El primer ministro de Perú, Eduardo Arana, afirmó este martes 7 de octubre de 2025 que no se puede “permitir la violencia verbal” lanzada por un sector de la prensa contra la presidenta Dina Boluarte, destacando que los supuestos insultos podrían ser objeto de acciones legales.
Rechazo oficial a la violencia verbal
Durante una rueda de prensa tras la reunión semanal del Congreso de Ministros, Arana señaló que estos ataques no se dirigen a la investidura, sino a la persona. “Todo acto de violencia verbal debe ser proscrito”, enfatizó, aunque aclaró que la opinión pública puede expresarse libremente dentro del marco democrático.

El rol de la prensa según el Ejecutivo
El primer ministro indicó que la prensa debe difundir ideas y valores, no insultos: “Lo que no se puede admitir es que se utilice un vehículo como es la prensa para insultar a una persona”. Añadió que, aunque las autoridades pueden ser criticadas, no se deben normalizar los calificativos ofensivos como si fueran argumentos.
Apoyo de la ministra de la Mujer
La ministra de la Mujer, Ana Peña, respaldó la postura del Ejecutivo y declaró que “no se puede permitir ni normalizar los insultos que se están dando en algunos medios de comunicación” contra la presidenta Boluarte, resaltando la necesidad de respeto en el debate público.
Contexto de críticas y criminalidad
Las declaraciones del Gobierno se producen tras críticas de diversos sectores sociales y políticos, que consideran que Boluarte subestima el impacto de la criminalidad en Perú. La mandataria recomendó no responder llamadas de desconocidos y advirtió que los paros del transporte público no resolverán el aumento del crimen organizado.
Impacto del crimen organizado en transporte público
Según la Fiscalía de Perú, los atentados en transporte público en Lima y Callao, atribuidos al crimen organizado, han dejado 65 muertos y 53 heridos entre agosto de 2024 y este mes. La información se difundió un día después de un paro masivo del transporte público, que buscaba protestar por la inseguridad que ha provocado la muerte de 42 conductores en lo que va del año, según datos del Congreso.
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