactivan la llamada “Policía Minera”
Como medida complementaria, las instituciones anunciaron la reactivación de la denominada “Policía Minera”, destinada a fortalecer la vigilancia en los sectores más vulnerables del Cerro Rico y otras zonas productivas del departamento.
El presidente Rodrigo Paz cuestionó a los intermediarios que atribuyen la subida del precio de la carne al acuerdo de exportación con Egipto, recordando que dicho convenio es a futuro y que el abastecimiento interno está garantizado.
Paz rechaza el uso de la exportación como pretexto
Durante un encuentro con exportadores, el presidente Rodrigo Paz señaló que algunos intermediarios justifican el incremento del precio de la carne afirmando que el producto se estaría enviando a Egipto. Aclaró que el acuerdo de exportación es para entregas futuras y que esa versión no corresponde a la realidad del mercado nacional.
Gobierno garantiza abastecimiento interno
La autoridad afirmó que en Bolivia existe suficiente carne para abastecer el mercado interno y lamentó que ciertos actores utilicen la situación para obtener ganancias aprovechando la coyuntura. Advirtió que el Gobierno no tolerará estas prácticas y pidió a la población actuar con solidaridad.
Exportar como política estratégica del país
Paz resaltó que la exportación es clave para la economía nacional, no solo por las divisas que genera, sino porque refleja la imagen y capacidad del país ante el mundo. Destacó que el acuerdo con Egipto abre un mercado potencial de más de 118 millones de consumidores, con posibilidad de expansión hacia otras naciones árabes y africanas.
Cinco premisas para fortalecer el sector exportador
El Presidente presentó una propuesta basada en diversificación productiva, fortalecimiento empresarial, trabajo conjunto entre Estado y sector privado, liberación responsable de exportaciones y protección del mercado interno. Afirmó que exportar “no es solo mover mercancía, sino proyectar reputación y futuro”.
El Viceministerio de Defensa Civil, liderado por Alfredo Troche, inaugurará este jueves 11 de diciembre en Santa Rosita de Paquío (Warnes, Santa Cruz) la nueva Unidad Militar de Emergencia y Ecología, destinada a fortalecer la prevención y respuesta ante desastres en Bolivia.
Una nueva etapa en gestión del riesgo
El Gobierno boliviano impulsa una transformación orientada a la protección de la vida, el medio ambiente y las comunidades vulnerables, en línea con las políticas del presidente Rodrigo Paz. El Ministerio de Defensa, bajo la dirección de Raúl Salinas Gamarra, asume un rol central en esta modernización.
Creación de la UMEE
La Unidad Militar de Emergencia y Ecología (UMEE) sustituye a la antigua Escuela Antiimperialista, dejando atrás un enfoque ideológico para convertirse en una fuerza especializada en la atención de emergencias como inundaciones, incendios forestales, sequías, deslizamientos y eventos climáticos extremos. Su misión integra preparación técnica, acción rápida y visión territorial.
Coordinación estratégica en Santa Cruz
Este jueves, el viceministro Alfredo Troche Machicao encabezará un espacio de coordinación interinstitucional en la sede de la UMEE. La actividad reunirá a instituciones del Estado, organismos internacionales y autoridades locales, con el objetivo de articular esfuerzos para fortalecer la respuesta ante desastres.
Hacia una cultura nacional de prevención
El encuentro busca consolidar una hoja de ruta común, basada en cooperación y formación técnica, que permita mejorar la prevención y resiliencia del país frente a emergencias provocadas por efectos climáticos y ecológicos.
Un pilar para los desafíos del futuro
Con la puesta en marcha de la UMEE, Bolivia ingresa a una nueva etapa en gestión del riesgo, posicionando a esta unidad como un pilar estratégico para proteger la vida, preservar el medio ambiente y prepararse ante los desafíos climáticos actuales y futuros, informa el Ministerio de Defensa.
El Senasag activó un plan de control para frenar el desvío, acopio irregular y contrabando de arroz, con inspecciones, auditorías y operativos coordinados en zonas productoras y fronterizas.
Plan reforzado ante denuncias de irregularidades
El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) anunció un plan de control intensivo tras reportes sobre el desvío de arroz boliviano hacia países vecinos y el ingreso de productos importados con fallas de calidad o documentación observada.
Investigación prioritaria por presunto contrabando inverso
El director ejecutivo del Senasag, Erick Bruckner, informó que se activó una investigación para identificar rutas de contrabando, intermediarios y centros de acopio involucrados. Los operativos abarcarán zonas productoras, vías de transporte y pasos fronterizos donde se presume actividad ilegal.
Controles sanitarios y documentación obligatoria
La entidad exigirá que todo lote de arroz cuente con la Guía de Movimiento de Arroz y certificaciones sanitarias. Los productos que no cumplan con este requisito serán decomisados. Asimismo, se realizarán auditorías y análisis de laboratorio para verificar la inocuidad y calidad del arroz importado.
Coordinación interinstitucional para fortalecer el control
Los operativos se desarrollarán junto a la Aduana Nacional, el Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando y otras instancias del Estado. El Senasag anticipó sanciones administrativas y penales para quienes comercialicen arroz sin respaldo legal.
El viceministro de Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, Yamil García, señaló que la investigación por el manejo irregular de recursos del Fondo Indígena podría ampliarse a otras autoridades, incluido el expresidente Evo Morales, dependiendo de la información que surja durante la etapa preliminar del caso.
La declaración surge después de la aprehensión del exmandatario Luis Arce, quien fue trasladado por la Policía debido a indicios de que, cuando ejercía el cargo de ministro de Economía y Finanzas, habría autorizado la transferencia de fondos públicos hacia cuentas particulares destinadas a proyectos productivos.
García explicó que la investigación no descarta a ninguna persona que pudiera tener relación con las decisiones administrativas que permitieron el desvío de recursos. Afirmó que una resolución ministerial atribuida a Arce es uno de los elementos en revisión, pero que si el exmandatario señalara que las autorizaciones contaban con respaldo presidencial, la pesquisa tendría que alcanzar también a Morales.
El viceministro mencionó que parte de esta línea de investigación surge de la declaración de descargo de la exdiputada Lidia Patty, quien sostuvo que no actuó por cuenta propia y que las decisiones financieras se tomaban bajo instrucción del Ministerio de Economía.
Durante la audiencia de medidas cautelares, García consideró que existen elementos suficientes para solicitar la detención preventiva de Arce, aunque aclaró que la definición sobre su situación jurídica corresponde al juzgado a cargo del proceso. Así informó Erbol.
Desde el penal de El Abra, el ex general Juan José Zúñiga envió una carta dirigida al expresidente Luis Arce Catacora, aludiendo a su detención en el caso del Fondo Indígena y reclamando que enfrente las consecuencias de su gestión.
Zúñiga se pronuncia desde El Abra
Desde su celda en el penal de El Abra, donde permanece recluido desde mediados de 2024, el excomandante del Ejército Juan José Zúñiga difundió una carta dirigida al expresidente Luis Arce Catacora. El documento alude a la reciente aprehensión del exmandatario en el marco del caso Fondo Indígena y cuestiona que finalmente esté “enfrentando las consecuencias de su propia gestión”.
Zúñiga aseguró que Arce ahora experimenta “el frío de las rejas y el silencio del encierro”, una frase que marca un quiebre profundo entre ambos, quienes tiempo atrás compartieron coincidencias políticas.
Mensaje crítico hacia el exmandatario
En su carta, Zúñiga califica a Arce como un “verdugo” y asegura que su detención representa el inicio del pago de las “cuentas pendientes” por las decisiones tomadas durante su gestión. A su juicio, el exmandatario ahora “empieza a sentir una mínima parte del sufrimiento que él mismo sembró en la patria”, en referencia a militares y funcionarios que, según Zúñiga, fueron procesados y encarcelados sin las debidas garantías.
Un quiebre tras el conflicto de 2024
La distancia entre ambos se profundizó después de los hechos de junio de 2024, cuando Zúñiga encabezó un movimiento militar que el Gobierno calificó como intento de golpe de Estado. Ese episodio derivó en su aprehensión y posterior traslado al penal de El Abra, donde permanece mientras avanzan los procesos judiciales en su contra. Desde entonces, el exgeneral sostiene que fue víctima de una “trampa política”.
Exgeneral pide que más exautoridades respondan ante la justicia
Además de criticar a Arce, Zúñiga exigió que exministros y colaboradores del exmandatario también rindan cuentas ante la justicia. Mencionó a varias exautoridades del área de Gobierno y Seguridad, afirmando que su intención no es personal, sino “por la patria y por cada familia que lloró a un militar encarcelado sin fundamentos”.
Un nuevo capítulo en un clima político tenso
La carta del exgeneral se suma a un contexto de fuerte tensión política en Bolivia, marcado por la aprehensión de Arce en el marco del caso Fondo Indígena. Mientras el Ministerio Público avanza con investigaciones sobre presuntas irregularidades en su gestión como ministro de Economía, continúan surgiendo reacciones que profundizan el debate sobre responsabilidades, justicia y el rumbo político del país.
El expresidente Luis Arce Catacora decidió no emitir ninguna declaración durante su comparecencia en La Paz por el caso Fondo Indígena, una investigación que avanza en la vía ordinaria por hechos atribuidos a su etapa como ministro de Economía.
Arce opta por el silencio ante la Fiscalía
Según informó el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, Arce optó por no responder preguntas durante su declaración informativa. Tras concluir el procedimiento, el exmandatario fue conducido a celdas policiales, donde permanecerá mientras se programa la audiencia cautelar que definirá su situación jurídica.
La causa no irá a juicio de responsabilidades
Mariaca detalló que el proceso no corresponde a un juicio de responsabilidades, debido a que los hechos investigados no ocurrieron durante su mandato presidencial. Las presuntas irregularidades se remontan al periodo en que Arce integraba el directorio del Fondo de Desarrollo Indígena, cuando ejercía el cargo de ministro de Economía.
Presuntas irregularidades durante su gestión ministerial
De acuerdo con la Fiscalía, la pesquisa se centra en supuestas irregularidades vinculadas al manejo de recursos del Fondo de Desarrollo Indígena (FDI), una entidad destinada a promover proyectos productivos en favor de comunidades indígenas y rurales.
Aprehensión y próximos pasos del proceso penal
Tras ninguna declaración, Arce fue trasladado a dependencias policiales, desde donde aguardará la audiencia cautelar. El Ministerio Público adelantó que en las próximas horas se presentará una imputación formal como parte del avance de la investigación.
Delitos atribuidos en la investigación
La orden de aprehensión señala que Arce enfrenta indagaciones por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, relacionados con la presunta administración irregular del FDI durante su participación en el directorio de la entidad.
María Corina Machado llega al aeropuerto de Oslo, Noruega. Foto: REUTERS
Tras más de un año en la clandestinidad, María Corina Machado llegó finalmente a Oslo para iniciar su agenda como Premio Nobel de la Paz 2025, en una aparición que marca un giro simbólico para la oposición venezolana y confirma su retorno a la escena internacional.
Una llegada cargada de simbolismo político
Machado arribó a la capital noruega tras abandonar Venezuela de manera discreta, cerrando un período de más de un año en la clandestinidad. Su llegada ha generado gran expectativa internacional y ha sido seguida minuto a minuto por millones de venezolanos que consideran este movimiento como un nuevo capítulo en la lucha democrática del país.
Primeras actividades oficiales en Noruega
A pocas horas de pisar territorio noruego, la opositora inició su agenda oficial con una visita al Parlamento de Noruega, donde está prevista una reunión y una conferencia de prensa junto al primer ministro Jonas Gahr Store. La presencia de Machado en este escenario diplomático refuerza su rol como figura clave en el debate global sobre derechos humanos y transición democrática.
Confirmación del Comité Nobel
“Puedo confirmar que María Corina Machado llegó a Oslo y está en camino para venir aquí”, declaró Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Nobel Noruego, ante periodistas y ciudadanos congregados frente al tradicional Grand Hotel, donde suelen alojarse los galardonados. Con esta confirmación, el Comité despejó las dudas sobre su paradero, luego de días de especulación internacional.
Un desafío directo al régimen de Maduro
Su llegada a Oslo representa no solo un paso clave en su participación en los actos del Nobel, sino también un desafío político para el Gobierno de Nicolás Maduro, que durante meses mantuvo restricciones, presiones y amenazas sobre la opositora. Su salida del país abre un nuevo escenario en un contexto crítico para Venezuela y su futuro democrático
El gerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Sergio Siles, afirmó este miércoles que cualquier decisión sobre un posible cierre de la entidad estatal debe basarse en un estudio completo de su funcionamiento, finanzas y el impacto de las subvenciones que administra.
Siles explicó que la revisión no será únicamente documental, sino que incluirá un análisis técnico, financiero y administrativo. Destacó que la sustentabilidad de las ayudas, como la subvención a la harina, debe evaluarse cuidadosamente antes de tomar decisiones que podrían afectar a productores, consumidores y la economía local.
El funcionario reconoció la presión del sector privado, que ha cuestionado la existencia de Emapa por supuestos casos de corrupción y competencia desleal con productores primarios, y señaló que estas críticas forman parte de los elementos que se analizarán junto a los resultados de auditorías integrales en curso. Dichas auditorías investigan la gestión de la empresa en todos sus aspectos, con especial atención a los últimos años, y fueron motivadas por la detección de un presunto daño económico de más de 95 millones de bolivianos por parte de la intervención del Ministerio de Desarrollo Productivo.
Siles subrayó que Emapa cumple funciones estratégicas: no solo garantiza el abastecimiento de productos básicos a precios subvencionados, sino que también mantiene infraestructura, logística y plantas industriales fundamentales para el sector alimenticio. Por ello, cualquier cierre tendría repercusiones directas sobre contratos vigentes, empleo, precios y la seguridad alimentaria de la población.
El gerente consideró que, según los resultados de la auditoría, podrían explorarse alternativas como alianzas público-privadas, ajustes en la gestión o reestructuraciones internas para garantizar la continuidad de la empresa y mejorar su eficiencia, en lugar de un cierre abrupto que genere impactos negativos en la economía y en los beneficiarios de las subvenciones.
La postura de Siles refleja un equilibrio entre responder a las críticas por presuntas irregularidades y resguardar la función social y productiva de Emapa, en un momento en el que la transparencia y la eficiencia de las empresas estatales son observadas de cerca por el Gobierno, empresarios y ciudadanos.
El vicepresidente Edmand Lara aseguró este miércoles que la aprehensión del expresidente Luis Arce, realizada en La Paz por la FELCC, cumple con el compromiso de procesar a quienes hayan robado al país.
Declaraciones tras la aprehensión
El vicepresidente Edmand Lara destacó la actuación policial luego de la aprehensión del expresidente Luis Arce, realizada la tarde de este miércoles en la ciudad de La Paz. La autoridad sostuvo que se está cumpliendo el compromiso gubernamental de llevar ante la justicia a quienes cometieron irregularidades.
Compromiso de rendición de cuentas
Lara recordó que ya había anticipado que Arce sería el primero en enfrentar procesos judiciales. Además, afirmó que todas las personas que hayan “robado a la patria” deberán devolver cada centavo y responder ante instancias judiciales correspondientes.
Operativo policial
Arce fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) tras ejecutarse una resolución de una autoridad fiscal. Paralelamente, la exministra María Nela Prada se presentó en el lugar para solicitar información sobre la situación del exmandatario.
Reconocimiento a la FELCC
El vicepresidente también felicitó al personal de la FELCC y de la División Anticorrupción por el cumplimiento estricto de la orden fiscal y por actuar con firmeza en la lucha contra la corrupción.
Llamado a la responsabilidad
Lara reafirmó que el Gobierno continuará con las investigaciones y que los procesos se sostendrán bajo criterios de transparencia y justicia, enfatizando que todos los implicados deberán asumir las consecuencias legales correspondientes.
La Cámara de Diputados sesionará este jueves para analizar el Presupuesto General del Estado (PGE) 2026 y tres créditos internacionales por un total de $us 680 millones. La presidenta en ejercicio, Daniela Cabrera, indicó que los proyectos ya cuentan con informes favorables de las comisiones legislativas.
Crédito gestionado por Rodrigo Paz
El préstamo 067/2025-2026, por $us 550 millones, fue suscrito con la CAF para “Liquidez en Apoyo a la Gestión Económica”. Este crédito fue gestionado por Rodrigo Paz durante su viaje a Panamá y forma parte de un paquete financiero de $us 3.100 millones destinado a reactivar la economía boliviana.
Crédito japonés rechazado en la gestión de Arce
El préstamo BV-C3 con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) asciende a ¥15.000 millones (unos $us 100 millones) y estaba destinado al programa de “Apoyo de Emergencia para respuesta a Covid-19”. Durante la gestión de Luis Arce, este crédito fue rechazado por la oposición, pese a su baja tasa de interés y libre disponibilidad.
Préstamo para el Parque Lineal La Paz–El Alto
El proyecto de ley 069/2025-2026 aprueba un préstamo del BID por $us 30 millones para el Parque Lineal, un corredor urbano que conectará La Paz y El Alto. Este proyecto también había sido bloqueado en la gestión anterior y su estreno estaba previsto para el Bicentenario.
Debate del PGE 2026
El cuarto punto del orden del día es el PGE 2026 (proyecto de ley 049/2025-2026). Legisladores opositores cuestionan que fue elaborado por la administración de Arce. Según el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, se pidió ajustar la norma hasta febrero de 2026 para reducir el déficit fiscal en un 30%. Técnicos del Ministerio asistirán al hemiciclo para explicar los créditos y el presupuesto.
El expresidente Luis Arce Catacora fue aprehendido este 10 de diciembre y trasladado a la FELCC en el marco del caso que investiga presuntas irregularidades en un proyecto financiado por el Fondo Indígena en 2010, impulsado por la entonces dirigente campesina Lidia Patty Mullisaca, en La Paz
Dos delitos atribuidos al exmandatario
Arce enfrenta acusaciones por conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. Según el mandamiento de aprehensión firmado por el fiscal Miguel Ángel Cardozo, cuando Arce era ministro de Economía habría promovido la ejecución de proyectos mediante transferencias público-privadas sin que la normativa vigente lo permitiera en ese momento.
Su rol en el Fondo Indígena
Como miembro del Directorio del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas, Arce participó en la autorización de un proyecto presentado por Lidia Patty para construir invernaderos en ocho comunidades de la provincia Bautista Saavedra. El proyecto, presentado en 2009 y aprobado en 2010, tenía un financiamiento de más de 950 mil bolivianos, de los cuales Patty recibió un desembolso de 669.876 bolivianos en su cuenta personal.
Irregularidades detectadas en el proyecto
La Fiscalía sostiene que el proyecto fue aprobado pese a documentación incompleta y deficiencias en los listados de beneficiarios. Posteriormente, la ejecución presentó irregularidades graves: cambios no autorizados en el diseño de los invernaderos, contratos sin aval del Fondo Indígena, falta de respaldo en los pagos y ausencia de informes técnicos y financieros.
Contexto y antecedentes de los implicados
Lidia Patty, detenida días atrás, fue dirigente de la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa y luego diputada por el MAS. Se hizo conocida por activar procesos contra Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari en el caso “golpe de Estado I”. La nueva investigación se centra en los recursos que Patty recibió del Fondo Indígena para la construcción de invernaderos que nunca fueron concluidos según los estándares exigidos.
Motivos de la aprehensión de Arce
La orden de aprehensión del expresidente. Foto: RPO’s.
La resolución fiscal argumenta que existen riesgos de fuga y de obstaculización del proceso por parte del exmandatario. Por ello, se determinó su aprehensión para garantizar su presencia en la investigación, que busca esclarecer responsabilidades en el manejo de fondos estatales destinados a proyectos productivos en comunidades rurales.
Brasil activó un proceso judicial para exigir a Bolivia informes y responsabilidades por la tragedia del vuelo 2933 de LaMia, reclamando más de $us 220 millones a Naabol y otras entidades estatales por el siniestro que en 2016 dejó 71 fallecidos y 6 sobrevivientes.
Proceso judicial activado desde Brasil
Según el documento enviado por Naabol a la Procuraduría, la demanda brasileña atribuye responsabilidades a distintas entidades bolivianas. La justicia de Brasil abrió un proceso para exigir la remisión de información y determinar responsabilidades de la estatal Naabol (Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos), en el marco de una demanda civil que supera los $us 220 millones por el accidente del vuelo 2933 de LaMia, ocurrido en noviembre de 2016.
Notificación a Bolivia y transición de Gobierno
La notificación fue recibida por Naabol el 14 de octubre de 2025 y remitida el 20 de octubre al entonces procurador general del Estado, Ricardo Condori. El cambio de gobierno del 8 de noviembre dejó el caso en manos de nuevas autoridades, que aún no se han pronunciado. Quien sí lo hizo fue Néstor Higa, abogado de varias familias de las víctimas.
Exhorto del Juzgado Federal de Chapecó
El exhorto suplicatorio fue emitido por el Juzgado Federal de Chapecó, en Santa Catarina (Brasil). La solicitud pide que Bolivia, a través de Cancillería y las entidades competentes, remita toda la documentación relacionada con la investigación del accidente del 28 de noviembre de 2016, cuando la aeronave CP-2933 de LaMia se estrelló en Cerro Gordo, Colombia.
Responsabilidades atribuidas y monto de la demanda
Según el documento oficial enviado por Naabol a la Procuraduría, la demanda atribuye responsabilidades a Naabol, a la extinta AASANA y a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). El monto exigido asciende a R$ 1.213 millones, equivalentes a Bs 1.537 millones o $us 220,7 millones al cambio oficial.
Explicación del procedimiento
El abogado Néstor Higa explicó a EL DEBER que el exhorto es un procedimiento mediante el cual un juez de un país solicita a otro Estado la remisión de documentación o la ejecución de un trámite judicial. En este caso, Brasil solicita acceso a todos los informes elaborados tras el siniestro. “El Estado boliviano debe cumplir con la remisión de antecedentes. Es un procedimiento de Estado a Estado”, señaló.
Reunión con exadministradora de LaMia y situación de los seguros
Higa se reunió este miércoles con Miriam Flores, exadministradora financiera de LaMia, y ambos coincidieron en que las aseguradoras deben cubrir las indemnizaciones pendientes. La aeronave tenía dos pólizas, una para pasajeros y otra para tripulantes. Sin embargo, a nueve años del accidente aún no se han pagado todas las compensaciones. Según Higa, los seguros debieron ser activados junto con el reaseguro contratado en Londres, pero los procesos se extendieron en jurisdicciones de Bolivia, Brasil, Estados Unidos y Reino Unido.
El accidente que conmocionó al mundo
El accidente del vuelo 2933 conmocionó al deporte mundial. La nave transportaba al club Chapecoense rumbo a Medellín para disputar la final de la Copa Sudamericana. De las 77 personas a bordo, 71 fallecieron. La investigación concluyó que la causa principal fue la falta de combustible, un problema que ya había generado alertas previas sobre las operaciones de LaMia. La aeronave, de matrícula boliviana, operaba como chárter y había sido utilizada por equipos como Atlético Nacional y la selección argentina, lo que genera cuestionamientos sobre la regulación aeronáutica de ese momento.
Bolivia debe enviar la información solicitada
Higa insistió en que Bolivia está obligada a remitir la documentación requerida: “Se ha cumplido con los requisitos formales. La documentación debe enviarse. Este proceso se abrió en 2017 y sigue su curso”, afirmó. Así informó: EJU!
En solo 48 horas, la zona norte de Santa Cruz de la Sierra volvió a registrar un atraco a un surtidor. Un delincuente armado exigió dinero a uno de los encargados y logró escapar con el botín, apenas dos días después de un hecho similar en la misma área.
Segundo atraco en la misma zona
Otro atraco a un surtidor se registró en la avenida Cristo Redentor, entre segundo y tercer anillo, repitiéndose apenas dos días después de un hecho delictivo en la misma área.
Método del delincuente
Según los reportes, un sujeto ingresó caminando a la estación de servicio, se acercó a uno de los encargados de una bomba del surtidor, apuntó con un arma de fuego y exigió que le entregue el dinero disponible en ese momento.
Huida y acción policial
El hombre escapó del lugar llevándose una cantidad de dinero producto de la venta de combustible. Posteriormente, llegaron efectivos de la Policía, quienes tomaron la declaración del encargado y comenzaron con las investigaciones del caso.
Contexto: Plan de Navidad Segura
Este atraco se da apenas dos días después de otro hecho similar, en el marco del Plan de Navidad Segura que presentó la Policía para garantizar la seguridad durante las fiestas de fin de año. Así informó: EJU!
La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) inhabilitó 6.398 tarjetas B-Sisa tras detectar casos de documentación falsa y volúmenes injustificables de carga de combustible, según informó su directora Margot Ayala en La Paz.
Documentación irregular y carnets inexistentes
La ANH identificó que varias tarjetas B-Sisa fueron tramitadas con carnets de identidad “inexistentes”, algunos sin numeración válida. Según la directora Margot Ayala, estas irregularidades eran visibles incluso en una revisión básica y evidencian un uso indebido del sistema de control de combustible.
Cargas injustificables de hasta 500%
Durante la revisión, la entidad también detectó incrementos extraordinarios en el consumo asignado, con casos que alcanzaron hasta un 500% más del volumen habitual. Ayala explicó que quienes consideren que la cancelación los perjudica pueden presentar documentación para justificar un consumo mayor ante los canales regulares.
Impacto económico de la medida
Las 6.398 tarjetas anuladas representaban alrededor de 4,5 millones de litros de combustible al mes. Su cancelación implica un ahorro estimado de 50 millones de bolivianos mensuales para el Estado, según los datos proporcionados por la ANH.
Falta de control en los últimos años
Ayala señaló que durante una década no se realizaron controles detallados sobre la distribución y uso de tarjetas B-Sisa. Desde 2015 se emitieron más de 29 mil tarjetas para consumo agropecuario, muchas de ellas distribuidas sin verificación rigurosa, lo que facilitó su uso indebido.
Advertencia sobre uso y reventa ilegal
La ANH llamó a la responsabilidad de los usuarios autorizados, recordando que adquirir combustible por encima del consumo real por ejemplo, 200 litros frente a una autorización de 1.200 para su posterior reventa constituye un delito. La institución anunció que continuará con nuevas fases de control para detectar más irregularidades.
El Presidente, Rodrigo Paz expresó nuevamente su respaldo institucional a la Policía Boliviana y pidió a la Justicia acelerar las investigaciones sobre los hechos ocurridos en Cotapachi, Cochabamba, donde dos personas perdieron la vida durante un operativo destinado a despejar el ingreso al botadero de la zona.
El mandatario señaló que espera una pesquisa transparente y sin interferencias políticas para conocer con precisión lo ocurrido. Afirmó que, aunque se solidariza con las familias de las víctimas, mantiene su confianza en los procesos de transformación dentro de la institución del orden.
Paz recordó que existe un efectivo policial bajo investigación por el uso de un arma de fuego durante el operativo y remarcó que este caso debe seguir su curso legal. Sin embargo, insistió en que también corresponde procesar a grupos que —según afirmó— se dedican a generar confrontaciones y promover actos violentos en diferentes regiones del país.
La Policía y el Ministerio Público confirmaron que el uniformado investigado admitió haber accionado su arma durante los enfrentamientos, pese a que en ese tipo de intervenciones está prohibido portar armamento letal. El caso fue remitido al Ministerio Público para el inicio de las acciones correspondientes.
Autoridades policiales informaron además que durante el operativo varios funcionarios resultaron heridos y aseguraron que los efectivos fueron atacados con explosivos, petardos y otros objetos contundentes. Ocho civiles también fueron aprehendidos, acusados de participar de manera directa en los hechos de violencia.
El conflicto en Cotapachi se mantiene desde hace aproximadamente dos semanas debido a las protestas de pobladores que exigen la delimitación del área del relleno sanitario. Los enfrentamientos del 4 de diciembre ya habían dejado una veintena de heridos, y la tensión continúa mientras avanzan las investigaciones sobre la responsabilidad de ambos lados. Así informó Los Tiempos.
